DECRETO 2734 DE 2000

 

(Diciembre 27)

 

Por el cual se dictan normas sobre régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo y se dictan otras disposiciones en materia salarial.

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

 

En desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992 y de conformidad con lo resuelto por la Sala Plena de la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1433 de 2000 del 23 de octubre de 2000,

 

DECRETA:

 

ARTÍCULO 1º. El régimen salarial y prestacional establecido en el presente decreto será de obligatorio cumplimiento para quienes se vinculen al servicio con posterioridad a la vigencia del mismo y para quienes optaron por el régimen previsto en los Decretos 54 de 1993 y 107 de 1994 y no se tendrá en cuenta para la determinación de la remuneración de otros funcionarios de cualquiera de las Ramas del Poder Público, organismos o instituciones del sector público. 

 

ARTÍCULO 2º. A partir del 1º de enero de 2000, la remuneración mensual del Procurador General de la Nación, del Viceprocurador General de la Nación, los Procuradores Delegados y del Defensor del Pueblo será de cinco millones quinientos sesenta y un mil ciento cuarenta y siete pesos ($5.561.147) m/cte., discriminados así: asignación básica dos millones dos mil trece pesos ($2.002.013) m/cte. y gastos de representación tres millones quinientos cincuenta y nueve mil ciento treinta y cuatro pesos ($3'559.134) m/cte. 

 

La prima especial de servicios sin carácter salarial, a que se refiere el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, es aquella que sumada a los demás ingresos laborales iguale a los percibidos en su totalidad por los Miembros del Congreso, sin que en ningún caso los supere. 

 

Los funcionarios con esta remuneración mensual únicamente tendrán derecho a disfrutar de prima de navidad, la cual se cancelará conforme lo establecen las normas legales vigentes. 

 

ARTÍCULO 3º. A partir del 1º de enero de 2000, la remuneración mensual del Director del Instituto de Estudios del Ministerio Público, del Director Nacional de Investigaciones Especiales, del Procurador Auxiliar de la Procuraduría General de la Nación y el Veedor de la Procuraduría General de la Nación, será de siete millones setecientos sesenta mil novecientos ochenta y cinco pesos ($7.760.985) m/cte., distribuida así: 

 

Asignación básica	$2.272.686
Gastos de representación	2.272.686
Prima técnica	1.997.142
Prima especial	1.218.471

 

ARTÍCULO 4º. A partir del 1º de enero de 2000, la remuneración mensual del Secretario General de la Procuraduría General de la Nación y del Secretario General de la Defensoría del Pueblo, será de seis millones setecientos seis mil trescientos doce pesos ($6.706.312) m/cte., distribuida así: 

 

Asignación básica	$1.963.841
Gastos de representación	1.963.841
Prima técnica	1.725.743
Prima especial	1.052.887

 

ARTÍCULO 5º. A partir del 1º de enero de 2000, la remuneración mensual de los Defensores Delegados grado 22 y los Directores Nacionales grado 22 de la Defensoría del Pueblo, será de seis millones seiscientos dieciocho mil trescientos sesenta pesos ($6.618.360) m/cte., distribuida así: 

 

Asignación básica	$1.938.088
Gastos de representación	1.938.088
Prima técnica	1.703.112
Prima especial	1.039.072

 

ARTÍCULO 6º. A partir del 1º de enero de 2000, la remuneración mensual del Veedor de la Defensoría del Pueblo será de cinco millones quinientos setenta y siete mil ciento cuarenta pesos ($5.577.140) m/cte., distribuida así: 

 

Asignación básica	$1.802.393
Gastos de representación	1.802.393
Prima técnica	986.177
Prima especial	986.177

 

ARTÍCULO 7º. A partir del 1º de enero de 2000, la remuneración mensual de los Procuradores Departamentales y los Procuradores Distritales II de Santa Fe de Bogotá, D. C., de la Procuraduría General de la Nación; los Defensores Regionales grado 21 y el Secretario Privado grado 21 de la Defensoría del Pueblo, será de cuatro millones novecientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos dieciséis pesos ($4.959.416) m/cte., distribuida así 

 

Asignación básica	$1.944.984
Gastos de representación	1.944.984
Prima especial	1.069.448

 

ARTÍCULO 8º. A partir del 1º de enero de 2000, la remuneración mensual de los Procuradores Regionales será de cinco millones cuarenta y cinco mil novecientos ochenta y cuatro pesos ($5.045.984) m/cte., distribuida así: 

 

Asignación básica	$1.630.737
Gastos de representación	1.630.737
Prima técnica	892.255
Prima especial	892.255

 

PARÁGRAFO. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9º del Decreto 264 de 2000, la remuneración mensual del Procurador Regional será de cinco millones cuarenta y cinco mil novecientos ochenta y cuatro pesos ($5.045.984) m/cte., distribuida así: 

