Decreto 491 de 2020

Fecha de Expedición: 28 de marzo de 2020

Fecha de Entrada en Vigencia:

Medio de Publicación:

ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA
- Subtema: Contratista

Adopta medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA
- Subtema: Contrato de Prestación de Servicios

Adopta medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA
- Subtema: COVID-19

Adopta medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

ESTADOS DE EXCEPCIÓN
- Subtema: Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica

Adopta medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Los datos publicados tienen propósitos exclusivamente informativos. El Departamento Administrativo de la Función Pública no se hace responsable de la vigencia de la presente norma. Nos encontramos en un proceso permanente de actualización de los contenidos.

DECRETO 491 DE 2020

(Marzo 28)

Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atencion y la prestacion de los servicios por parte de las autoridades publicas y los particulares que cumplan funciones publicas y se toman medidas para la proteccion laboral y de los contratistas de prestacion de servicios de las entidades publicas, en el marco del Estado de Emergencia Economica, Social y Ecologica

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,

en ejercicio de las facultades que le confiere el articulo 215 de la Constitucion Politica, en concordancia con la Ley 137 de 1994, y el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, , y

CONSIDERANDO:

Que en los terminos del articulo 215 de la Constitucion Politica, el presidente de la Republica, con la firma de todos los ministros, en caso de que sobrevengan hechos distintos de los previstos en los articulos 212 y 213 de la Constitucion Politica, que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden economico, social y ecologico del pais, o que constituyan grave calamidad publica, podra declarar el Estado de Emergencia Economica, Social y Ecologica, por periodos hasta de treinta (30) dias en cada caso, que sumados no podran exceder de noventa (90) dias en el año calendario.

Que, segun la misma norma constitucional, una vez declarado el Estado de Emergencia Economica, Social y Ecologica, el presidente de la Republica, con la firma de todos los ministros, podra dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extension de sus efectos.

Que estos decretos deberan referirse a materias que tengan relacion directa y especifica con el estado de Emergencia Economica, Social y Ecologica, y podran, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes.

Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 se declaro el Estado de Emergencia Economica, Social y Ecologica en todo el territorio nacional por el termino de treinta (30) dias, con el fin de conjurar la grave calamidad publica que afecta al pais por causa del nuevo coronavirus COVID-19.

Que dentro de las razones generales tenidas en cuenta para la adopcion de dicha medida se incluyeron las siguientes:

Que el 7 de enero de 2020 la Organizacion Mundial de la Salud identifico el nuevo coronavirus COVID-19 y declaro este brote como emergencia de salud publica de importancia internacional.

Que el 6 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y de la Proteccion Social dio a conocer el primer caso de brote de enfermedad por coronavirus COVID-19 en el territorio nacional.

Que el 9 de marzo de 2020 la Organizacion Mundial de la Salud solicito a los paises adoptar medidas prematuras con el objetivo de detener la transmision y prevenir la propagacion del virus.

Que el 11 de marzo de 2020 la Organizacion Mundial de la Salud - OMS declaro el actual brote de enfermedad por coronavirus COVID-19 como una pandemia, esencialmente por la velocidad de su propagacion y la escala de trasmision, toda vez que el 11 de marzo de 2020 se habian notificado a la OMS cerca de 125.000 casos de contagio en 118 paises y que a lo largo de esas ultimas dos semanas el numero de casos notificados fuera de la Republica Popular China se habia multiplicado en 13 veces, mientras que el numero de paises afectados se habia triplicado, por lo que insto a los paises a tomar acciones urgentes.

Que segun la OMS la pandemia del nuevo coronavirus COVI0-19 es una emergencia sanitaria y social mundial, que requiere una accion efectiva e inmediata de los gobiernos, las personas y las empresas.

Que una de las principales medidas, recomendadas por la OMS, es el distanciamiento social y aislamiento, para lo cual, las tecnologias de la informacion y las comunicaciones y los servicios de comunicaciones, en general, se convierten en una herramienta esencial para permitir la proteccion la vida y la salud de los colombianos.

Que mediante la Resolucion 0000380 del 10 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Proteccion Social adopto, entre otras, medidas preventivas sanitarias de aislamiento y cuarentena de las personas que, a partir de la entrada en vigencia de la precitada resolucion, arribaran a Colombia desde la Republica Popular China, Francia, Italia y España.

Que mediante Resolucion 385 del 12 de marzo de 2020, el ministro de Salud y Proteccion Social, de acuerdo con lo establecido en el articulo 69 de la Ley 1753 de 2015, declaro el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y, en virtud de la misma, adopto una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagacion del coronavirus COVID-19 y mitigar sus efectos.

Que el vertiginoso escalamiento del brote de nuevo coronavirus COVID-19 hasta configurar una pandemia representa actualmente una amenaza global a la salud publica, con afectaciones al sistema economico, de magnitudes impredecibles e incalculables, de la cual Colombia no podra estar exenta.

