Sentencia 00684 de 2005 Consejo de Estado
Fecha de Expedición: 27 de enero de 2005
Fecha de Entrada en Vigencia:
Medio de Publicación:
CONCEJAL HIJO DE PERSONERA MUNICIPAL
- Subtema: Diputado
se ha señalado que el aspecto deontológico de esa figura radica en que es deber de los referidos servidores públicos poner de manifiesto ante la corporación respectiva, las circunstancias que por razones económicas o morales y a sabiendas de las mismas pueden afectar su objetividad, imparcialidad o independencia frente al asunto oficial o institucional que le compete decidir. De tal suerte que la causal de incompatibilidad del diputado no se configura por el sólo hecho de encontrarse en una situación personal o familiar que puede ser directa y específicamente afectada por la respectiva decisión, sino por no manifestarla, a sabiendas de encontrarse en la situación de que se trate, como impedimento para tomar parte en aquélla.
CONCEJAL HIJO DE PERSONERA MUNICIPAL
DIPUTADO - Pérdida de la investidura por conflicto de intereses en elección de contralor / ELECCION DE CONTRALOR - Pérdida de investidura de diputado por conflicto de intereses / CONFLICTO DE INTERESES EN ELECCION DE CONTRALOR - Pérdida de investidura de diputado: irrelevancia de la prescripción del juicio de responsabilidad fiscal
En el caso del sub lite, es claro que la situación personal en que se encontraba el demandado le implicaba un interés específico o directo en la medida en que se trataba de designar nada más y nada menos que el titular y máxima autoridad del organismo de control que lo estaba investigando y que por ende podía tomar una decisión en perjuicio o beneficio suyo; decisión que en últimas iba a depender del funcionario que se iba a elegir en ese entonces, luego sí se daba un conflicto de intereses respecto del encartado y era su deber haberlo manifestado a la membresía de la Corporación, y al haber omitido hacerlo mediante la manifestación de impedimento que la norma le imponía resulta estructurada la causal bajo examen, sin que al efecto tenga relevancia el hecho de que, según ahora se ha planteado, había tenido ocurrencia el fenómeno de caducidad de la acción o prescripción de la responsabilidad fiscal señaladas en el artículo 9 de la Ley 610 de 2000, pues el examen de esas situaciones y lo que cabía proveer era parte justamente del conocimiento del proceso que le correspondía al órgano de control. Declarar o no la ocurrencia de uno u otro fenómeno era de competencia de dicho órgano, que le implicaba, como en efecto lo hizo a petición de parte interesada, examinar la situación procesal y valorarla jurídicamente, toda vez que no es cierto que operen de jure, es decir, de plano o automáticamente, ya que requieren ser declaradas, habida cuenta que se encuentran sujetas a supuestos distintos del sólo transcurso del tiempo que debe verificar el juzgador; y la decisión que se tomara en uno u otro sentido lo beneficiaba o lo perjudicaba, es decir, que la mera circunstancia de que pudiera declararse o no una u otra figura era de su interés personal, directo, específico, y ella iba a depender de un órgano que estaría bajo la dirección suprema del funcionario que en ese momento elegirían. La eventual prescripción en el momento de la elección era un evento futuro que iba a depender del juicio o valoración que de la situación procesal hiciera dicho organismo, por ende, quien resultara electo iba a poder incidir en las resultas de esa valoración. De modo que el encausado faltó a la ética y transparencia con que debía actuar en el asunto, pues a sabiendas de su situación no la informó a la asamblea.
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de enero del dos mil cinco uno(
20051 )
Rad. No.:
4100123310002000398501
Actor: Aristóbulo
Díaz Cleves
Rad. No.: 44001-23-31-000-2004-00684-01
Ref.: Expediente núm.
69676113
Actor: LUZ HELENA GOMEZ LEYVA BBogotá, D. C.., diecisietetrece (1713) de abrilfebrero ..
de dos mil uno (2001).
Consejero Ponente:
Dr. MANUEL S. URUETA AYOLA
Ref.: Expediente Núm.
AC - 116963749
Actor : Aristóbulo
Días ClevesMarco Antonio Urrea
Demandado: YESID GUERRERO REYES
Referencia: APELACIÓN SENTENCIA
Decide
la Sala La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado decide, en sentencia de única instancia el recurso de apelación
que el solicitante ,interpuso contra la sentencia de 2 de
junio de 2004 del Tribunal Administrativo del Tolima, mediante
la cual niega la pérdida de investidura de un diputado del
departamento del mismo nombre.
I.- ANTECEDENTES
1. LA DEMANDAa
solicitud
1.1.
El 31 de marzo de 2004 el señor la ciudadana
LUZ HELENA GOMEZ LEYVA, en
ejercicio de la acción instituida en los artículos 45, 55 y 70 de la Ley 136 de
1994, presentó solicitud para que se decrete la pérdida de investidura
de diputado del departamento del Tolima ostentada por YESID GUERRERO REYES.
1.2.
I.
1. La causal de pérdida de investidura invocada
Los hechos que sirvieron de fundamento a la anterior solicitud se refieren a que el inculpado, elegido diputado para el periodo comprendido entre el 2004 y 2007, dio su voto para la elección del Contralor departamental, justamente por quien resultó elegido, no obstante que en dicho ente de control se le adelantaba proceso de responsabilidad fiscal en su contra, en calidad de ex -alcalde del municipio de Ríoblanco, olvidando que por ello la ética y la moralidad administrativa no le permitían participar activamente en esa elección. Por esa circunstancia incurrió en claro conflicto de interés.
1.3. Esta situación lo hizo incurrir en la violación del artículo 48, numeral 1, de la Ley 617 de 2000, por cuanto tenía interés personal y directo en el asunto decidido con su voto.
2. Contestación de la demanda
El acusado, mediante apoderada, manifiesta, a título de excepción, que no hubo conflicto de intereses porque el citado ente de control, desde mucho antes de la elección del Contralor en la que él intervino, había perdido competencia para pronunciarse sobre su situación fiscal por la ocurrencia de la caducidad o prescripción de la respectiva acción, por lo tanto quien llegara a ese cargo no podía decidir nada distinto que el archivo o cesación de cualquier actuación al respecto.
