FUENTE FORMAL: CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 69 / CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTICULO 73 / CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTICULO 85 / CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 136

FUENTE FORMAL: CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 69 / CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 73 / LEY 1437 DE 2011 – ARTICULO 93

FUENTE FORMAL: CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 69 / LEY 1437 DE 2011 – ARTICULO 93

FUENTE FORMAL: CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 70 / LEY 1437 DE 2011 DE 2011 – ARTICULO 95

FUENTE FORMAL: CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 71 / LEY 1437 DE 2011 – ARTICULO 95 PARAGRAFO

El artículo 96 de la Ley 1437 de 2011 mantuvo la redacción original del artículo 72 del Decreto 01 de 1984 en el entendido de que la petición de revocatoria, así como la decisión a dicha solicitud, no cuenta con la entidad suficiente para revivir los términos legales para acudir ante esta jurisdicción mediante los medios de control, así como tampoco da lugar a la aplicación del silencio administrativo.

FUENTE FORMAL: CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 72 / LEY 1437 DE 2011 – ARTICULO 96

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTICULO 97 / LEY 1437 DE 2011

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 2 de agosto de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda promovida por AMELIA GUIO VERGARA contra Bogotá Distrito Capital – Secretaría de Educación Distrital.

La señora Amelia Guio Vergara, a través de apoderado judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, para solicitar la nulidad de los siguientes actos administrativos:

2. Resolución No. 3140 de 29 de julio de 2005, por la cual el Secretario de Educación del Distrito de Bogotá confirmó en todas sus partes la Resolución No. 998 de 2005 al resolver un recurso de reposición formulado en su contra.

Así mismo, solicitó que se ordene el cumplimiento de la presente sentencia en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo, y que se disponga la condena en costas.

Las pretensiones de la demanda se sustentan en los siguientes hechos:

Se sostuvo en la demanda que, mediante Resoluciones Nos. 1162 de 20 de octubre de 2004 y 0036 de 17 de enero de 2005, se revocaron los actos administrativos mediante los cuales se había ascendido a la señora Amelia Guio Vergara a los grados 8, 9, 10, 11 y 12 del Escalafón Nacional Docente.

En la demanda se citan como normas vulneradas las siguientes:

De la Constitución Política, los artículos 1, 2, 25 y 29.

Del Código Contencioso Administrativo, los artículos 38 y 84.

El Decreto 101 de 2004.

Al explicar el concepto de violación en la demanda se sostiene que los actos acusados vulneran uno de los fines esenciales del Estado, esto es, la garantía y efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política, entre ellos el derecho fundamental al trabajo, a la dignidad humana y a la prevalencia del interés general.

Se argumentó que, la administración no podía ordenarle a la demandante el reintegro del supuesto mayor valor pagado por concepto de salarios y prestaciones, toda vez que la señora Amelia Guio Vergara si laboró el período de tiempo comprendido entre el 10 de marzo de 1995 y el 28 de febrero de 2005, tal como lo precisó el fallo disciplinario de 10 de marzo de 2005.

Manifestó que, la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá incurrió en una contradicción, dado que mientras el proceso disciplinario adelantado en contra de la demandante concluyó con su archivo definitivo, con posterioridad, y mediante acto administrativo, se le ordenó la devolución de las sumas de dinero pagadas con el argumento de que las mismas constituían un incremento patrimonial injustificado.

Finalmente, manifestó que los actos demandados adolecen del vicio de desviación de poder dado que el Secretario de Educación Distrital de Bogotá se arrogó una facultad que no le confiere la ley, así como tampoco el Decreto distrital 101 de 2004, esto en cuanto ordenó el reintegro del supuesto mayor valor pagado a la demandante por concepto de salarios y prestaciones, con ocasión de sus ascensos en el Escalafón Nacional Docente.