Que la expansion en el territorio nacional del brote de enfermedad por el nuevo coronavirus COVID-19 y cuyo crecimiento exponencial es imprevisible, sumado a los efectos economicos negativos que se han venido evidenciando en la ultima semana, es un hecho que, ademas de ser una grave calamidad publica, constituye una grave afectacion al orden economico y social del pais que justifica la declaratoria del Estado de Emergencia Economica y Social, toda vez que se trata de situaciones diferentes a las que se refieren los articulos 212 y 213 de la Constitucion Politica.

Que segun la Organizacion Mundial de la Salud - OMS, en reporte de fecha 26 de marzo de 2020 a las 16:06 GMT-5, se encuentran confirmados 465,915 casos, 21,031 fallecidos y 200 paises, areas o territorios con casos del nuevo coronavirus COVID-19.

Que, pese a las medidas adoptadas, el Ministerio de Salud y Proteccion Social reporto el 26 de marzo de 2020 6 muertes y 491 casos confirmados en Colombia, distribuidos asi: Bogota D.C. (187), Cundinamarca (21), Antioquia (59), Valle del Cauca (73), Bolivar (26), Atlantico (13), Magdalena (5), Cesar (2), Norte de Santander (15), Santander (4), Cauca (9), Caldas (10), Risaralda (19), Quindio (12), Huila (14), Tolima (9), Meta (8), Casanare (1), San Andres y Providencia (1), Nariño (1), Boyaca (2)."

Que el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 que declaro el Estado de Emergencia Economica, Social y Ecologica en todo el territorio nacional por el termino de treinta (30) dias, con el fin de conjurar la grave calamidad publica que afecta al pais por causa del nuevo coronavirus COVID-19, en la parte considerativa señalo, entre otros aspectos:

Que con el proposito de limitar las posibilidades de propagacion del nuevo virus Covid 19 y de proteger la salud del publico en general y de los servidores publicos que los atienden, se hace necesario expedir normas de orden legal que flexibilicen la obligacion de atencion personalizada al usuario y se permita incluso la suspension de terminos legales en las actuaciones administrativas y jurisdiccionales.

Que con igual proposito de limitar las posibilidades de propagacion del nuevo virus Covid 19 y de proteger la salud del publico en general y de los servidores publicos que los atienden, se hace necesario expedir normas que habiliten actuaciones judiciales y administrativas mediante la utilizacion de medios tecnologicos, y adoptar las medidas pertinentes con el objeto de garantizar la prestacion de los servicios publicos de justicia, de notariado y registro, de defensa juridica del Estado y la atencion en salud en el sistema penitenciario y carcelario.

Que con el fin de evitar la propagacion de la pandemia del coronavirus y contener la misma, el Gobierno nacional podra expedir normas para simplificar el proceso administrativo sancionatorio contenido en la Ley 9 de 1979 y en la Ley 1437 de 2011 garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa>.

Que el articulo 3 del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 señalo que el presidente de la Republica, ademas de las medidas anunciadas en la parte considerativa, podra adoptar medidas necesarias para conjurar la crisis e impedir la extension de sus efectos, y asi mismo dispondra las operaciones presupuestales necesarias para llevarlas a cabo.

Que para prevenir y controlar la propagacion de la enfermedad por el COVID-19 el Decreto 418 de 18 de marzo de 2020 establece que la direccion y el manejo del orden publico en el territorio nacional estara en cabeza del presidente de la Republica, por lo cual las instrucciones, actos y ordenes que este imparta se aplicaran de manera inmediata y preferente sobre las disposiciones que expidan los alcaldes y gobernadores.

Que, de forma complementaria, el Decreto 420 del 18 de marzo de 2020 señalo instrucciones precisas a los alcaldes y gobernadores para asegurar el acceso y abastecimiento de la poblacion a bienes y servicios de primera necesidad, que garanticen el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Que dadas las circunstancias y medidas de cuidado declaradas por el Gobierno nacional para preservar la salud y la vida de los colombianos, el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 impartio instrucciones para el mantenimiento del orden publico y, especificamente, ordeno el "aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del dia 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19."

Que asi las cosas en el marco de la Emergencia Sanitaria por causa de la enfermedad por coronavirus COVID-19 el Gobierno nacional ha adoptado medidas de orden publico que implican el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, exceptuando de dicha medida, entre otros, a aquellos servidores publicos y contratistas cuyas actividades sean estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus y para garantizar el funcionamiento de los servicios indispensables del Estado.

Que las entidades y organismos del Estado deben proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, la primacia de los intereses generales, la sujecion de las autoridades a la Constitucion y demas preceptos del ordenamiento juridico, el cumplimiento de los fines y principios esenciales estatales, el funcionamiento eficiente y democratico de la administracion y la observancia de los deberes del Estado y de los particulares.

Que de conformidad con lo anterior se hace necesario tomar medidas en materia de prestacion de servicios a cargo de las entidades y organismos del Estado, con la finalidad de prevenir la propagacion de la pandemia mediante el distanciamiento social, flexibilizando la prestacion del servicio de forma presencial y estableciendo mecanismos de atencion mediante la utilizacion de medios digitales y del uso y aprovechamiento de las tecnologias de la informacion y las comunicaciones, de manera que se evite el contacto entre los servidores publicos y los ciudadanos, sin que ello afecte la continuidad y efectividad del servicio.

