El Gobierno Nacional y las FARC-EP expresan su compromiso de contribuir al surgimiento de una nueva cultura que proscriba la utilización de las armas en el ejercicio de la política y de trabajar conjuntamente por lograr un consenso nacional en el que todos los sectores políticos, económicos y sociales, nos comprometamos con un ejercicio de la política en el que primen los valores de la democracia, el libre juego de las ideas y el debate civilizado; en el que no haya espacio para la intolerancia y la persecución por razones políticas.
6. Implementación, Verificación y Refrendación
Hacia un nuevo campo Colombiano
Basada en el reconocimiento de la importancia de la economía campesina, familiar y comunitaria, “en coexistencia y articulación complementaria con otras formas de producción agropecuaria”. Dicho compromiso se orienta a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de derechos básicos en el campo. Estos objetivos son válidos y valiosos en sí mismos, pero, además, deben beneficiar al conjunto de la población colombiana al generar más alimentos y el desarrollo y al prevenir la violencia ligada a la concentración de tierras.
16 Subregiones - 170 Municipios
Nueva apertura Democrática para construir la Paz
Se trata de fortalecer la integración política de las regiones y de asegurar la representación y promoción de los intereses de sus pobladores. Y se trata también de una medida de reparación política para las poblaciones y comunidades que más han sufrido el conflicto.
La participación ciudadana pasa también por apoyar a las organizaciones sociales como expresiones organizadas de diferentes intereses de la sociedad, que también juegan un papel importante en la construcción de la paz, incluso cuando se oponen por medio de la protesta a las políticas del Gobierno.
Este acuerdo estableció los términos en que se dará el fin de las confrontaciones con las FARC mediante un cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, así como un cronograma preciso para la dejación de todas las armas en 180 días y el inicio de su reincorporación a la vida civil. Naciones Unidas -a través de un proceso técnico, trazable y verificable- recibirá la totalidad de las armas de las FARC y le garantizará al pueblo colombiano su dejación completa e irreversible.
¿Qué dimensiones contempla el Acuerdo de Paz para la Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil?
El conflicto antecede el problema del narcotráfico, no es posible la construcción de una paz estable y duradera si no se resuelve este problema, o al menos su expresión territorial: el problema de los cultivos ilícitos y las economías ilegales asociadas a ellos, abordar el problema de los cultivos como un asunto de desarrollo rural y el del consumo como un asuntos de salud pública bajo un enfoque de derechos humanos, y ser contundentes con uno de los mayores retos de seguridad que será el crimen organizado, en especial el asociado al narcotráfico y sus expresiones territoriales. Se busca resolver el problema solucionando las condiciones de pobreza, marginalidad, débil presencia institucional, es necesario poner a la comunidad y a los territorios en el centro de la solución.
El conflicto armado en Colombia, de más de cinco décadas, ha ocasionado un daño y un sufrimiento a la población sin igual en la historia. En reconocimiento de esta tragedia nacional se acordó que el resarcimiento de las víctimas debería estar en el centro de cualquier acuerdo y que la agenda para la terminación del conflicto debería incluir un punto sobre las víctimas. Se acordó la creación de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, con el fin de lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas, asegurar la rendición de cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes participen en él y contribuir a garantizar la convivencia, la reconciliación y la no repetición del conflicto y así asegurar la transición del conflicto armado a la paz.
Sistema Integral que Garantizará los Derechos de las Víctimas
La JEP cumplirá con el deber del Estado colombiano de investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que tuvieron lugar en el contexto y en razón del conflicto armado.