Este protocolo busca facilitar la comprensión e implementación de los procedimientos para solicitar la autorización frente a la adopción de los nuevos trámites creados o autorizados por la ley, así como la revisión de las modificaciones estructurales en el marco de la política de racionalización de trámites ante el Departamento Administrativo de la Función Pública en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 1099 de 2017.