Que segun cifras del Sistema Unico de Informacion de Tramites -SUIT, a la fecha Colombia cuenta con 68.485 tramites y procesos administrativos que deben adelantar los ciudadanos, empresarios y entidades publicas ante entidades del Estado, de los cuales 1.305 se pueden hacer totalmente en linea, 5.316 parcialmente en linea y 61.864 de forma presencial.

Que es necesario tomar medidas para ampliar o suspender los terminos cuando el servicio no se pueda prestar de forma presencial o virtual, lo anterior, sin afectar derechos fundamentales ni servicios publicos esenciales.

Que el articulo 14 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala que, .

Que los terminos establecidos en el precitado articulo resultan insuficientes dadas las medidas de aislamiento social tomadas por el Gobierno nacional en el marco de los hechos que dieron lugar a la Emergencia Economica, Social y Ecologica, y las capacidades de las entidades para garantizarle a todos sus servidores, especialmente en el nivel territorial, los controles, herramientas e infraestructura tecnologica necesarias para llevar a cabo sus funciones mediante el trabajo en casa, razon por la cual se hace necesario ampliar los terminos para resolver las distintas modalidades de peticiones, con el proposito de garantizar a los peticionarios una respuesta oportuna, veraz, completa, motivada y actualizada.

Que, asimismo, resulta imperioso ampliar el termino para el tramite de las conciliaciones extrajudiciales en materia contencioso administrativa previsto en la Ley 640 de 2001, el arbitraje, entre otros, pues se requiere flexibilidad en los tiempos del procedimiento y ajustar las condiciones fisicas y humanas con las que cuentan las autoridades e instancias competentes, para el tramite de las mismas dada la coyuntura excepcional que exigio la declaratoria de la Emergencia Sanitaria y del Estado de Emergencia, Economica, Social y Ecologica.

Que mediante Acuerdo PCSJA2011517 del 15 de marzo de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura suspendio los terminos judiciales en todo el pais desde el 16 hasta el 20 de marzo de 2020. Mediante Acuerdo PCSJA2011521 del 19 de marzo de 2020 prorrogo la medida de suspension de terminos judiciales del 21 de marzo al 3 de abril de 2020. Mediante Acuerdo PCSJA2011526 del 22 de marzo de 2020 prorrogo la medida de suspension de terminos judiciales del 4 al 12 de abril de 2020. Mediante Acuerdo PCSJA2011529 del 25 de marzo de 2020 se establecio una excepcion a la suspension de terminos en el Consejo de Estado y en los Tribunales Administrativos.

Que los metodos alternativos de resolucion de conflictos constituyen una herramienta eficaz, eficiente y economica para garantizar el acceso a la justicia de la poblacion colombiana, entre los cuales se encuentran la conciliacion regulada en la Ley 640 de 2001, el procedimiento de insolvencia de persona natural no comerciante regulado en la Ley 1564 de 2012, y el arbitraje y la amigable composicion regulados en la Ley 1563 de 2012.

Que en las condiciones actuales el normal desarrollo de los procesos y actuaciones referentes a estos metodos puede verse alterado, generando riesgos, incertidumbre e inseguridad juridica.

Que, en virtud de las medidas adoptadas por las autoridades competentes para hacer frente a la crisis actual y con el fin de garantizar la seguridad juridica y proteger los derechos de los usuarios y operadores que adelantan procesos de conciliacion, insolvencia de persona natural no comerciante, arbitraje y amigable composicion en todo el territorio nacional, se hace necesario disponer la posibilidad de suspender los terminos de estos procesos cuando las circunstancias lo ameriten y dictar medidas para la prestacion de los respectivos servicios, promoviendo la utilizacion de medios tecnologicos y los servicios virtuales.

Que el articulo 25 de la Constitucion Politica establece que el trabajo es un derecho y una obligacion social y goza, en todas sus modalidades, de la especial proteccion del Estado, y que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

Que la Organizacion Internacional del Trabajo en el comunicado de fecha de 18 de marzo de 2020 sobre el "El COVID-19 y el mundo del trabajo: Repercusiones y respuestas", afirma que "[…] El Covid-19 tendra una amplia repercusion en el mercado laboral. Mas alla de la inquietud que provoca a corto plazo para la salud de los trabajadores y de sus familias, el virus y la consiguiente crisis economica repercutiran adversamente en el mundo del trabajo en tres aspectos fundamentales, a saber: 1) la cantidad de empleo (tanto en materia de desempleo como de subempleo); 2) la calidad del trabajo (con respecto a los salarios y el acceso a proteccion social); y 3) los efectos en los grupos especificos mas vulnerables frente a las consecuencias adversas en el mercado laboral […]".