La Secretaría de Educación Distrital de Bogotá contestó la demanda con los siguientes argumentos (fls. 61 a 70, cuaderno No. 1):

Se refiere en primer lugar, a que los actos administrativos demandados se encuentran motivados conforme a la normatividad vigente para el momento de su expedición, esto es, de acuerdo a lo dispuesto en el estatuto docente, Decreto 2277 de 1979, modificado por la Ley 715 de 2001 y reglamentado por los Decretos 259 de 1981, 709 de 1996 y 1095 de 2005.

Preciso que, de acuerdo con el principio de sostenibilidad del sistema general de participaciones, previsto en el artículo 24 de la Ley 715 de 2001, en ningún caso podía registrarse un ascenso en el Escalafón Nacional Docente, a partir del grado 7, sin haber cumplido el requisito de permanencia en cada uno de los grados y sin homologarse los estudios de pregrado y postgrado, desde el grado 10 del referido escalafón.

Se argumentó que, las anteriores previsiones no vulneran los principios de la carrera docente dado que el legislador, en ejercicio de su amplia libertad de configuración legislativa, podía fijar los requisitos para el ingreso y el ascenso en el Escalafón Nacional Docente, en relación con cada uno de sus niveles, con fundamento en el mérito de los educadores y con el único propósito de garantizar la idoneidad ética y pedagógica de los mismos.

Así mismo manifestó que, la demandante no contaba con la legitimidad para acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a demandar los actos mediante los cuales se le ordenó el reintegro de las sumas de dinero pagadas por concepto de salarios y prestaciones toda vez que, estaba claro que no cumplía con los requisitos exigidos por el estatuto docente para ascender en el escalafón y, en consecuencia, devengar esas sumas de dinero.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, negó las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos (fls. 120 a 127, cuaderno No.1):

Indicó que, los actos acusados que le ordenaron a la demandante el reintegro de las sumas de dinero pagadas por concepto de salarios y prestaciones sociales, tienen su fundamento en una actuación administrativa a la cual se le vinculó en debida forma, y en el curso de la cual no pudo demostrar la veracidad y autenticidad de las certificaciones laborales que utilizó para obtener una serie de ascensos ilegales en el Escalafón Nacional Docente.

Se sostuvo que, los actos que ordenan el reintegro del mayor valor pagado a la demandante no constituían una sanción sino que, por el contrario, tenían el carácter de una medida administrativa que perseguía velar y proteger la correcta utilización de los dineros públicos, dentro de una obligación legal que le asistía sin que fuera necesario contar con el consentimiento de la señora Amelia Guio Vergara.

Se precisó que, ni la Constitución Política ni la ley le prohíben a la administración la posibilidad de adoptar este tipo de medidas, tendientes a proteger el patrimonio público. Por el contrario, puntualizó el A quo que, la función pública se encuentra instituida precisamente para proteger los bienes, valores y recursos del Estado en los casos en que éstos han sido apropiados por medios ilegales.

En este sentido, se indicó que el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo autoriza a la administración a revocar directamente los actos administrativos obtenidos por medios ilegales, sin necesidad del consentimiento escrito del particular respecto del cual se crea o modifica una situación jurídica concreta.

Así las cosas, concluyó el Tribunal que la administración en el caso concreto en ningún momento vulneró el derecho al debido proceso de la demandante, razón por la cual debían negarse las pretensiones de la demanda.

La parte actora interpuso recurso de apelación contra el anterior proveído (fl.139 a 145, cuaderno No.1):

Se argumenta en el recurso de apelación que, tal como lo estimó la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, la señora Amelia Guio Vergara prestó efectivamente sus servicios como docente durante el período comprendido entre el 10 de marzo de 1995 y el 28 de febrero de 2005 por lo que resultaba incorrecto hablar de enriquecimiento injustificado frente al pago de los salarios y prestaciones sociales por una actividad debidamente ejecutada.

Reiteró la demandante el argumento según el cual, no podían existir decisiones contradictorias frente a su caso particular, las cuales para el caso concreto estaban dadas por un lado en el archivo definitivo de la investigación disciplinaria adelantada en su contra y, por el otro, en las resoluciones que ordenaron la devolución del supuesto mayor valor pagado por concepto de salarios y prestaciones, producto del ascenso en el escalafón docente.