 

Asignación básica	$2.491.134
Gastos de representación	1.944.984
Prima especial	609.866

 

ARTÍCULO 9º. A partir del 1º de enero de 2000, la remuneración mensual de los Procuradores Judiciales II ante los Tribunales: Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo, Penal Militar, Nacional, ante jurisdicción agraria, de Menores y Familia, será de cuatro millones setecientos noventa y cuatro mil ciento dos pesos ($4.794.102) m/cte., distribuida así: 

 

Asignación básica	$1.880.150
Gastos de representación	1.880.150
Prima especial	1.033.802

 

ARTÍCULO 10. A partir del 1º de enero de 2000, la remuneración mensual del Procurador Metropolitano II de Medellín será de tres millones cuatrocientos treinta y dos mil doscientos noventa y un pesos ($3.432.291) m/cte. El cincuenta por ciento (50%) de esta remuneración tendrá el carácter de gastos de representación. 

 

ARTÍCULO 11.A partir del 1º de enero de 2000, la remuneración mensual de los Procuradores Judiciales I será de tres millones trescientos diecisiete mil setecientos ochenta y seis pesos ($3.317.786) m/cte. El treinta por ciento (30%) de esta remuneración se considera prima especial sin carácter salarial, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, aplicable a los jueces de la República. 

 

ARTÍCULO 12. A partir del 1º de enero de 2000, la remuneración mensual de los Procuradores Distritales I, Procuradores Metropolitanos I y Procuradores Provinciales será de tres millones treinta y siete mil quinientos setenta y nueve pesos ($3.037.579) m/cte. El cincuenta por ciento (50%) de esta remuneración tendrá carácter de gastos de representación. 

 

ARTÍCULO 13. Los Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial tendrán derecho a una prima especial equivalente al treinta por ciento (30%) del salario básico. Esta prima es incompatible con la prima especial a que se refieren los artículos anteriores. 

 

ARTÍCULO 14. Los gastos de representación establecidos en el presente decreto se tendrán en cuenta únicamente para efectos fiscales. 

 

ARTÍCULO 15. A partir del 1º de enero de 2000, la asignación mensual de Sustanciador en lo Contencioso Administrativo y Sustanciador en lo Judicial Grado 11 (once), será de un millón doscientos cincuenta y ocho mil cuarenta y tres pesos ($1.258.043) m/cte. 

 

ARTÍCULO 16. A partir del 1º de enero de 2000, la asignación básica mensual para los empleos de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, cuya denominación del cargo no esté señalada en los artículos anteriores, se regirá por la siguiente escala: 

 

Grado	Asignación mensual
01	290.794
02	339.768
03	404.711
04	478.812
05	560.640
06	653.900
07	733.637
08	822.521
09	891.517
10	993.547
11	1.059.793
12	1.168.992
13	1.277.157
14	1.359.195
15	1.386.512
16	1.546.375
17	1.809.435
18	2.043.862
19	2.270.958
20	2.520.762
21	2.735.327
22	3.039.251
23	3.432.291
24	3.891.585
25	4.468.255

 

PARÁGRAFO. Los funcionarios y empleados del Ministerio Público que no optaron por el régimen establecido en los Decretos 54 de 1993 y 107 de 1994, tendrán derecho a partir del 1º de enero de 2000, a la remuneración percibida a 31 de diciembre de 1999, incrementada en el 9.23%. 

 

ARTÍCULO 17. En ningún caso la remuneración total mensual de los empleados, funcionarios y agentes del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, podrá exceder la que corresponda al Procurador General de la Nación. 

 

ARTÍCULO 18.La prima técnica y la prima especial de qué trata el presente decreto no tendrán carácter salarial, para ningún efecto legal. 

 

ARTÍCULO 19. A partir del 1º de enero de 2000, los Citadores que presten los servicios en la Procuraduría General de la Nación, tendrán derecho a un auxilio especial de transporte, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 717 de 1978, así: 

 

Para ciudades de más de un millón de habitantes, la suma de treinta y un mil seiscientos cinco pesos ($31.605) m/cte., mensuales. 

 

Para ciudades entre seiscientos mil y un millón de habitantes, la suma de diecinueve mil novecientos veintiún pesos ($19.921) m/cte., mensuales. 

 

Para ciudades entre trescientos mil y menos de seiscientos mil habitantes, la suma de doce mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos ($12.654) m/cte., mensuales. 

 

ARTÍCULO 20. Los servidores públicos de que trata este decreto tendrán derecho a un auxilio de transporte, en los mismos términos y cuantías que establezca el Gobierno para los trabajadores particulares y empleados y trabajadores del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior. 