Que asi mismo la Organizacion Internacional del Trabajo en el referido comunicado estima "[…] un aumento sustancial del desempleo y del subempleo como consecuencia del brote del virus. A tenor de varios casos hipoteticos sobre los efectos del Covid-19 en el aumento del PIB a escala mundial […], en varias estimaciones preliminares de la OIT se señala un aumento del desempleo mundial que oscila entre 5,3 millones (caso "mas favorable") y 24,7 millones de personas (caso "mas desfavorable"), con respecto a un valor de referencia de 188 millones de desempleados en 2019. Con arreglo al caso hipotetico de incidencia "media", podria registrarse un aumento de 13 millones de desempleados (7,4 millones en los paises de ingresos elevados). Si bien esas estimaciones poseen un alto grado de incertidumbre, en todos los casos se pone de relieve un aumento sustancial del desempleo a escala mundial. A titulo comparativo, la crisis financiera mundial que se produjo en 2008-9 hizo aumentar el desempleo en 22 millones de personas".

Que en consecuencia la Organizacion Internacional del Trabajo -OIT en el citado comunicado insta a los Estados a adoptar medidas urgentes para (i) proteger a los trabajadores y empleadores y sus familias de los riesgos para la salud generadas por el coronavirus COVID-19; (ii) proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo; (iii) estimular la economia y el empleo, y (iv) sostener los puestos de trabajo y los ingresos, con el proposito de respetar los derechos laborales, mitigar los impactos negativos y lograr una recuperacion rapida y sostenida.

Que de acuerdo con las cifras del Sistema de Informacion y Gestion del Empleo Publico - SIGEP, el pais cuenta con 1.198.834 servidores publicos discriminados asi: (i) Rama Ejecutiva del Orden Nacional: 411.986 uniformados; 326.952 docentes; 138.610 servidores; (ii) Orden Territorial: 222.160 servidores; (iii) Rama Judicial: 60.801 servidores; (iv) Entes Autonomos: 20.644 servidores; (v) Organos de Control: 11.880 servidores; (vi) Organizacion Electoral: 3.553 servidores; (vii) Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparacion y No Repeticion: 1.395 servidores; (viii) Rama Legislativa: 854 servidores.

Que de acuerdo con las cifras del Sistema Electronico de Contratacion Publica -SECOP, a la fecha el Estado cuenta con 231.935 contratistas incluyendo contratacion directa y regimen especial.

Que acogiendo las recomendaciones de la Organizacion Internacional del Trabajo -OIT, se deben adoptar medidas para proteger el trabajo en el sector publico, implementando mecanismos que promuevan e intensifiquen el trabajo en casa, asi como adoptar medidas para que por razones de la emergencia no se terminen o suspendan las relaciones laborales o contractuales en el sector publico.

Que, de igual manera, se debe garantizar la atencion a los administrados y el cumplimiento efectivo de las funciones administrativas y jurisdiccionales mediante el uso de medios tecnologicos y de telecomunicacion sin afectar los servicios que sean estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, y garanticen el funcionamiento de los servicios indispensables del Estado.

Que para garantizar la participacion en los concursos sin discriminacion de ninguna indole, evitar el contacto entre las personas y propiciar el distanciamiento social y hasta tanto permanezcan los hechos que dieron lugar a la Emergencia Economica, Social y Ecologica, se aplazaran varias etapas del proceso de seleccion para el ingreso al empleo publico por merito.

En merito de lo expuesto,

DECRETA

ARTICULO 1. Ambito de aplicacion. El presente Decreto aplica a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder publico en sus distintos ordenes, sectores y niveles, organos de control, organos autonomos e independientes del Estado, y a los particulares cuando cumplan funciones publicas. A todos ellos se les dara el nombre de autoridades.

ARTICULO 2. Objeto. El presente Decreto, en el marco de los hechos que dieron lugar a la Emergencia Economica, Social y Ecologica, esto es, la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Proteccion Social, tiene por objeto que las autoridades cumplan con la finalidad de proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, la primacia de los intereses generales, la sujecion de las autoridades a la Constitucion y demas preceptos del ordenamiento juridico, el cumplimiento de los fines y principios estatales, el funcionamiento eficiente y democratico de la administracion y la observancia de los deberes del Estado y de los particulares.

ARTICULO 3. Prestacion de los servicios a cargo de las autoridades. Para evitar el contacto entre las personas, propiciar el distanciamiento social y hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Proteccion Social, las autoridades a que se refiere el articulo 1 del presente Decreto velaran por prestar los servicios a su cargo mediante la modalidad de trabajo en casa, utilizando las tecnologias de la informacion y las comunicaciones.

Las autoridades daran a conocer en su pagina web los canales oficiales de comunicacion e informacion mediante los cuales prestaran su servicio, asi como los mecanismos tecnologicos que emplearan para el registro y respuesta de las peticiones.

En aquellos eventos en que no se cuente con los medios tecnologicos para prestar el servicio en los terminos del inciso anterior, las autoridades deberan prestar el servicio de forma presencial. No obstante, por razones sanitarias, las autoridades podran ordenar la suspension del servicio presencial, total o parcialmente, privilegiando los servicios esenciales, el funcionamiento de la economia y el mantenimiento del aparato productivo empresarial.

En ningun caso la suspension de la prestacion del servicio presencial podra ser mayor a la duracion de la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Proteccion Social.