Se sostuvo que, teniendo en cuenta que la demandante fue exonerada de responsabilidad disciplinaria y fiscal, no resultaba procedente que la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá con fundamento en hechos que ya fueron objeto de debate jurídico ordenara la devolución de las sumas de dinero que erradamente considera mayor valor pagado a la señora Amelia Guio Vergara, por la prestación del servicio docente.

Finalmente, sostuvo la parte apelante que el Secretario de Educación Distrital de Bogotá no tenía competencia para revocar los actos administrativos mediante los cuales se dispuso el ascenso en el Escalafón Nacional Docente de la señora Amelia Guio Vergara y, mucho menos, ordenar el reintegro de los valores pagados con ocasión de dichos ascensos, dado que ni en el Decreto distrital 101 de 2004, ni en la ley está prevista dicha facultad favor de la administración.

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir previas las siguientes consideraciones.

Corresponde a la Sala precisar si, con ocasión de la revocatoria directa de los actos administrativos mediante los cuales la demandante obtuvo, en forma ilegal, varios ascenso en el escalafón nacional docente, la administración podía, motu proprio, solicitarle a ésta el reintegró del mayor valor pagado por concepto de salarios y prestaciones sociales correspondientes a los ascensos en los grados 8, 9, 10, 11 y 12 del referido escalafón.

Resolución No. 3140 de 29 de julio de 2005, por la cual el Secretario de Educación del Distrito de Bogotá confirmó en todas sus partes la Resolución No. 998 de 2005 al resolver un recurso de reposición formulado en su contra (fls. 8 a 16, cuaderno No. 1).

Para efectos del desarrollo de esta providencia la Sala adopta el siguiente esquema metodológico:

I. De la revocatoria directa de los actos administrativos, en vigencia del Decreto 01 de 1984.

II. De la revocatoria directa de los actos administrativos, en vigencia de la Ley 1437 de 2011.

III. De los efectos de la revocatoria directa de los actos administrativos.

IV. Consideraciones de la Sala.

a. De la actuación administrativa seguida en contra de la demandante

b. Del caso concreto

Estima la Sala, sobre este particular, que el artículo 29 de la Constitución Política establece como derecho fundamental el debido proceso el cual, entre otros aspectos, conlleva a que la administración, en el marco de un Estado de Derecho, esté sometida a procesos reglados y al respeto por sus propios actos, esto como, límite al ejercicio del poder público y garantía a favor de los administrados.

No obstante lo anterior el ordenamiento jurídico ha previsto unas excepciones, al principio general del respecto al acto propio, contenidas en los artículos 69 y 73 del Código Contencioso Administrativo, Decreto 01 de 1984. En efecto, advierte la Sala, en primer lugar, que el referido artículo 69 establece las causales que dan lugar a la revocatoria directa de los actos administrativos, por parte de los mismos funcionarios que los expiden, por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, únicamente en los eventos en que: i) sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o la ley; ii) no se encuentren conformes al interés público o social y iii) cuando con ellos se cause un agravio injustificado a una persona.

Para mayor ilustración se transcribe el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, Decreto 01 de 1984:

Así se establece en el artículo 73 de la referida codificación:

Pero habrá lugar a la revocación de esos actos, cuando resulten de la aplicación del silencio administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el artículo 69, o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales.

En este punto, la Sala considera pertinente señalar que, en lo que se refiere a la interpretación y aplicación del inciso segundo del artículo 73 ibídem, la Sala Plena de esta Corporación, en un primer momento, mediante sentencia de 1 de septiembre de 1998. Rad. S-405 M.P. Javier Díaz Bueno sostuvo que, la administración contaba con la posibilidad de revocar actos administrativos de contenido particular y concreto, sin el consentimiento de su titular, únicamente cuando estos tuvieran origen en el silencio administrativo positivo.