II.- LA SENTENCIA APELADA.
El a quo, tras reseñar la actuación procesal, la normativa aplicable a este caso, las características o elementos de la causal invocada en la demanda y el acervo probatorio, concluye que al momento en que el demandado participó en la elección del Contralor Departamental no existía interés directo de orden personal que le impidiera ser imparcial para ejercer sus funciones como diputado en esa elección, ya que para la fecha respectiva, 8 de enero de 2004, se encontraba prescrita la acción fiscal que se adelantaba en su contra al tenor del artículo 9º de la Ley 610 de 2000, pues el auto que abrió la investigación fiscal tiene fecha 29 de diciembre de 1998, luego la acción prescribió el 29 de diciembre de 2003, fecha anterior a la elección, por lo cual considera que no configuró la causal invocada en la demanda, cuyas pretensiones negó.
III.- EL RECURSO DE
APELACIONSeñala en lLa
solicitud señala como causal de pérdida de investidura el actor que: “De
acuerdo con lo dispuesto en la del artículo 183 numeral 4 de la
Constitución Política de Colombia, esto es, ‘POR Ila INDEBIDA DESTINACIÓN
DE DINEROS PÚBLICOS’, así como la
violación del artículos 289 de
la Lley 5ª de 1992, actual ‘ Reglamento del Congreso.”
I. 2. Los hechos que
le sirven de fundamento
ESeñala el demandante afirma que el
Representante a la Cámara, Sergio
Cabrera Cárdenas, transgredióvioló las normas constitucionales y
legales antes citadas, pues al actuar como Vicepresidente de la Cámara de Representantes
ordenó y autorizó gastos suntuarios e innecesarios para la Corporación
Legislativa.
De
esa forma Vvioló así las normas de austeridad en el gasto público
expedidos por el Gobierno Nacional, como son los Decretos núms. 1737 y 22909,
ambos de 1998, los cuales prohíben realizar recepciones, fiestas, agasajos o
conmemoraciones con cargo a los recursos públicos.
De
igual manera, continúa el solicitante, se autorizó la contratación de nóminas
paralelas o supernumerarias cuando existía suficiente personal en la planta de
la Corporación parta cubrir todas sus necesidades y exigencias.
Ordenada la corrección de la demanda, el solicitante
adjuntó las actas de la Mesa Directiva, desde la número 001 hasta la 022, las
cuales no necesitan, en su concepto, de un análisis profundo para darse cuenta
de los gastos innecesarios en el presupuesto de esa Institución.
II.- LA CONTESTACIÓN
A LA SOLICITUD
Admitida
la solicitud, según lo previsto en la Lley 144 de 1994, y surtida la correspondiente
notificación al demandado, éste, por conducto de apoderado, que no es cierto
que el Representante a la Cámara Sergio
Cabrera CárdenasCámara de RepresentantesCámara de Representantes,
haya autorizado y ordenado gastos prohibidos por los decretos de austeridad. que,No precisa el demandante quée
gastos se ordenaron y autorizaron y cuales, según su criterio, estaban
prohibidos en aquella época, tTraslada ndo elEl demandante
traslada al juez la carga de la prueba al no dar la debida explicación y
concretar los hechos denunciados, cuando ello es de vital importancia para el
proceso.
No
señala el actor en cuáal de las actas, núms. 001 a 0022, de la Mesa
Directiva de la Cámara de
RepresentantesCámara de Representantes, constan las violaciones a que
se alude en el escrito de corrección de la demanda. El Representante a la
Cámara intervino en la autorización de contratos necesarios para el
funcionamiento de la Corporación, pero no ordenó gasto alguno, ni celebró
contrato alguno a nombre de la Cámara
de RepresentantesCámara de Representantes, toda vez que no se hallaba
facultado para ello. Ejerció el cargo de Vicepresidente con decoro.
Debe
tenerse por no probado el cargo que sustenta la causal invocada, dada su
vaguedad y generalidad.
III. EL TRAMITE
III.
1. Por auto de 2 de agosto de 2000 se concedió al solicitante un término de 10
días para que subsanara los defectos de que adolecía tectados en la
solicitud de pérdida de investidura (v. folios 23 a 25), lo cual hizo dentro
del término otorgado;;
III.
2. Una vez corregidas las falencias mencionadas, por auto de 24 de agosto del
año anterior, se admitió a trámite la solicitud de pérdida de investidura, se
ordenaron las notificaciones de rigor y se comunicó a la Mesa Directiva de la Cámara de RepresentantesCámara
de Representantes, al Consejo
Nacional ElectoralConsejo Nacional Electoral y al Ministro del Interior
(v. folios 95 a 96);;
III. 3. 3. Por
hallarse domiciliado el demandado fuera del país, se comisionó al Cónsul de
Colombia en Valencia -– España para que llevara a caboefecto la
diligencia mencionada (v. folios 99 a 100);
III.
4. Una vez se constituyó en parte el demandado y habiendo otorgado poder, sed
abrió a pruebas el proceso y se señaló fecha y hora para la práctica de la
aAudiencia pPública de que trata el artículo 10 de la Ley 144 de 1994 (v.
folios 162 a 167);
III. 5. 5. En la
fecha y hora señaladas, se llevóo a la cabo la aAudiencia pPública
ya mencionada.
IV. PRUEBAS
Mediante
auto de 23 de enero del año en curso, se abrió a pruebas el presente trámite,
siendo decretadas las siguientes:
IV. 1. Pruebas
documentales
Los
documentos aportados por el solicitante:
IV.
1. 1). La certificación expedida por la Directora Nacional Electoral, en ddonde
consta que Sergio Cabrera Cárdenas
figura elegido como Representante a la Cámara por la Circunscripción de Bogotá,
D. C., en las elecciones de 8 de marzo de 1998, para el período electoral 1998
-– 2002 (v. folio 4);
IV.
