Concepto 047941 de 2021 Departamento Administrativo de la Función Pública
Fecha de Expedición: 11 de febrero de 2021
Fecha de Entrada en Vigencia:
Medio de Publicación:
ALCALDE
- Subtema: Delegación
La delegación es un instrumento de gestión que tiene como fin transferir el ejercicio de funciones de las autoridades administrativas a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias, acto que exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario. Sin embargo, es necesario recalcar que se puede delegar, excepto aquellas funciones respecto de las cuales exista expresa prohibición legal.
REMUNERACIÓN
- Subtema: Bonificación de Servicios Prestados
La delegación es un instrumento de gestión que tiene como fin transferir el ejercicio de funciones de las autoridades administrativas a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias, acto que exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario. Sin embargo, es necesario recalcar que se puede delegar, excepto aquellas funciones respecto de las cuales exista expresa prohibición legal.
*20216000047941*
Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20216000047941
Fecha: 11/02/2021 11:05:10 a.m.
Bogotá D.C.
REFERENCIA: REMUNERACIÓN - Bonificación por servicios prestados - Gastos de Representación – Salario- PRESTACIONES SOCIALES – Vacaciones - ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA - Delegación. Radicado No. 20219000063562 de fecha 06 de febrero de 2021.
Reciba un cordial saludo por parte de Función Pública. En atención a su comunicación de la referencia, mediante la cual plantea una serie de interrogantes de diversos temas, me permito informarle que los mismos serán resueltos en el mismo orden consultado.
En primer lugar, debemos señalar que a este Departamento Administrativo de acuerdo con lo establecido en el Decreto 430 de 2016, le compete formular las políticas generales de Administración Pública, en especial en materias relacionadas con empleo público, la gestión del talento humano, la gerencia pública, el desempeño de las funciones públicas por los particulares, la organización administrativa del Estado, la planeación y la gestión, el control interno, la participación ciudadana, la transparencia en la gestión pública y el servicio al ciudadano, razón por la cual no es de nuestra competencia intervenir y/o definir situaciones particulares de las entidades, ni reconocer o negar derechos salariales o prestacionales, aun así nos referiremos de manera general sobre los temas planteados.
1. Un acalde de un municipio de sexta categoría tiene derecho a la bonificación por servicios prestados.
Respecto a la bonificación por servicios prestados, se tiene que en cumplimiento del Acuerdo Único Nacional, suscrito en el año 2015 entre el Gobierno Nacional y las Confederaciones y Federaciones de Sindicatos, y continuando con el proceso de asimilación del régimen salarial entre el orden nacional y el orden territorial, se expidió el Decreto 2418 de 2015, por el cual se regula la bonificación por servicios prestados para los empleados públicos del nivel territorial, el cual establece:
ARTÍCULO 1°. Bonificación por servicios prestados para empleados del nivel territorial. A partir del 1° de enero del año 2016, los empleados públicos del nivel territorial actualmente vinculados o que se vinculen a las entidades y organismos de la administración territorial, del sector central y descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Territorial, a las Asambleas Departamentales, a los Concejos Distritales y Municipales, a las Contralorías Territoriales, a las Personerías Distritales y Municipales y el personal administrativo del sector educación, tendrán derecho a percibir la bonificación por servicios prestados en los términos y condiciones señalados en el presente decreto.
La bonificación será equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor conjunto de la asignación básica y los gastos de representación, que correspondan al empleado en la fecha en que se cause el derecho a percibirla, siempre que no devengue una remuneración mensual por concepto de asignación básica y gastos de representación superior a un millón trescientos noventa y cinco mil seiscientos ocho pesos ($1.395.608) moneda corriente, este último valor se reajustará anualmente, en el mismo porcentaje que se incremente la asignación básica salarial del nivel nacional.
Para los demás empleados, la bonificación por servicios prestados será equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor conjunto de los dos factores de salario señalados en el inciso anterior.
