Publicado por: Jorge Iván Giraldo Díaz 
Fecha: 31 de Diciembre 1969 
Equipo: Otro
Por: Ana María Pérez Carrillo – Equipo de Cambio cultural
Para nadie es un secreto que la corrupción es un fenómeno que en los últimos años se ha acrecentado de manera relevante en nuestra sociedad, tanto en el ámbito público como el privado. En todo caso, es un fenómeno presente en las preocupaciones de las sociedades. Por supuesto, la corrupción parece ser más perjudicial en el ámbito de lo público, pues implica un deterioro progresivo de la imagen que tiene la ciudadanía de las instituciones del Estado, afecta la confianza y, por supuesto, corroe la legitimidad con la que en dichas instituciones se toman decisiones sobre las dinámicas que afectan a los ciudadanos en el día a día.
Frente a esta coyuntura, desde mediados del siglo pasado, los Estados de los países desarrollados se volcaron en esfuerzos para reducir los efectos negativos de la corrupción, liderados en gran medida por la OCDE. En otros países, como el nuestro, el tema ha tomado importancia desde principios de este milenio. Esta panorámica, sin duda inmensamente desafiante para los Estados democráticos, ha sido estudiada y analizada por el abogado y docente Rafael Jiménez Asensio, quien, a lo largo de su trabajo en torno a la situación de la corrupción institucional en España, ha llegado a importantes conclusiones sobre cómo pueden los Estados no sólo castigar y sancionar la corrupción en un momento ex post, sino, sobre todo, cómo puede la administración pública prevenir este fenómeno para salvaguardar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, así como la legitimidad de las mismas.
Los aprendizajes, conclusiones y recomendaciones de Jiménez Asensio se encuentran recopilados en su libro Prevenir la Corrupción 1 (2017), quien también ha estudiado y apoyado este tema en Colombia trabajando de la mano con la Función Pública. En este texto se hará un inventario de las principales ideas del autor, se revisará su aplicabilidad con los esfuerzos que lidera la Función Pública alrededor de este tema, y se destacarán los puntos relevantes para tener en cuenta en el futuro.
Jiménez Asensio propone una estrategia bidimensional como requisito para trabajar en la prevención de la corrupción en el ámbito de las instituciones públicas. Los dos elementos que componen esta estrategia son la integridad, como aspecto sustantivo, y la transparencia, como aspecto instrumental. En estricto sentido, lo que quiere decir el autor es que para prevenir la corrupción es tan necesario tener instrumentos de transparencia, seguimiento y control, como lo es desarrollar sistemas de integridad para que, a través del establecimiento y promoción de valores, se incentive a los servidores públicos a adoptar prácticas y comportamientos íntegros y ejemplares.
Es importante distinguir entre la integridad y la transparencia e insistir en la importancia de un modelo que combine ambos elementos, porque las realidades del mundo actual han forzado a los Estados a enfocarse de manera exclusiva en la transparencia, perdiendo de vista la integridad. Lo anterior se debe a los medios y tecnologías que existen hoy en día, a través de los cuales se ha forjado lo que se llama la Democracia Digital Este es un fenómeno en el que el escrutinio de la ciudadanía sobre las instituciones públicas es más alto que nunca gracias a la creciente cantidad de medios de los que disponen los ciudadanos para acceder y exigir información sobre el quehacer público. Esta presión ha resultado en la proliferación de instrumentos y protocolos técnicos enfocados en la transparencia y la rendición de cuentas, así como el nacimiento de entidades o comisiones anticorrupción enfocadas en el seguimiento, control y sanción de prácticas irregulares en la administración pública.
El problema de las políticas contra la corrupción orientadas hacia la transparencia, insiste Jiménez Asensio, es que, ante un uso inadecuado de esta, se corre el riesgo de que los esfuerzos sean puramente publicitarios o propagandísticos, destruyendo el potencial transformador de la transparencia efectiva. De igual forma, la proliferación de instrumentos normativos en torno a la integridad que buscan vigilar y sancionar, sin un énfasis preventivo, puede ser igualmente riesgosa. Dos elementos a los que vale la pena prestarle atención son: uno, que las entidades públicas se vean abrumadas por la creciente marea de papeleo burocrático ante las exigencias de las nuevas instancias. Y dos, que los esfuerzos anticorrupción se conviertan en “un teatro de marionetas”, como menciona Kant, más enfocado en vender una imagen de transparencia y control, que en, realmente, prevenir actos de ilegalidad o mala gestión en el Estado. El problema de lo segundo, evidentemente, es que la imagen de transparencia construida por una institución pública durante años se puede derrumbar ante un solo hecho de corrupción.