1. 2.) La certificación expedida por el Subsecretario General de la Cámara de RepresentantesCámara
de Representantes, en donde se hace constar que Sergio Cabrera Cárdenas fue
elegido Segundo Vicepresidente de la Cámara
de RepresentantesCámara de Representantes para el período legislativo
1998 -– 1999, el día 20 de julio de 1998, según consta en la Gaceta del
Congreso núm. 173 de julio de 1998, y que actuó hasta el 20 de julio de 1999,
fecha en la cual terminó el mandato conferido por la pPlenaria de esa
Corporación.
Además
de lo anterior, que , la Resolución núm. M.D. 0351 de 2000, mediante la cual
se concedióal Representante a la Cámara Sergio Cabrera Cárdenas, mediante Resolución núm. M.D. 0351 de
2000, se le le concediconcedióal demandado da una licencia
no remunerada, del 4 de abril al 30 de septiembre de 2000 y, tomóando
posesión en su reemplazo Edgar Antonio
Ruiz Ruiz. (v. folio5).
IV.
1. 3). Las copias de las actas de la Mesa Directiva núms. 001, de 20 de
julio de 1998;, a 0022, de 13 de julio de 1999 (v. folios 28 a 93).
IV. 2. Pruebas
solicitadas
Mediante
oficio, Ppor Secretaría, se libraron los siguientes oficiosó
a:
IV.
2. 1). A lLa Secretaría General de la Cámara de RepresentantesCámara de Representantes para que
enviara con destino al expediente y a cargo del demandado, “... los soportes
correspondientes sobre las necesidades provenientes de las áreas respectivas de
la Cámara de Representantes, a fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo
y lugar sobre los hechos en que se basa la demanda”, durante el período en el
cual el Representante Sergio Cabrera Cárdenas se desempeñó como miembro de la
Mesa Directiva de esa Corporación, para lo cual se expidiprofirió el
Oficio núm. 127 de 25 de enero de 2001 (v. folio 170).
La
respuesta a esa solicitud obra a folio 5 del cuaderno 1.
IV. 2. 2. 2) A lLa
Secretaría General de la Cámara de
RepresentantesCámara de Representantes para que certificara “... si
hubo delegación de la ordenación del gasto por parte de la Presidencia de la
Mesa Directiva, al señor SERGIO CABRERA, durante el período comprendido entre
el 20 de julio de 1998 al 20 de julio de 1999”, para lo cual se librprofirió el
Oficio núm. 128 de 25 de enero de 2001 (v. folio 170).
La
respuesta a esa solicitud obra a folio 4 del cuaderno 1.
IV. 2. 3. 3) A la
Dirección Administrativa de la Cámara
de RepresentantesCámara de Representantes para que informara “...
cuáles dependencias intervienen en la consecución de bienes y servicios y que
pasos o trámites deben observarse para contratar los mismos”, para lo cual se expidióprofirió
el Oficio núm. 129 de 25 de enero de 2001 (v. folio 170).
La
respuesta a esa solicitud obra a folios 1 a 2 del cuaderno 1.
IV.
2. 4. 4) A la Secretaría General de la Cámara de RepresentantesCámara de Representantes para que
certificara “... a fin de establecer si
el señor ADULFO ENRIQUE LAGO MENDOZA, identificado con la C.C. No. 12.724984 de
Urumita (Guajira), trabaja allí y que cargo desempeña”, para lo cual se librprofirió
el Oficio núm. 130 de 25 de enero de 2001 (v. folio 172).
La
respuesta a esa solicitud obra a folio 3 del cuaderno 1.
IV. 3. Prueba
Testimonial
Se
negó la recepción del testimonio pedido por el apoderado del demandado, en
razón de que no reunía los requisitos señalados en los artículos 219 y 220 del Código de Procedimiento Civil.
IV. 4. Prueba técnica
No
se decretó la práctica de la prueba técnica pedida por el demandado, en razón
de que resultaba abiertamente impertinente e inconducente al no guardar
relación alguna con los hechos por probar, dado que éstos están referidos a la
causal de pérdida de investidura alegada y a ella deben circunscribirse los
medios probatorios.
IV. 5. Inspección
judicial
Se
negó la práctica de la inspección judicial pedida en la contestación de la
solicitud de pérdida de investidura, dado que a través de las copias ordenadassolicitadas
se cumple el objeto de la mismaesa la inspección judicialjudicial
pedida por el demandado.
6.II. 6. Interrogatorio de parte
Señalado
para llevarse a cabo el lunes veintinueve (29) de enero del año en curso, a las
15:00 horas, el interrogatorio a instancia de parte pedido en la contestación
de la demanda, los extremos procesales no acudieron.
V. AUDIENCIA PUBLICA
SHabiéndose señaladao fecha y hora para
llevar a cabo la aAudiencia pPública de que trata el artículo 10 de la
Ley 144 de 1994, a ésta solamente acudieron a ella el apoderado del
demandado y el Procurador Segundo Delegado ante el Consejo de Estado.
La solicitante interpuso en tiempo recurso de apelación contra dicha providencia, alegando al efecto que los 5 años de prescripción deben contarse a partir del 13 de septiembre de 2001, cuando se abre formalmente la investigación fiscal en su contra, amén de que la prescripción debe ser propuesta o alegada por quien quiera aprovecharse de ella, luego no puede ser declarada de oficio, y en este caso no la había alegado el demandado, y que el proceso existe hasta que se dicte cesación de procedimiento y ello fue dispuesto el 20 de marzo de 2004, por lo tanto había un interés directo del diputado en el asunto. En consecuencia, solicita que se revoque la sentencia y se acceda a sus pretensiones.
Indica Que que sobre lo cual ndo al efecto° dictada
dentro del , EenNon pencia del Conponente
y aduce, y aduceen el artículo ,
, ,actorademandada,dondeel queparaen la cual seiirsee,;, cualtantohacer 0pues , Elsella óo que , . dD,,manifiesta que
de ,onde diceeAaMmel cual fue Mmaans,oaoaoa,oaée
IV.- ALEGATOS DE LAS PARTES
Dentro del traslado dado a las partes, el apoderado del demandado sostiene que por efecto de la caducidad ipso jure que se dio el 29 de diciembre de 2003 y la consecuente pérdida de competencia del citado órgano de control, se deduce la ausencia total o absoluta de cualquier posibilidad de interés personal o subjetiva en la elección del contralor departamental por parte de su representado, luego no se configura la causal de pérdida de investidura que se le endilga.
CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO
El Procurador Primero Delegado ante la Corporación manifiesta que de las pruebas allegadas al expediente y la normativa aplicable al asunto, se deduce que los fundamentos del recurso están llamados a prosperar por cuanto el demandado debió declararse impedido para intervenir en la elección de Contralor, pues en su contra se adelantaba el mencionado proceso de responsabilidad fiscal, además de que la prescripción debía ser declarada por la autoridad competente, para lo cual debía examinarse si no se había renunciado a ella o si sus términos habían sido suspendidos o interrumpidos o no.
Por lo anterior concluye que sí se configuró el conflicto de intereses y se debe revocar la sentencia para en su lugar acceder a las pretensiones de la demanda.
, y, queúu;;,, deV. 1. IntervenciónAlegato del Ministerio Público
Señala
el Procurador Segundo Delegado ante el Consejo de Estado que la solicitud
objeto de este proceso no cumple con el requisito de la debida explicación que
señala ala Ley 144 de 1994, en su artículo cuarto.
DLa demanda, presentada en forma tan
elemental y el desgreño con que se hizo, fue presentada, acrecentado con
la falta de interés y la ausencia de quien la firma en las distintas etapas del
proceso, por ejemplo su no asistencia a esta audiencia, no cumple con los
requisitos que señala la Ley 144 de 1994.
Constituye d constituye
, presentada en forma tan elemental,
señor ae el libeloel solicitante se
correcciónl consejero sustanciadoráase dd ..LaEn eso consiste la
corrección. Es decir, que la entonces, al haberse proseguido el proceso, se
constituye configura en , demuestra que es una copia más de las
varias solicitudes de pérdida de investidura plasmadas en el mismo modelo,
incongruentes y carentes de la más elemental técnica jurídica, que, aunque
firmadas por distintos ciudadanos para cada caso, nde las congresistaparlamentario Esta Agencia Fiscal ha puesto de relieve en
anteriores intervenciones ante esta Honorable Sala, la trascendencia que tiene
para la democracia colombiana la participación de los ciudadanos en la
conformación del poder político, con el ejercicio de acciones concretas como
las consagradas en los artículos 40 y 184 de la Constitución. Pero ha insistido
también, y lo reitera en esta oportunidad, en la necesidad de ponerle un
detentor al abuso de esta prerrogativa ciudadana, tratando de corregirla y
perfeccionarla. Además de
Ll esta modalidad6,Nnla asse domientod
Para evitar que esta especie de testaferrato se imponga
como sistema para eludir la sanción que la pérdida de investidura significa, es
necesario, se reitera, que haya mayor severidad en la admisión de la solicitud
o, en su defecto, que se exima la Sala de pronunciar sentencia de fondo estando
tan patente, como en el presente caso, la ineptitud sustantiva de la demanda.
De los distintos memoriales del señor apoderado del
congresista demandado que reposan en el expediente, se deduce la posibilidad de
que la persona que subsanó la demanda no sea la misma que presentó el libelo
inicial y que alguien, con fines no muy claros, está manipulando la solicitud.
iíparco ”", en primer lugar,la , además en segundo
lugart ., es decir, mucho antes del ejercicio parlamentario del señor Cabrera. el Representante demandado el
Representante Cabrera Cárdenasnúmeros mdiatestodas dasndolael
acta“"”,"Cámara de
RepresentantesCámara de RepresentantesCcs
, como dice su texto,deen,,deenEenúm. H. doctor mismasolicitud de
desinvestiduraimpetra Agente del impetra Honorable se ddy hacerdecidir
V. 2. IntervenciónAlegato
del aApoderado del demandado
Para la parte demandada, lLaquel
óolsu del
congresistala la
En el procedimiento especial de pérdida de investidura no
hay investigación previa ni preliminar. Hay, en cambio, admisión de la
solicitud y la concreción del cargo, con base en unos supuestos fácticos que le
deben permitir al representante a la Cámara SERGIO CABRERA ejercer su derecho de defensa, lo cual no sucede
aquí. No se da la debida explicación de conformidad con el art. 4, literal C de
la Ley 144 de 1994. Ante esta situación se viola el derecho de defensa y el
debido proceso.
juicioproceso,eoel acusado Cámara de RepresentantesCámara de Representantesle pidesolicitaesala
instancia correspondiente de esademandadoRepresentante SERGIO CABRERA CARDENAS,durante en el lapso de tiempo de
“"eoíiaáoOgGeo”."durante el ejercicio de su cargo RrdemandadoSergio
Cabrera durante el ejercicio de su cargo,mientras durante el periodo en que en
forma oportuna y transparente que le fueron
a él oportuna y transparentementela Dependencia respectiva de la Cámara de RepresentantesCámara de
Representantesaraeéeáala Cámara de
RepresentantesCámara de RepresentantesaaLlla jJdDSsL2. En l se neE y, esta divisióneoCámara de RepresentantesCámara de RepresentantesAsí mismo, sEs de
resaltar que a pesar de que el Despacho ordenó precisar cuáles o qué conducta y
qué pruebas se tienen por parte del demandante para solicitar y exigir la
perdida de la investidura, esto no se cumplió.
También s CARDENASíiªnorma en la cual fundamenta
su acusación el demandante, tíilisSjJ,Cámara
de RepresentantesCámara de Representantesnúms.No.jJáa“"”",,esta
llostoel actor áanúms.No. se
mos“"”". , contrariando lo dicho por el Consejo de Estado en
sentencia de Octubre 10 de 2.000, expediente AC- 10526, Actor: Jaime Jurado
Alvarán. Consejero Ponente. Dr. TARSICIO
CACERES TORO.
,, por lo cual, .
