*20246000033031* 

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No.: 20246000033031 

Fecha: 19/01/2024 11:52:17 a.m. 

Bogotá D.C. 

REF: REMUNERACION- Incremento Salarial RAD. 20239001082552 del 6 de diciembre del 2023  

En atención a su comunicación mediante la cual consulta sobre el incremento salarial me  permito manifestarle lo siguiente: 

En atención a su comunicación de la referencia, relacionada con los reajustes salariales,  me permito manifestarle lo siguiente: 

Sea lo primero señalar que la Constitución Política en su artículo 150, numeral 19, literal  e), dispone que corresponde al Congreso dictar las normas generales, y señalar en ellas  los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para fijar el régimen  salarial de los empleados públicos. 

Por lo anterior, el Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 1992¹, en cumplimiento  de mandato constitucional, mediante la cual se consagró en el parágrafo del artículo 12  que el Gobierno Nacional deberá establecer topes máximos salariales a los que deben  acogerse las autoridades territoriales competentes para fijar salarios. 

A su vez, el artículo 313, numeral 6, de la Constitución dispone: 

“Artículo 313. Corresponde a los concejos: 

(...) 

5. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos. 
6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de  sociedades de economía mixta. que es función del Concejo Municipal establecer las escalas de  remuneración de los empleados públicos del municipio, y el artículo 315, numeral 7° de la misma norma  dispone que es función del Alcalde Municipal presentar oportunamente al Concejo los proyectos de  acuerdo sobre presupuesto anual de rentas y gastos, así como fijar los emolumentos de los empleos de  sus dependencias con arreglo a los acuerdos correspondientes.” 

Adicionalmente, el numeral 7° del artículo 315 de la Carta, establece: 

“Articulo 315. Son atribuciones del alcalde: 

(...) 

7. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijar sus  emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el  monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado.” 

De conformidad con las anteriores disposiciones constitucionales, es claro que la facultad  para el señalamiento de las escalas de remuneración correspondientes a las distintas  categorías de empleos en la Administración municipal, fue asignada a los concejos; y la  de presentar el proyecto de acuerdo sobre presupuesto y la fijación de emolumentos, es  del alcalde, con sujeción a la ley y a los acuerdos respectivos. 

En relación con la competencia para realizar el reajuste salarial de los empleados públicos  del orden territorial, es necesario citar algunos apartes de la Sentencia C-510 de 1999 de  la Corte Constitucional, así: 

“Existe una competencia concurrente para determinar el régimen salarial de los empleados de las  entidades territoriales, así: Primero, el Congreso de la República, facultado única y exclusivamente para  señalar los principios y parámetros generales que ha de tener en cuenta el Gobierno Nacional en la  determinación de este régimen. Segundo, el Gobierno Nacional, a quien corresponde señalar sólo los  límites máximos en los salarios de estos servidores, teniendo en cuenta los principios establecidos por el  legislador. Tercero, las asambleas departamentales y concejos municipales, a quienes corresponde  determinar las escalas de remuneración de los cargos de sus dependencias, según la categoría del  empleo de que se trate. Cuarto, los gobernadores y alcaldes, que deben fijar los emolumentos de los  empleos de sus dependencias, teniendo en cuenta las estipulaciones que para el efecto dicten las  asambleas departamentales y concejos municipales, en las ordenanzas y acuerdos correspondientes.  Emolumentos que, en ningún caso, pueden desconocer los límites máximos determinados por el Gobierno  Nacional.”

De acuerdo con lo anterior, la competencia del alcalde se encamina a fijar los  emolumentos de los empleos de sus dependencias entendidos como la fijación de la  asignación básica mensual y su incremento anual a cada uno de los cargos establecidos  en las escalas salariales de las entidades públicas, respetando los acuerdos expedidos  por el concejo municipal y los límites máximos fijados por el Gobierno Nacional. 

En concordancia con lo dispuesto en la Ley 4ª de 1992, corresponde al Gobierno  nacional, expedir anualmente el decreto salarial mediante el cual establece el límite  máximo de la asignación básica mensual de los empleados públicos de las entidades  territoriales. 

Así entonces, corresponde a los Concejos de conformidad con lo dispuesto en el artículo  313, numeral 6º de la Constitución Política, fijar conforme al presupuesto respectivo y  dentro de los límites máximos salariales establecidos por el Gobierno Nacional, las  escalas de remuneración correspondientes a las diferentes categorías de empleo del  Municipio, teniendo en cuenta el sistema de nomenclatura y clasificación de empleos para  los entes territoriales previsto en el Decreto Ley 785 de 2005² y el límite máximo salarial  señalado por el Gobierno Nacional para la respectiva vigencia fiscal, en este caso el  Decreto Salarial 896 de 2023. 