 

PARÁGRAFO. No tendrán derecho al auxilio de que tratan los artículos 19 y 20 del presente decreto, los servidores públicos que se encuentren en disfrute de vacaciones, en uso de licencia, suspendidos en el ejercicio del cargo o cuando la entidad suministre ese servicio. 

 

ARTÍCULO 21.A partir del 1º de enero de 2000, el subsidio de alimentación para los servidores públicos que perciban una asignación básica mensual no superior a seiscientos setenta y siete mil ciento setenta y un pesos ($677.171) m/cte., será de veintitrés mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos ($23.654) m/cte., pagaderos mensualmente por la entidad correspondiente. 

 

No habrá derecho a este subsidio durante el tiempo que el empleado disfrute de vacaciones, se encuentre en uso de licencia, suspendido en el ejercicio del cargo o cuando la entidad suministre la alimentación. 

 

ARTÍCULO 22. Los conductores y choferes que laboran en los organismos a los cuales se les aplica el presente decreto, tendrán derecho al reconocimiento y pago de horas extras, en los mismos términos del artículo 4º del Decreto 244 de 1981 y del Decreto 1692 de 1996. En todo caso la autorización para laborar en horas extras sólo podrá otorgarse cuando exista disponibilidad presupuestal. 

 

ARTÍCULO 23. Las pensiones de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo se liquidarán sobre los factores que constituyen el ingreso base de cotización dispuesto por el artículo 6º del Decreto 691 de 1994 modificado por el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994, dentro de los límites dispuestos por el artículo 2º del Decreto 314 de 1994. 

 

ARTÍCULO 24. Las cesantías de los Servidores Públicos vinculados a la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo podrán ser administradas por las Sociedades cuya creación se autorizó en la Ley 50 de 1990 o por el Fondo Público que el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo señalen, además establecerán las condiciones y requisitos para ello, en los cuales indicará que los recursos serán girados directamente a dichas Sociedades o Fondo. 

 

ARTÍCULO 25.Los Servidores Públicos vinculados a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo que tomaron la opción establecida en los Decretos 54 de 1993 y 107 de 1994 o quienes se vinculen con posterioridad a la vigencia de este decreto no tendrán derecho a las primas de antigüedad, ascensional, capacitación y cualquier otra sobre remuneración. Las primas de servicios, vacaciones, navidad, bonificación por servicios prestados y las demás prestaciones sociales diferentes de las primas aquí mencionadas y a las cesantías, se regularán por las disposiciones legales vigentes. 

 

Las cesantías se regirán por las normas establecidas en el Decreto Extraordinario 3118 de 1968 y las normas que lo modifiquen, adicionen o reglamenten, con excepción del pago, el cual se regirá por lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 33 de 1985. 

 

ARTÍCULO 26. Los nombramientos, ascensos y promociones están condicionados en su cuantía al monto de la apropiación presupuestal de la vigencia fiscal respectiva. 

 

ARTÍCULO 27. El Procurador General de la Nación, en los casos catalogados como fenómenos especiales de corrupción administrativa o violación de los derechos humanos, podrá asignar una bonificación especial equivalente al 40% de la asignación básica mensual a los funcionarios del nivel profesional, técnico y operativo encargados de la investigación, cuando sean comisionados para prestar sus actividades con carácter transitorio fuera de Bogotá. 

 

La Bonificación que se autoriza en el presente artículo sólo podrá causarse durante el período de la comisión sin que en ningún caso supere dos meses continuos y proporcional al tiempo de la misma, siempre y cuando esta sea superior a un mes continúo. 

 

PARÁGRAFO 1º. La mencionada Bonificación no constituye factor salarial para ningún efecto legal. 

 

PARÁGRAFO 2º. En ningún caso podrán gozar concurrentemente de esta Bonificación más de veintiocho funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y cada funcionario a lo sumo podrá percibirla como máximo en dos comisiones al año. 

 

ARTÍCULO 28. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos. 

 

ARTÍCULO 29.Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992. 

 

PARÁGRAFO. No podrán recibirse honorarios que sumados correspondan a más de ocho (8) horas diarias de trabajo a varias entidades. 

 

ARTÍCULO  30. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto 37 de 1999, y modifica en lo pertinente el literal a del artículo 8º del Decreto 264 de 2000 y surte efectos fiscales a partir del 1º de enero de 2000. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

 

Dado en Bogotá, D. C., a los 27 días del mes de diciembre de 2000.

 

(FDO.) ANDRES PASTRANA ARANGO

 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO,

 

(FDO.) RÓMULO GONZÁLEZ TRUJILLO.

 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,

 

(FDO.) JUAN MANUEL SANTOS.

 

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA,

 

(FDO.) MAURICIO ZULUAGA RUIZ.

 

NOTA: Publicado en el Diario Oficial. N. 44272. 27 de diciembre de 2000.