Es decir, la ,la ,citado SERGIO
CABRERAlLa la Corporación a la
Corporación , pues no se ha demostrado.
Hasta esta etapa procesal no se demostró CARD
ENAS
Por el contrario se allegó la prueba solicitada por el
Despacho a través de Oficio No. S.G.2.0084.01, de fecha 25 de Enero de 2001,
emitido por el Secretario General de la Cámara de Representantes, en donde
dice: En atención a su solicitud de la referencia, me permito manifestar que
una vez revisados los archivos que reposan en esta Secretaria, no se halló acto
administrativo alguno que delegó la ordenación del gasto por arte de la Mesa
Directiva al señor SERGIO FAUSTO CABRERA CARDENAS, durante el periodo
comprendido entro el 20 de Julio de 1.998 al 20 de Julio de 1999. Es decir, no
se han señalado de manera concreta y sin equívocos un hecho o hechos o pruebas
concretas, de donde se pueda deducir que hay irregularidades, que configuran la
causal invocada. Simplemente anexa las
actas de Mesa Directiva y espera que el señor Consejero Ponente asuma la carga
de prueba.
Sucede lo anterior, como un reflejo de la falta de
seriedad con que esta acción constitucional y pública se ha venido manejando
por el ciudadano. Es claro, en esta
demanda tipo pro forma, sabe Dios por quienes y con qué oscuro interés
promovida, no se tiene de presente la naturaleza ético-política de la acción, por
ende su competencia en cabeza del Consejo de Estado y menos aún el carácter
disciplinario que le asiste y de donde se desprende la responsabilidad
subjetiva que pretende endilgársele al Representante SERGIO CABRERA.
Olvida el actor que esta acción constitucional de pérdida
de investidura esta plena de democracia y por ende le asiste derecho al
ciudadano de utilizarla. Con ella lo que se quiero es proteger y salvaguardar
la integridad del Congreso. Es evidente
que estos postulados están ausentes de la motivación que impulsa al demandante
a ocurrir ante el máximo tribunal de lo contencioso administrativo. El
demandante no probó que se haya infringido la ley por parte del Representante
SERGIO CABRERA, cuando invocó la causal de indebida destinación de dineros
públicos. demandado Representante SERGIO CABRERA CARDENAS, alguna alguna algunolLcuando se tipifica de pérdida de investidura,,suel de esta
causal de pérdida de investidura, ( que
lo es, aAonstitución .N.Política)inrevv,a folios 26 y 27 delen elna folio 26 y
27 corresubsanacque la cual había ado. ó corregir. t de correccióníi Además,
No aparece constancia de su recibo, siendo este un
requisito de fondo pues se convierte en sustantivo al configurar la excepción
de fondo por falta de requisitos formales y/o procedimentales, lo que hace nula
la acción, viola el debido proceso, y por lo tanto debe tenerse por no cumplido
este requisito ordenado por el Despacho. Pero la pregunta es: ¿ Porqué ocurrió
esto?, y la respuesta es que la institución de la Perdida de Investidura de los
Congresistas se convirtió en una institución a través de la cual, en este caso,
se quiere atacar políticamente a miembros del Congreso y no la de aplicar su
filosofía, cual es la probidad, transparencia y guarda de la integridad del
Congreso y sus miembros en todas sus actuaciones. Ello se demuestra por la línea de conducta
asumida por el demandante o solicitante dentro de este proceso especial, el
cual no tenía un interés real y verdadero en el proceso y no presentó el mismo
el escrito de subsanación. Y ello es así, ya que es fácil concluir, se
concluye Es decir, que si bien se
realizó presentación personal de la solicitud inicial, no hubo presentación
personal de la subsanación de la demanda ante la Secretaria General o autoridad
competente, y que la firma que aparece a folio 27 (Subsanación de la demanda)
no es la misma que aparece a folio 3 (Solicitud inicial), lo que nos lleva a
concluir que el solicitante señor MARCO ANTONIO URREA, presentó su escrito
inicial, más no así el de la subsanación,Eeme al apoderado del demandado ,.
Quién es realmente el señor MARCO ANTONIO URREA? Es un cuidado Colombiano, que se desempeña
actualmente como Asistente 1, en la Cámara de Representantes, en la Unidad
legislativa del Honorable Representante ANTENOR DURAN CARRILLO, al igual que la
señora CONSTANZA RUBIO, quien labora como asesor 111 de la misma Unidad
Legislativa (Folio 77), y el señor ADULFO LAGO MANDOZA, abogado asesor de la
Comisión Legal de Cuentas. Es decir, los
abogados que aparecen coadyuvando la exigencia del solicitante son empleados de
la Cámara de Representantes. Esto no
sería relevante tratándose de una acción pública de rango constitucional, en
donde todo ciudadano puede intervenir. Lo que no se puede hacer es que en
empeño de lograr la pérdida de la investidura del Representante a la Cámara
SERGIO CABRERA a toda costa, se cometan irregularidades dentro del proceso, por
decir lo menos, y se asalte la buena fe del Consejo de Estado en Pleno. En
verdad el señor URREA vive en la Carrera 7 Este No. 44-20 Sur y no en la
Carrera 9 No. 50-20, Oficina 301, dirección relacionada en su escrito inicial
como su lugar de residencia. Allí conocen es ha la Doctora Constanza Rubio,
compañera de trabajo en la Unidad de Trabajo referida.
Por lo anterior solicito con todo respeto al Despacho, se
decrete prueba técnica grafológica a mí costa, a fin de establecer sí la firma
que obra a folio 27, es hecha por la misma persona que firmo la solicitud que
obra a folio 3, es decir si fueron hechas o no por el solicitante. Solicito se realice esta prueba técnica,sula
del solicitantel escrito de corrección subsanacióncon con nnHa quedado establecido entonces el interés
que asiste a la parte actora en este expediente, es oscuro, fraudulento y
torticero. Por lo anterior solicito respetuosamente al Despacho se DECRETE
probada la excepción de INEPTITUD FORMAL DE LA DEMANDA POR FALTA DE REQUISITOS
PROCEDIMENTALES y se proceda a tomar la medida pertinente.