En relación con la periodicidad del incremento salarial la Corte Constitucional, en  sentencia Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,  Subsección “B”, Consejero Ponente: Gerardo Arenas Monsalve, emitida el 28 de junio de  2012 dentro del proceso con radicado 050012331000200102260 01, indicó: 

“De igual forma, se destaca por la Sala que la Corte Constitucional ha enfatizado en su  jurisprudencia que en relación al reajuste salarial que se decrete por el Gobierno nunca  podrá ser inferior al porcentaje del IPC del año que expira, cumpliendo así con su  obligación de velar porque el salario mantenga su poder adquisitivo, de tal forma que  garantice el mínimo vital y móvil a los trabajadores y a quienes de ellos dependen. De lo  contrario, se vulneraría el artículo 53 de la Constitución. 

Ahora bien, de los criterios para mantener el poder adquisitivo de los salarios de los  servidores públicos se destaca que el Estado les debe garantizar progresivamente la  actualización plena de su salario, de conformidad con las variaciones en el I.P.C. como  bien lo manifestó la Corte en la Sentencia C-931 de 2004, en lo siguientes términos: 

De la última sentencia transcrita es dable concluir que el reajuste salarial porcentual que se realiza a  favor de los empleados públicos no puede ser inferior al I.P.C. del año inmediatamente anterior, y que partiendo de esta base se puede modificar el porcentaje según el cargo que desempeñe el servidor.”  (Se subraya). 

De acuerdo con los textos legales y jurisprudenciales expuestos, se concluye que el  incremento salarial se configura como un derecho de los empleados públicos, que se  realiza anualmente; para los empleados públicos del orden nacional, el Gobierno expide  un único acto administrativo (Decreto) para realizar el incremento salarial que regirá para  la respectiva vigencia; para el nivel territorial igualmente se expedirá un único acto  administrativo (emitido por la Asamblea o por el Concejo) que dé cuenta del incremento  salarial de sus servidores públicos, teniendo en cuenta en todo caso los límites máximos  saláriales establecidos por el Gobierno nacional mediante decreto salarial. 

De esta manera, los ajustes salariales, para la vigencia del 2023, se establecen por medio del Decreto 896 de 2023, fijando en el artículo 7, los ajustes salariales para la presente vigencia, refiriéndose como tal a los empleados públicos, independientemente de los alcaldes y gobernadores, disponiendo: 

En ese sentido, se tiene que es concejo municipal quien tiene la facultad para establecer  el incremento salarial de todos los empleados públicos del respectivo municipio, previa  presentación del proyecto de acuerdo por parte del alcalde, para el efecto, se deberá  tener en cuenta el decreto que establece los límites máximos salariales, los gastos de  mediano y largo plazo y la situación fiscal del municipio.  

Así las cosas, el incremento salarial se configura como un derecho de los empleados  públicos, que se realiza anualmente; que para el caso de los empleados públicos del  orden nacional, el Gobierno expide un único acto administrativo (Decreto) para realizar el  incremento salarial que regirá para la respectiva vigencia; para el nivel territorial  igualmente se expedirá un único acto administrativo (emitido por la Asamblea o por el  Concejo) que dé cuenta del incremento salarial de sus servidores públicos, teniendo en  cuenta en todo caso los límites máximos saláriales establecidos por el Gobierno Nacional  mediante decreto salarial.

Teniendo en cuenta lo señalado, me permito transcribir su interrogante para darle  respuesta, así: 

La consulta es la siguiente, participe de concurso de meritos por una OPEC en un municipio, el  salario vigente de la opec era de $ 1.502.749 para el año 2020, la entidad me notifica para  informarme que el nombramiento esta en firme pero el salario basico actual de la OPEC segun el  acto administrativo es de 1.600.000, dejando ver que no se le realizaron los incrementos anuales a  dicho cargo. La pregunta es: sabiendo que la posesion en periodo de prueba se realiza 4 años  despues de haber cargado la OPEC ¿ El salario de la opec que para la vigencia 2019 era de $  1.502.749, debe tener los incrementos anuales correspondientes a 2020, 2021, 2022 y 2023? o la  entidad puede colocar un salario cualquiera. 

Respondiendo puntualmente a su pregunta, de acuerdo con lo anterior, la competencia  del alcalde se encamina a fijar los emolumentos de los empleos de sus dependencias  entendidos como la fijación de la asignación básica mensual y su incremento anual a cada  uno de los cargos establecidos en las escalas salariales de las entidades públicas,  respetando los acuerdos expedidos por el concejo municipal y los límites máximos fijados  por el Gobierno Nacional. 

Para más información respecto de las normas de administración de los empleados del  sector público y aplicables a su consulta, me permito indicar que en el link  http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/gestor-normativo  podrá encontrar conceptos  relacionados con el tema, que han sido emitidos por esta Dirección Jurídica. 

El anterior concepto se emite en los términos establecidos en el artículo 28 del Código de  Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Cordialmente, 

ARMANDO LÓPEZ CORTES  

Director Jurídico  

Proyectó: Mcaro 

Reviso: Maia Borja 

Aprobó: Armando López C. 

11602.8.4

NOTAS DE PIE DE PÁGINA

1“Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen  salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las  prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150,  numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política”.

2“Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las  entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004.”