Curso para Veedurías Ciudadanas

Cómo evaluar la gestión pública con Enfoque de Derechos Humanos

De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 489 de 1998 , el Departamento Administrativo de la Función Pública tiene, entre sus funciones, la responsabilidad de formular políticas de desarrollo administrativo sobre “estrategias orientadas a garantizar el carácter operativo de la descentralización administrativa, la participación ciudadana y la coordinación con el nivel territorial”. Así mismo, debe diseñar “mecanismos, procedimientos y soportes administrativos orientados a fortalecer la participación ciudadana en general y de la población usuaria en el proceso de toma de decisiones, en la fiscalización y el óptimo funcionamiento de los servicios”. Todo esto en el marco de los principios de democratización de la Administración Pública.

Por su parte, la Ley 850 de 2003 , por la cual se reglamentan las Veedurías Ciudadanas, establece nuevas responsabilidades para el Departamento Administrativo de la Función Pública, en cuanto al diseño de metodologías de evaluación de la gestión pública orientada a facilitar el ejercicio de la vigilancia a esta gestión por parte de las Veedurías Ciudadanas y de las redes que las agrupan. Con ello la Función Pública aporta a la ciudadanía herramientas para que puedan ejercer el derecho al control social tal como lo establece la Ley 1757, estatuto de la participación ciudadana.

Para dar cumplimiento a esta obligación, este Departamento Administrativo presenta la segunda versión de la Guía de Evaluación a la Gestión Pública con enfoque de Derechos Humanos. Lo anterior se realiza con el fin de proporcionar elementos prácticos y conceptuales para que las Veedurías ciudadanas y sus redes, puedan realizar la evaluación de la gestión pública, mediante herramientas que incorporan el enfoque basado en derechos en la evaluación.

Esta propuesta es el resultado de un proceso de investigación y consulta a ciudadanos y Veedurías, el cual permitió identificar las dificultades que estas enfrentan para vigilar la gestión pública, debido a la falta de herramientas de medición que les permitan respaldar sus juicios y observaciones con datos que evidencien el grado de cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones para la garantía de derechos.

La Guía está compuesta por tres capítulos. El primero incluye la descripción y conceptualización de los derechos fundamentales, económicos y sociales establecidos en la Constitución Política de Colombia de 1991 , así como los elementos esenciales del enfoque basado en derechos humanos.

En el segundo capítulo se presenta la Ruta de Evaluación de la Gestión Pública que deben seguir las veedurías ciudadanas para orientar su recorrido de evaluación con enfoque de Derechos Humanos.

Finalmente, el tercer capítulo presenta el procedimiento a seguir para la identificación de indicadores de evaluación de la gestión pública utilizando para ello tres mecanismos para la evaluación de la garantía de los derechos.