ARTÍCULO 2°. Reconocimiento y pago de la bonificación por servicios prestados. La bonificación por servicios prestados se reconocerá y pagará al empleado público cada vez que cumpla un (1) año continuo de labor en una misma entidad pública.
Parágrafo. Los organismos y entidades a las cuales se les aplica el presente decreto podrán reconocer y pagar la bonificación por servicios prestados, a partir de la publicación del presente decreto, siempre que cuenten con los recursos presupuestales para el efecto en la presente vigencia fiscal, sin que supere los límites señalados en la Ley 617 de 2000.
ARTÍCULO 3°. Factores para liquidar la bonificación. Para la liquidación de la bonificación por servicios prestados a que se refiere el presente decreto, solamente se tendrá en cuenta los siguientes factores:
a) La asignación básica mensual señalada para el cargo que ocupe el empleado en la fecha en que se cause el derecho a percibirla, y
b) Los gastos de representación.
PARÁGRAFO. Los gastos de representación constituirán factor para la liquidación de la bonificación por servicios prestados cuando el empleado los perciba.
De acuerdo con lo expuesto, se puede concluir que un alcalde de un municipio de sexta categoría, actualmente tiene derecho a la bonificación por servicios prestados.
2. Para liquidar dicha bonificaciones se tiene que tener en cuenta el salario más los gastos de representación, que valor en gastos de representación tiene derecho un alcalde de sexta categoría.
Como se evidencia en el artículo precitado, los factores para liquidar la bonificación por servicios prestados son: la asignación básica mensual del empleado y los gastos de representación.
Por otra parte, respecto de los gastos de representación que tiene derecho un alcalde municipal de 6ª categoría, debemos mencionar que el Decreto 314 del 27 de febrero de 2020, “Por el cual se fijan los límites máximos salariales de los Gobernadores, Alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan disposiciones en materia prestacional”, el cual se debe aplicar teniendo en cuenta que hasta la fecha no se ha expedido el Decreto para la presente vigencia, establece lo siguiente.
ARTÍCULO 1. Monto máximo del salario mensual de los Gobernadores y Alcaldes. El monto máximo que podrán autorizar las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales y Distritales como salario mensual de los Gobernadores y Alcaldes estará constituido por la asignación básica mensual y los gastos de representación, y en ningún caso podrán superar el límite máximo salarial mensual, fijado en el presente Decreto. (Subraya propia)
(…)
ARTÍCULO 3. Límite máximo salarial mensual para Alcaldes. A partir del 1º de enero del año 2020 y atendiendo la categorización establecida en la Ley 617 de 2000, modificada por la Ley 1551 de 2012, el límite máximo salarial mensual que deberán tener en cuenta los Concejos Municipales y Distritales para establecer el salario mensual del respectivo Alcalde será:
CATEGORÍA. LÍMITE MÁXIMO SALARIAL MENSUAL
(…)
SEXTA 4.261.640
Así las cosas, el valor de gastos de representación de los alcaldes son los autorizados por el respectivo concejo municipal en el acto administrativo por el cual se fijan las escalas salariales de los empleados municipales. El valor total autorizado por el concejo municipal para el alcalde no debe superar el límite máximo salarial mensual señalado en el artículo precitado.
Se debe aclarar que, los gastos de representación se aprueban como parte integrante del salario y no como un elemento independiente destinado a reconocer todos los gastos en que incurran en razón a llevar la representación del territorio.
3. Que es un Salario y que hace parte del salario al momento de liquidar bien sea una bonificación de servicios prestados o cualquier otro derecho que tengo el empleado público.
