Unidad Nacional de Protección formaliza 1.170 empleos con apoyo de Función Pública

La Formalización Laboral del Empleo Público es una apuesta del Gobierno del Cambio

 

• El Ministerio del Interior oficializó la creación de una planta temporal conformada por 1.170 empleos para la Unidad Nacional de Protección (UNP).

 

• El Plan de Formalización Laboral que lidera Función Pública dignifica la labor de las y los servidores públicos y contribuye a reducir los contratos por prestación de servicios.

 

Bogotá, Colombia, 17 de octubre de 2024

 

El Ministerio del Interior, en cumplimiento de los lineamientos del Gobierno Nacional sobre formalización laboral, concretó la creación de una planta temporal conformada por 1.170 empleos para la Unidad Nacional de Protección (UNP).

De acuerdo con el Decreto 1268 de 2024 del Ministerio del Interior, la planta temporal de la Unidad Nacional de Protección (UNP) estará conformada por 1.000 oficiales de protección grado 15, 16 profesionales especializados grado 14, 64 técnicos administrativos grado 9, 80 profesionales universitarios grado 11 y 10 de grado 1.

La formalización de estos cargos en la Unidad Nacional de Protección (UNP) está enmarcado en el Plan de Formalización Laboral del Empleo Público en Equidad, que lidera Función Pública para mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan prestando servicios públicos.

Con este Plan de Formalización Laboral, los contratos de prestación de servicios disminuirán y se dignificará la labor de las y los servidores públicos con remuneración estable, protección social y garantía de otros derechos fundamentales.

Función Pública destacó este proceso de formalización en la Unidad Nacional de Protección (UNP), en aras de demostrar a otras entidades del orden nacional y territorial que la formalización laboral es posible.

La formalización laboral es una apuesta del Gobierno Nacional y al mismo tiempo un compromiso que se pretende cumplir a partir de los pronunciamientos de las Cortes: Sentencias C-614 de 2009 y C-171 de 2012, en las que se insta al Gobierno para que quienes trabajen para el Estado, lo hagan en condiciones de igualdad frente a quienes se encuentren vinculados como empleados públicos, con criterios meritocráticos y con vocación de permanencia.