La política pública de transparencia tiene grandes ‘dientes’ para luchar contra la corrupción

Publicado por: Luz Andrea Piñeros López Fecha: 31 de Diciembre 1969 Equipo: Gestión del Conocimiento Tema: Gestión del Conocimiento 27210

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La transparencia en el servicio público, los datos abiertos, el buen gobierno, la rendición de cuentas, la gobernanza y la lucha contra la corrupción son algunos temas que en los últimos años han venido tomando mayor relevancia en la agenda gubernamental del país, y que resultan relevantes en la medida que se conocen escándalos relacionados con la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Vale la pena señalar que a partir del segundo gobierno del ex presidente Álvaro Uribe (2006-2010) se implementaron los códigos de buen gobierno en la gestión pública, y que hace 3 años se reguló la transparencia y el acceso a la información pública. La política de buen gobierno ha sido tan relevante que se convirtió en un eje transversal en el actual Plan de Desarrollo Nacional.

El tema de la transparencia en el sector público tomó tanta fuerza que la voluntad política se materializó con la creación de la Secretaría de Transparencia en 2011, con la misión de asesorar y apoyar directamente al Presidente de la República en el diseño de una política integral de transparencia y lucha contra la corrupción y coordinar su implementación (ver Decreto 4637 de 2011).

En este sentido, ¿cómo la gestión pública orientada al buen gobierno entra en la agenda del Gobierno? y ¿cómo éste se convierte en política pública? Desde un punto de vista weberiano, el objetivo del Estado es definir, incidir y modificar -en un cierto sentido- la regulación operante en un espacio social particular con el fin de asegurar la prosperidad de la Nación (Roth; 2014:33 y 35).

El instrumento para lograr dicho fin es la política pública, entendida como una “estrategia con la cual el gobierno coordina y articula el comportamiento de los actores a través de un conjunto de sucesivas acciones intencionales, que representan la realización concreta de decisiones en torno a uno o varios objetivos colectivos, considerados necesarios o deseables en la medida en que hacen frente a situaciones socialmente relevantes” (Santander y Torres; 2013:50).

Es así que la política pública es vista como un instrumento que permite orientar comportamientos de actores para modificar situaciones que son lo suficientemente relevantes para entrar a la agenda del gobierno. Por lo tanto, es indispensable que el problema pase de la esfera privada a la pública y genere el suficiente interés para que entre en la agenda gubernamental.

Para esto, vale la pena estudiar de qué manera un asunto se convierte en un problema público y cómo éste se inscribe en la agenda política y luego en la agenda gubernamental. Allí, cabe señalar que las realidades sociales son vistas como el resultado, de una construcción social y no del descubrimiento de hechos objetivos (Roth; 2014:119), lo que implica que existen dos características que convierten un asunto privado en público: 1) problematización y 2) publificación (Roth; 2014:118).

Surgimiento de los problemas públicos

Fuente: Elaboración propia con información de Roth (2014:118-121).

No obstante, no basta con definir un problema como público para que éste aparezca enseguida en la agenda del gobierno. El término agenda se utiliza en el sentido de indicar “el conjunto de problemas percibidos que necesitan un debate público, o incluso la intervención activa de las autoridades públicas legítimas” (Roth; 2014:122). En consecuencia, la agenda tiene dos características muy relevantes: el acceso (incorporación del asunto en el debate público) y, en contraste, su exclusión.

Adicionalmente, es indispensable señalar, en el marco de los procesos contemporáneos de globalización, el papel creciente de diferentes actores internacionales en la definición de la agenda nacional. Es el caso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, por su sigla en inglés) que, a través de su Comité de Gobernanza Pública, ha orientado la política pública de buen gobierno, mediante sus buenas prácticas.

Se destaca de manera especial, su apoyo en el tema de transparencia y rendición de cuentas que busca promover y facilitar la responsabilidad de la acción gubernamental y la participación inclusiva de las partes interesadas en el diseño y la ejecución de políticas públicas. Esto ha permitido que en la agenda del gobierno colombiano haya entrado de manera decisiva la transparencia y la lucha contra la corrupción.

En este sentido, el gobierno colombiano ha hecho grandes esfuerzos en materia regulatoria para implementarla como política pública. Con la expedición del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011), además de las medidas administrativas para la lucha contra la corrupción, la legislación vincula políticas institucionales y pedagógicas, que obligan a las entidades del Estado del orden nacional, departamental y municipal, a:

1) Elaborar los planes anticorrupción y de atención al ciudadano. 2) Publicar los planes de acción. 3) Conformar o consolidar, según el caso, las oficinas de quejas, sugerencias y reclamos en cada entidad. 4) Publicar los proyectos de inversión. 5) Democratizar la administración pública. Todo esto, integra a las audiencias públicas, los componentes de participación en los planes de desarrollo y la gestión de las políticas y programas.

Así mismo, con el documento No. 167 del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) 2012, que estableció la “Estrategia Nacional de la Política Integral Anticorrupción”, el gobierno colombiano desarrolló uno de los dos componentes de la Política Pública Integral Anticorrupción (PPIA), que establece 5 ejes de acción y acciones transversales para la sostenibilidad de la política. En este caso se destacan los roles de cada una de las entidades y la cuota de financiación que se requiere para su implementación.

En la Política Nacional de Servicio al Ciudadano (documento CONPES No. 3649 de 2010), se establecen las acciones para incrementar la confianza y la satisfacción de la ciudadanía con los servicios prestados por la Administración Pública Nacional de manera directa o a través de particulares.

Así pues, junto con la expedición de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional Ley 1712 de 2014, las entidades del Estado del orden nacional y territorial tienen una mayor orientación sobre su trabajo y quehacer con relación a la lucha contra la corrupción.

De esta manera, resulta fundamental que la Función Pública, como actor relevante del gobierno, continúe incidiendo en la consolidación de una gestión pública moderna, eficiente, transparente, focalizada y participativa al servicio de los ciudadanos, y así enfrentar la corrupción, que se cierne como unos de los mayores problemas que enfrenta hoy el país.

Referencias

Roth, A-N. (2014). Políticas Públicas – Formulación, implementación y evaluación. Ediciones Aurora, Bogotá.

Santander, J. y Torres-Melo, J. (2013). Introducción a las Políticas Públicas: Conceptos y herramientas desde la relación entre Estado y ciudadanía. IEMP Ediciones, Bogotá, 2013.