,EPor el contrario ede la patriael país por motivos de
seguridada donde se . El señor Sergio Cabrera se ó por motivos de seguridad o
allí Cámara de RepresentantesCámara
de Representantes., para ayudarlo en su situación personal de
seguridad.,ddeefectuado ainvocadosrealizados en el escrito de corrección de la
misma , cotejadosellosa su vez cotejados Representante a la CámaraciudadanoCARDENAS, congresistaparlamentarioóopar
,uóúoa ll
VI.- DECISIÓN
No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto planteado, previas las siguientes
CONSIDERACIONES
IV. 1. Competencia de la Sala
La
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es la
competente para conocer de la apelación de las sentencias proferidas en
procesos de solicitud de pérdida de investidura de concejales y
diputadoscongresistas, de una parte, en virtud del artículo
48 parágrafo 2º de la Ley 617 de 2000, que instituye la segunda instancia para
tales procesos; y, de otra parte,
atendiendo la decisión de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo de enero 25 de 1995, en donde sequeel
cual estableceseñala que las impugnaciones contra las sentencias de
pérdida de investidura, proferidas por los Tribunales Administrativos, son de
conocimiento de la Sección Primera del Consejo de Estado la misma.
lo dispuesto en los artículos 184 y 237, numeral 5, de la Constitución Política;, 1º de la Ley 144 de 19947; y 37, numeral 7º, de la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia.
V. 2. La excepción de
inepta demanda
Tanto
el Agentes del Ministerio Público como el apoderado del demandado coinciden enal
proponer la excepción de inepta demanda y, por ende, solicitan, que así se
declare.
La
ineptitud formal de la demanda se presenta cuando le faltan requisitos formales
o en ella se detecta una indebida acumulación de pretensiones, según así lo
establece el numeral séptimo del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil.
En
el presente caso, el artículo 4º de la Ley 144 de 1994, señala que la solicitud
de pérdida de investidura de un congresista, debe formularse por escrito y
contener, al menos:
“a) Nombre y
apellidos, identificación y domicilio de quien la formula;
“b) Nombre del Ccongresista
ycon su acreditación expedida por la Oorganización Eelectoral
Nnacional;
“c) Invocacióntoria
de la causal por la cual se solicita la pérdida de la investidura y su debida
explicación;
“d) La solicitud de
práctica de pruebas, si fuere del caso, u;
“e) Dirección del
lugar en donde el solicitante recibirá las notificaciones a que haya lugar.
“Parág.PAR.- No será necesario formular la solicitud a través de apoderados.”.
En el análisis de los requisitos de la solicitud de
pérdida de investidura de congresista, no debe olvidarse que se está frente a
una acción pública, cuyo ejercicio no necesita de apoderado, razón por la cual
el juez debe ser amplio al ejercer su facultad de interpretar la demanda, sin
incurrir en tolerancia con el uso temerario de la acción.
ellos , Cárdenaséedio
aáóea sí rrrealloaelsu oportuno el
material probatoriola intención del demandante
Las razones anteriores muestran que no prospera la
excepción de ineptitud de la demanda que proponen el Ministerio Público y el
demandado.
De
otra parte, el Agente del Ministerio Público y el apoderado del Representante a
la Cámara consideran que la demanda no ha debido tramitarse porque la firma que
aparece en el escrito de corrección de la solicitud no es la misma de la
persona que suscribió el escrito inicial, de donde concluyen que el actor no
obedeció el auto que ordenó la corrección de la demanda. Decretada, de oficio,
una prueba grafológica, pudo establecerse que la firmas procedían de la misma
persona, lo cual deja sin fundamento la excepción de ineptitud formal de la
demanda por falta de requisitos procedimentales.
Las
razones anteriores demuestran que no prosperan las excepciones propuestas por
el Ministerio Público y el demandado.
V. 3. La péerdida
de investidura.
El artículo 184 de la
Carta Política estipula que cualquier ciudadano o la mesa directiva de la
Cámara correspondiente puede solicitar la pérdida de investidura de los
congresistas, y el artículo 183 ibídem señala las causales que se pueden
invocar para el efecto. De conformidad con el artículo 277, numerales 6 y 7,
ibídem, también la puede solicitar ejercer el Procurador General de la
Nación, directamente, o por intermedio de sus delegados.
La Sala ha reiterado
en varias ocasiones el carácter de mecanismo del control político y ético que
tiene esta acción pública, y su consecuente finalidad de purificar las
costumbres políticas, rescatar la dignidad e imagen del Congreso de la
República y enaltecer la dignidad del Congresista, así como asegurar la necesaria
dedicación de sus integrantes a las funciones que les corresponde por mandato
de la Constitución y la lLey.
2. Procedibilidad de la acción
,por
cuanto
Se encuentra acreditado que el demandado adquirió el señor la
condición de diputado del departamento del TolimaMm,
para el período 2004-2007, según copia auténtica del acta
de posesión en ese cargo ( folio 35 ) y de la respectiva
credencial que le expidió el Consejo Nacional Electoral (folio 29).
Ello significa que el acusado es sujeto pasivo de la presente acción de pérdida de la investidura que ha sido incoada, atendido el artículo 48 de la Ley 617 de 2000.
I3. Examen de la situación procesal
3.1.
IV.Se encuentran igualmente demostrado en el proceso:
- Que como diputado intervino en la elección del Contralor de ese departamento el 8 de enero de 2004, según el acta de la respectiva sesión (folio 10 a 17), en la cual se observa que respaldo de manera expresa el nombre de quien resultó electo1, quien lo fue por unanimidad, lo que permite deducir que igualmente votó a favor de éste;
- Que por auto 090 de 29 de diciembre de 1998, de cierre de diligencias preliminares y apertura de investigación fiscal, la División de Investigaciones Fiscales de la Contraloría Departamental del Tolima, vinculó a dicha investigación, entre otros, al señor YESID GUERRERO REYES en calidad de alcalde en ese entonces del municipio de Ríoblanco (folios 40 y 41), y
- Que por auto No. 020 de 23 de marzo de 2004 la Dirección Técnica de Responsabilidad, del mismo ente de control, dispuso la cesación del respectivo proceso de responsabilidad fiscal y ordenó el archivo de esas diligencias, por encontrar prescrita la correspondiente acción a solicitud de varios de los otros vinculados al proceso. Dicho auto le fue notificado al encausado el 5 de abril de 2004 (folios 42 a 50)
3.2.- De lo anterior se deduce que a la fecha de la mencionada elección de Contralor, el demandado se encontraba vinculado a un proceso de acción de responsabilidad fiscal adelantado por la Contraría Departamental, pues el cese del mismo se produjo un poco más de 2 meses después de aquella elección.