Sin duda, Colombia se encuentra inserta en estas dinámicas. En los últimos años, las entidades públicas se han visto cada vez más sobrecogidas por la gran cantidad de formularios, evaluaciones, auditorías, y demás exigencias relacionadas con la transparencia que deben cumplir cada día. Y es de esperarse, si se tiene en cuenta la creación de la Secretaría de Transparencia en 2011 2 y la Ley Anticorrupción 3 decretada ese mismo año, pues estas les han impuesto nuevas exigencias a las entidades, adicionales a aquellas de los entes de control y la misma Función Pública.
Lo que queda claro después de leer a Jiménez Asensio es que, si bien cada uno de estos instrumentos es importante, no es posible prevenir la corrupción y desarrollar un compromiso real hacia el servicio y la buena imagen de las instituciones en los servidores, si no existen Marcos o Sistemas de Integridad basados en un enfoque realmente preventivo, pedagógico y autorregulador, centrado en el trabajo con los servidores públicos.
Ahora bien, todos los esfuerzos a favor de la transparencia y el control son, por supuesto, valiosos y necesarios. El problema es que implican una carga exagerada de papeleo a las entidades que no es compensada con resultados suficientes si no se complementa con una estrategia que realmente se enfoque en la prevención. El autor considera que es necesario consolidar una política pública que busque instaurar Marcos o Sistemas de Integridad en las entidades públicas que tengan su fundamento en la promoción e interiorización de valores en torno a la integridad y busquen apelar directamente a los servidores públicos. Vale la pena mencionar, además, que el principal promotor de dichos Marcos o Sistemas ha sido la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organización que desde su creación ha insistido en la importancia de priorizar la integridad en la lucha contra la corrupción.
Instaurar algo semejante a lo que propone Jiménez Asensio y la OCDE no es del todo sencillo. En primer lugar, el autor diferencia entre el camino corto y el camino largo para construir integridad. El camino corto es precisamente el que se enfoca en el control y el seguimiento como estrategia principal. Ya hemos abordado los posibles riesgos de este camino. El camino largo, en cambio, es precisamente instaurar sistemas de construcción de integridad, que a través del trabajo directo y profundo con los servidores públicos logre cambios reales, aunque se demoren más en llegar. Es precisamente porque este último camino no genera resultados visibles a corto plazo que hay mucho escepticismo a la hora de vender la integridad como herramienta contra la corrupción. Es por esto que, como lo indica el autor, la integridad en la administración pública se encuentra todavía en un estado inicial.
A pesar de dicha complejidad, desde el año 2014 la Función Pública le viene apostando a la integridad en un proceso que empezó a materializarse a inicios del año 2016 con la creación de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano y el Equipo de Cambio Cultural, dependencias que fueron creadas, entre otros propósitos, para abordar a fondo el tema de la integridad pública en las instituciones del Estado colombiano. Esto no quiere decir que anteriormente la Función Pública no haya trabajado y promovido de manera comprometida la ética pública, ahora bien, lo novedoso de esta apuesta reciente es que se enmarca dentro de los planteamientos de Jiménez Asensio y de la OCDE mencionados anteriormente y se caracteriza por tres elementos: 1) está completamente enfocada en el trabajo con los servidores públicos, 2) se basa en la premisa de la necesidad de pensar en instrumentos no convencionales para realmente lograr resultados distintos, y 3) busca ser un complemento necesario a los esfuerzos contra la corrupción que se han venido instaurando en el país en la última década al tener un enfoque netamente preventivo.
A continuación, se presentarán los componentes que sugiere Jiménez Asensio para la constitución de Marcos o Sistemas de integridad que al momento no son contemplados dentro de los lineamientos de la Ley Anticorrupción y están siendo trabajados por la Función Pública dentro de su propuesta de creación de un Marco de Integridad aplicable en todas las entidades públicas del país del orden nacional y territorial.
1. Códigos de integridad:
La Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano (DPTSC) y Cambio Cultural han trabajado durante un año en la creación de un Código de Integridad de aplicación general para todas las entidades públicas. A partir de las recomendaciones del autor, de la OCDE y de otros organismos, el código incorpora una serie de valores y principios de acción que pretenden orientar en sentido positivo el actuar de los servidores públicos. Se busca que, con base en el enaltecimiento y orgullo por su labor, los servidores tengan una herramienta que oriente su actuar y se apropien cada día de una serie de valores que les permita ser los mejores servidores públicos posibles.