PARAGRAFO. En ningun caso, los servidores publicos y contratistas del Estado que adelanten actividades que sean estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, y garantizar el funcionamiento de los servicios indispensables del Estado podran suspender la prestacion de los servicios de forma presencial. Las autoridades deberan suministrar las condiciones de salubridad necesarias para la prestacion del servicio presencial.

ARTICULO 4. Notificacion o comunicacion de actos administrativos. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Proteccion Social, la notificacion o comunicacion de los actos administrativos se hara por medios electronicos. Para el efecto en todo tramite, proceso o procedimiento que se inicie sera obligatorio indicar la direccion electronica para recibir notificaciones, y con la sola radicacion se entendera que se ha dado la autorizacion.

En relacion con las actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la expedicion del presente Decreto, los administrados deberan indicar a la autoridad competente la direccion electronica en la cual recibiran notificaciones o comunicaciones. Las autoridades, dentro de los tres (3) dias habiles posteriores a la expedicion del presente Decreto, deberan habilitar un buzon de correo electronico exclusivamente para efectuar las notificaciones o comunicaciones a que se refiere el presente articulo.

El mensaje que se envie al administrado debera indicar el acto administrativo que se notifica o comunica, contener copia electronica del acto administrativo, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. La notificacion o comunicacion quedara surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora que debera certificar la administracion.

En el evento en que la notificacion o comunicacion no pueda hacerse de forma electronica, se seguira el procedimiento previsto en los articulos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

PARAGRAFO. La presente disposicion no aplica para notificacion de los actos de inscripcion o registro regulada en el articulo 70 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO 5. Ampliacion de terminos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliaran los terminos señalados en el articulo 14 de la Ley 1437 de 2011, asi:

Salvo norma especial toda peticion debera resolverse dentro de los treinta (30) dias siguientes a su recepcion.

Estara sometida a termino especial la resolucion de las siguientes peticiones:

(i) Las peticiones de documentos y de informacion deberan resolverse dentro de los veinte (20) dias siguientes a su recepcion.

(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relacion con las materias a su cargo deberan resolverse dentro de los treinta y cinco (35) dias siguientes a su recepcion.

Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la peticion en los plazos aqui señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del termino señalado en el presente articulo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolvera o dara respuesta, que no podra exceder del doble del inicialmente previsto en este articulo.

En los demas aspectos se aplicara lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

PARAGRAFO. La presente disposicion no aplica a las peticiones relativas a la efectividad de otros derechos fundamentales.

(Artículo DEROGADO por el Art. 2 de la Ley 2207 de 2022)

ARTICULO 6. Suspension de terminos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Proteccion Social las autoridades administrativas a que se refiere el articulo 1 del presente Decreto, por razon del servicio y como consecuencia de la emergencia, podran suspender, mediante acto administrativo, los terminos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. La suspension afectara todos los terminos legales, incluidos aquellos establecidos en terminos de meses o años.

La suspension de los terminos se podra hacer de manera parcial o total en algunas actuaciones o en todas, o en algunos tramites o en todos, sea que los servicios se presten de manera presencial o virtual, conforme al analisis que las autoridades hagan de cada una de sus actividades y procesos, previa evaluacion y justificacion de la situacion concreta.

En todo caso los terminos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales se reanudaran a partir del dia habil siguiente a la superacion de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Proteccion Social.

Durante el termino que dure la suspension y hasta el momento en que se reanuden las actuaciones no correran los terminos de caducidad, prescripcion o firmeza previstos en la Ley que regule la materia.

PARAGRAFO 1. La suspension de terminos a que se refiere el presente articulo tambien aplicara para el pago de sentencias judiciales.

PARAGRAFO 2. Los Fondos Cuenta sin personeria juridica adscritos a los ministerios, que manejen recursos de seguridad social y que sean administrados a traves de contratos fiduciarios, podran suspender los terminos en el marco señalado en el presente articulo.

Durante el tiempo que dure la suspension no correran los terminos establecidos en la normatividad vigente para la atencion de las prestaciones y en consecuencia no se causaran intereses de mora.

PARAGRAFO 3. La presente disposicion no aplica a las actuaciones administrativas o jurisdiccionales relativas a la efectividad de derechos fundamentales.

(Artículo DEROGADO por el Art. 3 de la Ley 2207 de 2022)

ARTICULO 7. Reconocimiento y pago en materia pensional. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Proteccion Social para el reconocimiento en materia pensional y en aquellos casos en los que la normativa aplicable exija documento original o copia autentica, bastara con la remision de la copia simple de los documentos por via electronica. En todo caso, una vez superada la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Proteccion Social el solicitante dispondra de un termino de tres (3) meses para allegar la documentacion en los terminos establecidos en las normas que regulan la materia.

Durante la Emergencia Sanitaria no se exigira el requisito de acreditacion del certificado de invalidez para efectos del pago de las mesadas pensionales de invalidez de los pensionados y beneficiarios del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales -FOMAG-.

ARTICULO 8. Ampliacion de la vigencia de permisos, autorizaciones, certificados y licencias. Cuando un permiso, autorizacion, certificado o licencia venza durante el termino de vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Proteccion Social y cuyo tramite de renovacion no pueda ser realizado con ocasion de las medidas adoptadas para conjurarla, se entendera prorrogado automaticamente el permiso, autorizacion, certificado y licencia hasta un mes (1) mas contado a partir de la superacion de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Proteccion Social.