3.3.-
Así las cosas la cuestión se contrae a establecer si esa situación configura o
no la causal de pérdida de la investidura que se le endilga al inculpado, cual
es la descrita en el artículo 48 de la Ley 617 de 2000, la violación del
régimen de intereses, cuyo tenor es el siguiente:-–IincompatibilidadesincompatibilidadesSe
encuentra debidamente acreditado por los solicitantes que Cc-–el doctor
JUAN IGNACIO CASTRILLÓN ROLDAN, es sujeto pasivo de la acción incoada, según
certificación l este núm. 1atrás relacionada.
IV.
“ART. 55 (Ley 136 de 1994) Los concejales perderán su investidura por:
“1. La aceptación o
desempeño de un cargo público, de conformidad con el artículo 291 de la
Constitución Política, salvo que medie renuncia previa, caso en el cual deberá
informar al presidente del Concejo o en su receso al alcalde sobre este hecho.
“2. Por violación del
régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses.
“3. Por indebida
destinación de dineros públicos.
“4. Por tráfico de
influencias debidamente comprobado.
“La pérdida de la
investidura será decretada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de
la respectiva jurisdicción, siguiendo el procedimiento establecido para los
congresistas, en lo que corresponda”.
“ARTÍCULO 48 ( Ley 617 de 2000 ) Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura:
“1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general.
Por violación del régimen de
incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No existirá conflicto de
intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o
diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general.
“2. Por la inasistencia
en un mismo período de sesiones a cinco (5) reuniones plenarias o de comisión
en las que se voten proyectos de ordenanza o acuerdo, según el caso.(...)”
“3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los tres
(3) días siguientes a la fecha de instalación de las asambleas o concejos,
según el caso, o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse.
“4. Por indebida destinación de dineros públicos.
“5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado.
“6. Por las demás causales expresamente previstas en la
ley.
“PARÁGRAFO 1º. Las causales 2 y 3
no tendrán aplicación cuando medie fuerza mayor.
“
“PARÁGRAFO 2º.
La pérdida de la investidura será decretada por el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo con jurisdicción en el respectivo departamento de acuerdo con la
ley, con plena observancia del debido proceso y en un término no mayor de
cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados a partir de la fecha de la
solicitud formulada por la mesa directiva de la asamblea departamental o del
concejo municipal o por cualquier ciudadano. La segunda instancia se surtirá
ante la sala o sección del Consejo de Estado que determine la ley en un término
no mayor de quince (15) días”.
“ART. 55. (Ley 136
de 1994) Los concejales perderán su investidura por:
1. La aceptación o desempeño de un cargo público, de
conformidad con el artículo 291 de la Constitución Política, salvo que medie
renuncia previa, caso en el cual deberá informar al presidente del Concejo o en
su receso al alcalde sobre este hecho.
2, Por violación del régimen de inhabilidades,
incompatibilidades o de conflicto de intereses.
3. Por indebida destinación de dineros públicos.
4. Por tráfico de influencias debidamente comprobado.
La pérdida de la investidura será decretada por el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la respectiva jurisdicción,
siguiendo el procedimiento establecido para los congresistas, en lo que
corresponda.”
“ARTÍCULO 48. (Ley
617 de 2000) Pérdida de investidura de
diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de juntas
administradoras locales. Los diputados y concejales municipales y
distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su
investidura:
1.Por violación del régimen de incompatibilidades o del
de conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate
de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de
condiciones a las de la ciudadanía en general.
2. Por la inasistencia en un mismo período de sesiones a
cinco (5) reuniones plenarias o de comisión en las que se voten proyectos de
ordenanza o acuerdo, según el caso.
3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los tres (3)
días siguientes a la fecha de instalación de las asambleas o concejos, según el
caso, o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse.
4. Por indebida destinación de dineros públicos.
5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado.
6. Por las demás causales expresamente previstas en la
ley.
PARÁGRAFO 1º. Las causales 2 y 3
no tendrán aplicación cuando medie fuerza mayor.
PARÁGRAFO 2º. La pérdida de la
investidura será decretada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con
jurisdicción en el respectivo departamento de acuerdo con la ley, con plena
observancia del debido proceso y en un término no mayor de cuarenta y cinco
(45) días hábiles, contados a partir de la fecha de la solicitud formulada por
la mesa directiva de la asamblea departamental o del concejo municipal o por
cualquier ciudadano. La segunda instancia se surtirá ante la sala o sección del
Consejo de Estado que determine la ley en un término no mayor de quince (15)
días.”
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” .””.
La jurisprudencia de esta Sala tiene dicho que de esa disposición se desprende que el interés que puede generar conflicto con el asunto de que se trate debe ser directo, es decir que el efecto que la decisión pueda tener en las personas que como servidores públicos intervienen en ella sea inmediato, sin consideración a circunstancias o elementos externos a la decisión; que se produzca de forma especial respecto de ellas, de su cónyuge o de un pariente suyo, es decir, particular y concreta, sea en su beneficio o en su perjuicio; y que además no se manifieste el impedimento por esa situación personal o familiar en el trámite del asunto, y así lo ha consignado reiterada y ampliamente la Sala Plena de lo Contencioso Administrativa de esta Corporación cuando se ha ocupado del asunto con ocasión de procesos de pérdida de la investidura de los congresistas.
incompatibilidadesincompatibilidadesSe encuentra debidamente acreditado por los solicitantes que Cc-–el doctor JUAN IGNACIO CASTRILLÓN ROLDAN, es sujeto pasivo de la acción incoada, según certificación l este núm. 1atrás relacionada.