De acuerdo con lo expuesto por la Corte Constitucional en sentencia C-521 de 1995, se define el salario así:
SALARIO: Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación o retribución directa y onerosa del servicio, y que ingresan real y efectivamente a su patrimonio, es decir, no a título gratuito o por mera liberalidad del empleador, ni lo que recibe en dinero en especie no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, ni las prestaciones sociales, ni los pagos o suministros en especie, conforme lo acuerden las partes, ni los pagos que según su naturaleza y por disposición legal no tienen carácter salarial, o lo tienen en alguna medida para ciertos efectos, ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales, acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando por disposición expresa de las partes no tienen el carácter de salario, con efectos en la liquidación de prestaciones sociales.
Se reitera que para efectos de liquidar la bonificación por servicios prestados de los alcaldes se deben tener en cuenta la asignación básica y los gastos de representación, para los demás empleados del ente territorial se tendrá en cuenta la asignación básica. Con el fin de establecer los factores para liquidar otras prestaciones salariales o prestacionales, se deberá ver cada caso en concreto, debido a que existen normas especiales dependiendo el tipo de prestación.
4. ¿Se puede indemnizar las vacaciones de un empelado publico?, ¿se puede indemnizar las vacaciones de un Secretario de Despacho por necesidad del servicio?, de ser positiva su respuesta, como se justifica la necesidad de un servicio de un funcionario que pertenece al gabinete municipal.
De manera previa, es necesario mencionar que a partir de la vigencia del Decreto 1919 de 2002, todos los empleados públicos vinculados o que se vinculen a las entidades del sector central y descentralizado de la Rama Ejecutiva de los niveles Departamental, Distrital y Municipal, a las Asambleas Departamentales, a los Concejos Distritales y Municipales, a las Contralorías territoriales, a las Personerías Distritales y Municipales, a las Veedurías, así como el personal administrativo de empleados públicos de las Juntas Administrativas Locales, de las Instituciones de Educación Superior, de las Instituciones de Educación Primaria, Secundaria y media vocacional, gozarán del régimen de prestaciones sociales señalado para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Públicos del Orden Nacional.
Ahora bien, sobre la indemnización de vacaciones, el artículo 20 del Decreto 1045 de 1978, establece:
ARTICULO 20. DE LA COMPENSACION DE VACACIONES EN DINERO. Las vacaciones solo podrán ser compensadas en dinero en los siguientes casos:
a. Cuando el jefe del respectivo organismo así lo estime necesario para evitar perjuicios en el servicio público, evento en el cual sólo puede autorizar la compensación en dinero de las vacaciones correspondientes a un año;
b. Cuando el empleado público o trabajador oficial quede retirado definitivamente del servicio sin haber disfrutado de las vacaciones causadas hasta entonces. (Subraya propia)
Las vacaciones sólo podrán ser compensadas en dinero cuando el jefe del respectivo organismo así lo estime necesario para atender la buena prestación del servicio en cuyo caso sólo puede autorizar la compensación en dinero de las vacaciones correspondientes a un año.
De acuerdo con lo expuesto, se considera factible compensar en dinero las vacaciones de un secretario de despacho, siempre y cuando sea con el fin de evitar perjuicios en el servicio público; sobre la justificación de la compensación de vacaciones en dinero corresponde a cada jefe de la entidad determinar cuales son los argumentos o motivos para tomar tal decisión.
5. Las contestaciones de tutelas, acciones populares e incidentes de desacatos en contra de la administración municipal, las puede firmar el secretario de gobierno o solamente debe firmarlas el representante legal (alcalde), dicha función debe ser delegada mediante acto administrativo.
6. si un alcalde delega al secretario de gobierno la ordenación del gasto, hasta dónde va la responsabilidad del delegado, el representante legal (alcalde) se puede desligar de la calidad de ordenador del gasto y no entra a responder por algún inconveniente jurídico ante los entes de control.
Para atender estos interrogantes es necesario referirnos a la delegación de funciones, al respecto la Ley 1551 de 2012, Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios, modifico el articulo 92 de la Ley 136 de la siguiente forma:
ARTÍCULO 30. El artículo 92 de la Ley 136 de 1994 quedará así:
ARTÍCULO 92. Delegación de funciones. El Alcalde podrá delegar en los secretarios de la alcaldía y en los jefes de los departamentos administrativos las diferentes funciones a su cargo, excepto aquellas respecto de las cuales exista expresa prohibición legal.