Superada la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Proteccion Social el titular del permiso, autorizacion, certificado o licencia, debera realizar el tramite ordinario para su renovacion.

ARTICULO 9. Conciliaciones no presenciales ante la Procuraduria General de la Nacion. En la radicacion de solicitudes de convocatoria y en el tramite de las conciliaciones que sean de competencia de la Procuraduria General de la Nacion, se promoveran y privilegiaran los procedimientos no presenciales, de acuerdo con las instrucciones administrativas que imparta el Procurador General de la Nacion, para lo cual se acudira a las tecnologias de la comunicacion y la informacion. Los acuerdos conciliatorios gestionados mediante audiencias no presenciales se perfeccionaran a traves de los medios electronicos utilizados o mediante el uso de correos electronicos simultaneos o sucesivos. Con lo anterior, el procurador de conocimiento suscribira el acta en la que certificara los acuerdos alcanzados o emitira las constancias, segun corresponda y cuando sea necesario las remitira para aprobacion a la autoridad judicial competente.

El Procurador General de la Nacion de acuerdo con la valoracion de las circunstancias especificas de salubridad y capacidad institucional podra suspender la radicacion y/o el tramite de solicitudes de convocatoria de conciliaciones en materia civil, de familia y comercial que se lleven a cabo en los centros de conciliacion de la Procuraduria General de la Nacion a nivel nacional, asi como de la conciliacion extrajudicial en materia contencioso administrativo adelantada por los agentes del Ministerio Publico.

En el evento en que se suspenda la posibilidad de radicacion de solicitudes de convocatoria de conciliaciones, no correr el termino de prescripcion o caducidad de las acciones o de los medios control, respectivamente, hasta el momento en que se reanude la posibilidad de radicacion o gestion de solicitudes.

Modifiquese el plazo contenido en los articulos 20 y 21 de la Ley 640 de 2001 para el tramite de las conciliaciones extrajudiciales en materia civil, de familia, comercial y de lo contencioso administrativo a cargo de la Procuraduria General de la Nacion, el cual sera de cinco (5) meses. Presentada copia de la solicitud de convocatoria de conciliacion extrajudicial en asuntos contencioso administrativos ante la entidad convocada, el Comite de Conciliacion contara con treinta (30) a partir de su recibo para tomar la correspondiente decision.

Los terminos previstos en el inciso anterior seran aplicables tambien a las solicitudes de convocatoria de conciliacion extrajudicial radicadas con antelacion a la vigencia del presente decreto y que aun se encuentren en tramite al momento de la expedicion del mismo.

Lo dispuesto en el presente articulo tendra vigencia hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Proteccion Social.

ARTICULO 10. Continuidad de los servicios de arbitraje, conciliacion y otros mecanismos de resolucion de conflictos por medios virtuales. A fin de mantener la continuidad en la prestacion de los servicios de justicia alternativa, los procesos arbitrales y los tramites de conciliacion extrajudicial, amigable composicion y procedimientos de insolvencia de persona natural no comerciante se adelantaran mediante el uso de tecnologias de la comunicacion y la informacion, de acuerdo con las instrucciones administrativas que impartan los centros de arbitraje y conciliacion y las entidades publicas en las que se tramiten, segun el caso.

Dichas entidades publicas y centros pondran a disposicion de las partes y apoderados, arbitros, conciliadores, amigables componedores los medios electronicos y virtuales necesarios para el recibo de documentos y de realizacion de reuniones y audiencias. Podran habilitar direcciones electronicas para el recibo de demandas arbitrales, solicitudes de conciliacion extrajudicial, amigable composicion, insolvencia de persona natural no comerciante, y cualquier documento relacionado con los procesos o tramites de estos; tambien enviar por via electronica comunicaciones y notificaciones; y adelantar virtualmente todo tipo de reuniones y audiencias en cualquier etapa del proceso arbitral, del tramite conciliatorio, de amigable composicion o de insolvencia de persona natural no comerciante. En caso de no contar con la tecnologia suficiente para hacerlo, el centro o entidad publica podra celebrar convenios con otros centros o entidades para la realizacion e impulso de las actuaciones, procesos y tramites.

Las partes en los tramites conciliatorios, y los deudores y sus acreedores en los de insolvencia de persona natural no comerciante, podran manifestar su aceptacion a traves de cualquier mensaje de datos u otro medio idoneo que permita registrar su voluntad de conformidad con lo establecido en la Ley 527 de 1999.

El plazo contenido en los articulos 20 y 21 de la Ley 640 de 2001 para el tramite de las conciliaciones extrajudiciales, a cargo de los servidores publicos habilitados para conciliar y de los centros de conciliacion publicos y privados autorizados, sera de cinco (5) meses.