El código será lanzado próximamente y todos tendremos la oportunidad no sólo de conocerlo, sino de vivirlo. Y es que, como lo indica Jiménez Asensio, los códigos no son más que palabras, lo crucial es que se internalicen; “lo trascendente es si logra que el sujeto lo haga suyo”. (Jiménez, 59).
2. Mecanismos de difusión, prevención y desarrollo de la cultura de integridad:
Para dicho proceso de interiorización es crucial apoyar el código con un conjunto de estrategias de difusión y desarrollo de una cultura de integridad basada en el código. Una estrategia de este tipo es precisamente lo que se está haciendo con la construcción de una Caja de Herramientas para la socialización y apropiación del código de integridad. Se trata de una serie de actividades que buscan que el código sea realmente asumido por los servidores a través de un proceso gradual de avance, mejores hábitos cotidianos y conductas de integridad reforzadas, tal y como lo propone el autor.
3. Órganos de consulta sobre dilemas éticos:
Para que una cultura de integridad sea real a largo plazo, es indispensable crear procedimientos, canales y circuitos para resolver dilemas éticos. Todo esto debería darse a través de la consolidación de comités éticos o de integridad. Dado que el Código no es de naturaleza normativa, estos comités no deben estar enfocado en crear sanciones, sino en abrir la posibilidad de que los servidores puedan formular sus problemas en torno a la integridad y recibir ayuda y guía para resolverlos. Las tareas de un comité de esta naturaleza deben ser las siguientes: resolver dilemas o conflictos éticos, orientar en caso de consultas, solucionar las quejas o reclamos, y apoyar a los equipos de Talento Humano en: 1) la promoción de la cultura de la integridad, 2) la difusión del Código de Integridad y 3) la creación de programas formativos en esta materia. El tema de los comités éticos o de integridad está siendo revisado por los equipos de la DPTSC y Cambio Cultural.
La Función Pública está convencida de la premisa de Jiménez Asensio: el desarrollo de una cultura de transparencia e integridad en las organizaciones públicas debe tener una dimensión preventiva dominante. Esta política de prevención, como se vio anteriormente, es de largo aliento y por tanto no del todo atractiva en un panorama político y social que se mueve a gran velocidad. Sin embargo, es a todas luces fundamental si queremos complementar los instrumentos de seguimiento, control y transparencia, y trabajar directamente con los servidores públicos para mejorar la confianza que los ciudadanos tienen en las instituciones. Por esto, se seguirá trabajando en una política de integridad que, como bien lo dice el autor, esté marcada “por la continuidad y tenacidad en su desarrollo” (Jiménez, 131). La Función Pública está comprometida con ello.
Referencias
Jiménez, R. (2017). Prevenir la Corrupción. (Libro inédito). Bogotá, Colombia.
Decreto 4637 (2011). Por el cual se suprime y se crea una Secretaría y se suprime un programa en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y se dictan otras disposiciones.
Presidencia de la República de Colombia.
Ley 1474 (2011). Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,
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Jorge Iván Giraldo Díaz
Contratista del Estado
Entidad: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Equipo: Otro
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Me parece suprema mente importante este tema, por cuanto en una sociedad civilizada estas practicas de corrupción tienen que ir desapareciendo y por cuanto son demasiadas lesivas y afectan a la población mas vulnerable, ya que los recursos tienen de los presupuestos tienen que garantizar las necesidades de la población y es un imperativo que los estados garanticen el buen manejo de los recursos; y para esto se tiene que incrementar las penas y acciones contundentes para la lucha contra estos delitos, perseguir los bienes y garantizar la extinción del dominio de los mismos a los testaferros; pero se necesita acciones contundentes por parte de los entes investigadores. hay muchos corruptos al interior de estas entidades de control.
Me parece suprema mente importante este tema, por cuanto en una sociedad civilizada estas practicas de corrupción tienen que ir desapareciendo, por cuanto son demasiadas lesivas y afectan a la población mas vulnerable, ya que los recursos de los presupuestos tienen que garantizar las necesidades de la población y es un imperativo que los estados garanticen el buen manejo de los recursos; y para esto se tiene que incrementar las penas y acciones contundentes para la lucha contra estos delitos, perseguir los bienes y garantizar la extinción del dominio de los mismos a los testaferros; pero se necesita acciones contundentes por parte de los entes investigadores. Hay muchos corruptos al interior de estas entidades de control.
Muy interesante!