Los actos expedidos por las autoridades delegatarias estarán sometidos a los mismos requisitos establecidos para su expedición por la autoridad o entidad delegante y serán susceptibles de los recursos procedentes contra los actos de ellas.
En lo referente a la delegación para celebrar y ejecutar contratos, esta se regirá conforme a lo reglado en la Ley 489 de 1998 y la Ley 80 de 1993. (Negrilla propia)
De acuerdo con lo anterior, el Alcalde podrá delegar al secretario de gobierno para que de contestación a las acciones Constitucionales mencionadas, para ello deberá mediar un acto administrativo que así lo determine.
Por otra parte, En cuanto a la definición de la delegación, la Corte Constitucional en la Sentencia C-561 de 1999, con ponencia de Alfredo Beltrán Sierra afirmó:
“La delegación desde un punto de vista jurídico y administrativo es la modalidad de transferencia de funciones administrativas en virtud de la cual, y en los supuestos permitidos por la Ley se faculta a un sujeto u órgano que hace transferencia.”
Así mismo, en la sentencia C-036 de 2005, esa misma Corporación realizó un análisis de esta figura, donde señaló:
“4- La delegación de funciones administrativas es entonces una forma de organizar la estructura institucional para el ejercicio de la función administrativa, junto con la descentralización y la desconcentración. Estas figuras tienen semejanzas, pues implican una cierta transferencia de funciones de un órgano a otro, pero presentan diferencias importantes, ya que la delegación y la desconcentración suponen que el titular original de las atribuciones mantiene el control y la dirección política y administrativa sobre el desarrollo de esas funciones, mientras que en la descentralización no existe ese control jerárquico, debido a la autonomía propia de la entidad descentralizada en el ejercicio de la correspondiente atribución. (…)
5- Por su parte, la diferencia básica entre la desconcentración y la delegación es que la primera supone que la transferencia de funciones del órgano superior opera directamente por mandato del ordenamiento, mientras que la delegación, si bien presupone una autorización legal, no opera directamente por mandato de la ley, ya que implica la existencia de un acto de delegación, puesto que la transferencia se realiza por parte del órgano superior. Por ello, mientras que en la desconcentración de funciones, el órgano superior no puede reasumir la función, ya que ésta fue desconcentrada por mandato legal, en cambio, en la delegación, el órgano superior siempre puede reasumir la función, como lo señala el artículo 211 superior.
Con base en lo anterior, esta Corte, en acuerdo con la doctrina sobre la materia, ha señalado que son elementos constitutivos de la delegación los siguientes: (i) la transferencia de funciones de un órgano a otro; (ii) que la transferencia de funciones se realice por el órgano titular de la función; (iii) que dicha transferencia cuente con una previa autorización legal; (iv) y que el órgano que confiera la delegación pueda siempre y en cualquier momento reasumir la competencia.” (Subrayado fuera de texto).
En consecuencia, la delegación es un instrumento de gestión que tiene como fin transferir el ejercicio de funciones de las autoridades administrativas a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias, acto que exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario. Sin embargo, es necesario recalcar que se puede delegar, excepto aquellas funciones respecto de las cuales exista expresa prohibición legal.
Finalmente, me permito indicarle que para mayor información relacionada con los temas de este Departamento Administrativo, le sugerimos ingresar a la página web www.funcionpublica.gov.co/eva en el link “Gestor Normativo” donde podrá consultar entre otros temas, los conceptos emitidos por esta Dirección Jurídica.
El anterior concepto se imparte en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Cordialmente,
ARMANDO LÓPEZ CORTES
Director Jurídico
Proyectó: César Pulido.
Aprobó. José Fernando Ceballos.
11602.8.4