En el arbitraje, el termino previsto en el articulo 10 de la Ley 1563 de 2012 sera de ocho (8) meses; y el termino para solicitar la suspension del proceso previsto en el articulo 11 de la Ley 1563 de 2012 no podra exceder de ciento cincuenta (150) dias. Los tribunales arbitrales no podran suspender las actuaciones ni los procesos, a menos que exista imposibilidad tecnica de adelantarlos por los medios electronicos o virtuales señalados y una de las partes lo proponga.

Para los procesos de insolvencia de persona natural no comerciante, durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se suspende el plazo previsto en el articulo 544 de la Ley 1564 de 2012 y se faculta al conciliador para que, mediante decision motivada, suspenda dicho tramite.

Las reglas y facultades previstas en los incisos anteriores seran aplicables tambien a los tramites de conciliacion, de insolvencia de persona natural no comerciante, de amigable composicion y de arbitraje que hayan iniciado con antelacion a la vigencia del presente decreto.

Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria no correran los terminos de prescripcion o caducidad de las acciones.

PARAGRAFO 1. Los centros de arbitraje y conciliacion y las entidades publicas competentes, con el concurso de los conciliadores y los secretarios de tribunales o paneles, segun el caso, conformaran expedientes electronicos a los que accederan las partes, los arbitros y secretarios, los conciliadores y amigables componedores a fin de facilitar el impulso de los tramites y procesos y adoptaran las medidas necesarias para garantizar la seguridad y autenticidad de la informacion.

PARAGRAFO 2. No se podra adelantar ninguno de los tramites previstos en este articulo si alguna de las partes se muestra en imposibilidad para comparecer a las audiencias virtuales, o aportar pruebas, soportes y anexos, y asi lo determina el tribunal arbitral, el amigable componedor o el conciliador.

ARTICULO 11. De las firmas de los actos, providencias y decisiones. Durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio las autoridades a que se refiere el articulo 1 del presente Decreto, cuando no cuenten con firma digital, podran validamente suscribir los actos, providencias y decisiones que adopten mediante firma autografa mecanica, digitalizadas o escaneadas, segun la disponibilidad de dichos medios. Cada autoridad sera responsable de adoptar las medidas internas necesarias para garantizar la seguridad de los documentos que se firmen por este medio.

ARTICULO 12. Reuniones no presenciales en los organos colegiados de las ramas del poder publico. Sin perjuicio de las disposiciones contenidas en las normas vigentes, los organos, corporaciones, salas, juntas o consejos colegiados, de todas las ramas del poder publico y en todos los ordenes territoriales, podran realizar sesiones no presenciales cuando por cualquier medio sus miembros puedan deliberar y decidir por comunicacion simultanea o sucesiva. En este ultimo caso, la sucesion de comunicaciones debera ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado.

Las convocatorias deberan realizarse de conformidad con los respectivos reglamentos y garantizar el acceso a la informacion y documentacion requeridas para la deliberacion. Las decisiones deberan adoptarse conforme a las reglas de decision previstas en los respectivos reglamentos, de todo lo cual debera quedar constancia en las actas correspondientes a dichas sesiones, cuya custodia estara a cargo de sus secretarios.

Excepto los asuntos y deliberaciones sujetas a reserva, como las de los organos colegiados de la rama judicial, las sesiones no presenciales deberan ser publicas, para lo cual se debera utilizar unicamente los medios o canales habilitados para el efecto en el reglamento.

Lo dispuesto en el presente articulo tendra vigencia hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Proteccion Social.

(Articulo Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-242 de 2020)

ARTICULO 13. Facultad para ampliar el periodo institucional de gerentes o directores de las Empresas Sociales del Estado. Los gobernadores y alcaldes podran ampliar, por un termino de 30 dias, el periodo institucional de los gerentes o directores de Empresas Sociales del Estado que termina en el mes de marzo de 2020.

Si el alcalde o gobernador no amplia el periodo, debera proceder a nombrar al gerente o director, de acuerdo con el procedimiento señalado en el articulo 20 de la Ley 1797 de 2016. Si deciden ampliar el periodo, una vez finalizados los 30 dias a que se refiere el inciso anterior, el alcalde o gobernador nombrara el nuevo gerente o director, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 20 de la Ley 1797 de 2016. El periodo institucional del nuevo gerente o director iniciara con la posesion y culminara tres (3) meses despues del inicio del periodo constitucional del gobernador o del alcalde respectivo.

ARTICULO 14. Aplazamiento de los procesos de seleccion en curso. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Proteccion Social, para garantizar la participacion en los concursos sin discriminacion de ninguna indole, evitar el contacto entre las personas y propiciar el distanciamiento social, se aplazaran los procesos de seleccion que actualmente se esten adelantando para proveer empleos de carrera del regimen general, especial constitucional o especifico, que se encuentren en la etapa de reclutamiento o de aplicacion de pruebas.

Las autoridades competentes deberan reanudar dichos procesos una vez se supere la Emergencia Sanitaria.

En el evento en que el proceso de seleccion tenga listas de elegibles en firme se efectuaran los nombramientos y las posesiones en los terminos y condiciones señalados en la normatividad vigente aplicable a la materia. La notificacion del nombramiento y el acto de posesion se podran realizar haciendo uso de medios electronicos. Durante el periodo que dure la Emergencia Sanitaria estos servidores publicos estaran en etapa de induccion y el periodo de prueba iniciara una vez se supere dicha Emergencia.