IV.
“
Asimismo, se ha señalado que el aspecto deontológico de esa figura radica en que es deber de los referidos servidores públicos poner de manifiesto ante la corporación respectiva, las circunstancias que por razones económicas o morales y a sabiendas de las mismas pueden afectar su objetividad, imparcialidad o independencia frente al asunto oficial o institucional que le compete decidir. De suerte que la causal no se configura por el sólo hecho de encontrarse en una situación personal o familiar que puede ser directa y específicamente afectada por la respectiva decisión, sino por no manifestarla, a sabiendas de encontrarse en la situación de que se trate, como impedimento para tomar parte en aquélla.
3.4. En el caso del sub lite, es claro que la situación personal en que se encontraba el demandado le implicaba un interés específico o directo en la medida en que se trataba de designar nada más y nada menos que el titular y máxima autoridad del organismo de control que lo estaba investigando y que por ende podía tomar una decisión en perjuicio o beneficio suyo; decisión que en últimas iba a depender del funcionario que se iba a elegir en ese entonces, luego sí se daba un conflicto de intereses respecto del encartado y era su deber haberlo manifestado a la membresía de la Corporación, y al haber omitido hacerlo mediante la manifestación de impedimento que la norma le imponía resulta estructurada la causal bajo examen, sin que al efecto tenga relevancia el hecho de que, según ahora se ha planteado, había tenido ocurrencia el fenómeno de caducidad de la acción o prescripción de la responsabilidad fiscal señaladas en el artículo 92 de la Ley 610 de 2000, pues el examen de esas situaciones y lo que cabía proveer era parte justamente del conocimiento del proceso que le correspondía al órgano de control.
Declarar o no la ocurrencia de uno u otro fenómeno era de competencia de dicho órgano, que le implicaba, como en efecto lo hizo a petición de parte interesada, examinar la situación procesal y valorarla jurídicamente, toda vez que no es cierto que operen de jure, es decir, de plano o automáticamente, ya que requieren ser declaradas, habida cuenta que se encuentran sujetas a supuestos distintos del sólo transcurso del tiempo que debe verificar el juzgador; y la decisión que se tomara en uno u otro sentido lo beneficiaba o lo perjudicaba, es decir, que la mera circunstancia de que pudiera declararse o no una u otra figura era de su interés personal, directo, específico, y ella iba a depender de un órgano que estaría bajo la dirección suprema del funcionario que en ese momento elegirían. La eventual prescripción en el momento de la elección era un evento futuro que iba a depender del juicio o valoración que de la situación procesal hiciera dicho organismo, por ende, quien resultara electo iba a poder incidir en las resultas de esa valoración.
De modo que el encausado faltó a la ética y transparencia con que debía actuar en el asunto, pues a sabiendas de su situación no la informó a la asamblea, la cual era la que debía determinar si por la circunstancia que ahora alega, o por cualquiera otra, estaba o no impedido frente al respectivo punto del orden del día, como sí lo hizo uno de sus colegas, el entonces Presidente de la duma, quien estando en su misma situación de procesado fiscalmente por el referido ente departamental, así lo manifestó y se abstuvo de tomar parte en el vasunto, (sic) según consta en el acta de la sesión (folio 14, párrafo tercero).
En consecuencia, en armonía con las apreciaciones del Procurador Primero Delegado ante la Corporación, la Sala encuentra fundadas las razones del recurso de apelación interpuesto por la actora, es decir, que el demandado, en calidad de diputado del departamento del Tolima, sí incurrió en causal de pérdida de investidura por conflicto de intereses y que por ello se debe decretar dicha medida, para lo cual es menester revocar la sentencia apelada, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia.
En
mérito de lo expuesto, la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del el CConsejo de Estado, Sala
Plena dde lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero.-RIMERO. REVÓCASE Ola sentencia
apelada, de 2 de junio de 2004 del Tribunal Administrativo
del Tolima y, en su lugar, DECRÉTASE
la pérdida de investidura del diputado del departamento del Tolima YESID GUERRERO REYES.
Segundo.- COMUNÍQUESE esta providencia al Presidente de la Asamblea del departamento del Tolima para la de su competencia.
SEGUNDO., en sustitución del abogado JOSE EUDORO NARVÁEZ
VITERI.
En firme esta decisión, regrese el expediente al tribunal de origen.
Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.
La
anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala Plena en su
sesión de
27 de enero marzofebrero 1114 de junio...
de octubre ...del 2005.
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RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA |
CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE
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Presidente
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GABRIEL E. MENDOZA MARTELO |
OLGA INES NAVARRETE BARRERO |
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NOTAS DE PIE DE PÁGINA
1 A ese efecto dijo el diputado Yesid Guerrero Reyes: “...en la contraloría sabemos que va a quedar un hombre con mucha sabiduría que será suficiente garantía para los Tolimenses y será suficiente garantía para la comunidad el tener la figura de MARIANO RODRÍGUEZ en la Contraloría del Departamento del Tolima” (folio 13).
2 El citado artículo distingue entre la caducidad de la acción y la prescripción de la responsabilidad fiscal, así: “ARTICULO 9o. CADUCIDAD Y PRESCRIPCION. La acción fiscal caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia del hecho generador del daño al patrimonio público, no se ha proferido auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Este término empezará a contarse para los hechos o actos instantáneos desde el día de su realización, y para los complejos, de tracto sucesivo, de carácter permanente o continuado desde la del último hecho o acto.
La responsabilidad fiscal prescribirá en cinco (5) años, contados a partir del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, si dentro de dicho término no se ha dictado providencia en firme que la declare.
El vencimiento de los términos establecidos en el presente artículo no impedirá que cuando se trate de hechos punibles, se pueda obtener la reparación de la totalidad del detrimento y demás perjuicios que haya sufrido la administración, a través de la acción civil en el proceso penal, que podrá ser ejercida por la contraloría correspondiente o por la respectiva entidad pública”.