(Reglamentado por el Decreto 1754 de 2020)

ARTICULO 15. Prestacion de servicios durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio. Durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio las autoridades dispondran las medidas necesarias para que los servidores publicos y docentes ocasionales o de hora catedra de instituciones de educacion superior publicas cumplan sus funciones mediante la modalidad de trabajo en casa, haciendo uso de las tecnologias de la informacion y las comunicaciones.

En ningun momento la declaratoria de Emergencia Economica, Social y Ecologica y la declaratoria de Emergencia Sanitaria, asi como las medidas que se adopten en desarrollo de las mismas, podran suspender la remuneracion mensual o los honorarios a los que tienen derecho los servidores publicos o docentes ocasionales o de hora catedra de instituciones de educacion superior publica, respectivamente.

PARAGRAFO. Cuando las funciones que desempeña un servidor publico, un docente ocasional o de hora catedra no puedan desarrollarse mediante el trabajo en casa, las autoridades competentes podran disponer que, durante la Emergencia Sanitaria, y excepcionalmente, estos ejecuten desde su casa actividades similares o equivalentes a la naturaleza del cargo que desempeñan.

ARTICULO 16. Actividades que cumplen los contratistas de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion. Durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio las personas naturales vinculadas a las entidades publicas mediante contrato de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion, continuaran desarrollando sus objetos y obligaciones contractuales mediante trabajo en casa y haciendo uso de las tecnologias de la informacion y las comunicaciones. Aquellos contratistas cuyas obligaciones solo se puedan realizar de manera presencial, continuaran percibiendo el valor de los honorarios durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio, previa verificacion por parte del supervisor de la cotizacion al Sistema General de Seguridad Social. Esto sin perjuicio de que una vez superados los hechos que dieron lugar a la Emergencia Sanitaria cumplan con su objeto y obligaciones en los terminos pactados en sus contratos.

La declaratoria de Emergencia Economica, Social y Ecologica y la declaratoria de Emergencia Sanitaria, asi como las medidas que se adopten en desarrollo de las mismas no constituyen causal para terminar o suspender unilateralmente los contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion celebrados con el Estado.

PARAGRAFO. Para la recepcion, tramite y pago de los honorarios de los contratistas, las entidades del Estado deberan habilitar mecanismos electronicos.

ARTICULO 17. Contratos de prestacion de servicios administrativos. Los contratos de prestacion de servicios administrativos, suscritos por personas juridicas con entidades publicas, cuyo objeto sea la prestacion del servicio de vigilancia, aseo, y/o cafeteria, transporte y demas servicios de esta naturaleza no seran suspendidos mientras dure el aislamiento preventivo obligatorio. Para que se efectue el pago a las empresas contratistas estas deberan certificar el pago de nomina y seguridad social a los empleados que se encuentren vinculados al inicio de la Emergencia Sanitaria.

PARAGRAFO. Para la recepcion, tramite y pago de facturas y cuentas de cobro, las entidades del Estado deberan habilitar mecanismos electronicos.

ARTICULO 18. Reportes a las Aseguradoras de Riesgos Laborales. Las autoridades deberan reportar a las respectivas Aseguradoras de Riesgos Laborales la lista de los servidores publicos y contratistas que durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio presenten sus servicios a traves de teletrabajo o trabajo en casa.

ARTICULO 19. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicacion.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Bogota D.C. a los 28 dias del mes de marzo de 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

(FDO.) IVAN DUQUE MARQUEZ

LA MINISTRA DEL INTERIOR,

ALICIA VICTORIA ARANGO OLMOS

LA MNISTRA DE RELACIONES EXTERIORES,

CLAUDIA BLUM DE BARBERI

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO,

ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA

LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

MARGARITA LEONOR CABELLO BLANCO

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL,

CARLOS HOLMES TRUJILLO GARCIA

EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL,

RODOLFO ENRIQUE ZEA NAVARRO

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL,

FERNANDO RUIZ GOMEZ

EL MINISTRO DE TRABAJO,

ANGEL CUSTODIO CABRERA BAEZ

LA MINISTRA DE MINAS Y ENERGIA,

MARIA FERNANDA SUAREZ LONDOÑO

EL MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO,

JOSE MANUEL RESTREPO ABONDANO

LA MINISTRA DE EDUCACION NACIONAL,

MARIA VICTORIA ANGULO GONZALEZ

LA MINISTRA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (E)

MARIA CLAUDIA GARCIA DAVILA

EL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO,

JONATHAN MALAGON GONZALEZ

LA MINISTRA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES,

SYLVIA CRISTINA CONSTAIN RENGIFO

LA MINISTRA DE TRANSPORTE,

ANGELA MARIA OROZCO GOMEZ

LA MINISTRA DE CULTURA,

CARMEN INES VASQUEZ CAMACHO

LA MINISTRA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION,

MABELGISELA TORRES TORRES

EL MINISTRO DEL DEPORTE,

ERNESTO LUCENA BARRERO