Así se expresó por parte de la Sala Plena en esa ocasión:

Para mayor ilustración se transcriben los apartes pertinentes de la citada providencia:

En efecto, a la luz de esas normas, la administración contaba con la posibilidad de revocar actos administrativos de contenido particular en el evento en que su ilicitud sea evidente u ostensible. Así las cosas, como lo sostuvo la sentencia en cita, no se trata de que la autoridad pública intuya o sospeche sobre la ilegalidad de los medios utilizados para obtener el acto, tal circunstancia, a juicio de la Sala, debe estar debidamente documentada y probada dentro de la actuación administrativa que, en todo caso, precede la expedición del acto que contenga la decisión de la revocatoria, tal como lo ordena el artículo 74 del Código Contencioso Administrativo.

Con ocasión de la entrada en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, la Sala se pertinente señalar que, en la nueva codificación, el instituto de la revocatoria directa de los actos administrativos, conserva varios de los aspectos ya previstos en el Decreto 01 de 1984. Sin embargo, también, debe decirse que se introducen importantes modificaciones, las cuales se ponen de presente en los siguientes términos.

Finalmente, en punto de las causales de revocatoria de los actos administrativos el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011 conserva en idéntico sentido las previstas en el artículo 69 de Decreto 01 de 1984, a saber: i) cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley ii) cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él y iii) cuando con ellos se cause un agravio injustificado a una persona.

El artículo 70 del derogado Decreto 01 de 1984 establecía que no podía solicitarse, en general, la revocatoria de los actos administrativos siempre que el interesado hubiera hecho uso de los recursos de la vía gubernativa. No obstante lo anterior, en el nuevo código, artículo 94, tal prohibición se conserva únicamente respecto de la primera causal de revocatoria, a saber, cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley y, en términos generales, se erige la prohibición de solicitar la revocatoria cuando haya operado el fenómeno de la caducidad frente al acto administrativo, sin importar la causal que se invoque para su revocatoria.

Bajo estos supuestos, en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo el interesado en obtener la revocatoria de un acto administrativo podrá solicitarla entre su ejecutoria y la oportunidad para hacer uso del medio de control correspondiente, o hasta la eventual notificación del auto admisorio como se verá más adelante⁹.

En lo que toca con la oportunidad para solicitar la revocatoria de los actos administrativos, el artículo 95 de la Ley 1437 de 2011 introduce una serie de importantes modificaciones entre las que se observan, en primer lugar, la posibilidad con que cuenta el administrado de solicitar la revocatoria de un acto administrativo aún en el evento de haber acudido ante esta jurisdicción, siempre que no se le hubiera notificado el auto admisorio de la demanda, caso en el cual la autoridad pierde competencia para su revocación directa.

Así mismo, el artículo 95 ibídem reduce el término con que cuenta la administración para resolver la solicitud de revocatoria, a dos meses, respecto del previsto en el artículo 71 del Decreto 01 de 1984, en todo caso contados a partir del momento en que se radica la respectiva solicitud de revocatoria directa.

Sobre este particular se observa que el referido artículo 96 de la Ley 1437 de 2011 mantuvo la redacción original del artículo 72 del Decreto 01 de 1984 en el entendido de que la petición de revocatoria, así como la decisión a dicha solicitud, no cuenta con la entidad suficiente para revivir los términos legales para acudir ante esta jurisdicción mediante los medios de control, así como tampoco da lugar a la aplicación del silencio administrativo.

Finalmente, el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011, en punto de la revocatoria de un acto administrativo particular aclara, en primer lugar, que la denominación acto administrativo comprende no sólo los actos expresos sino también a los fictos, categoría esta última que no se advertía de manera expresa en el artículo 73 del Decreto 01 de 1984.

Advierte la Sala que, en lo que respecta a la posibilidad con que contaba la administración para revocar actos administrativos de carácter particular, en los eventos en los que concurría alguna de las causales de revocatoria ya citadas, para el caso de los actos fictos positivos, o si fuere evidente la ilegalidad en su expedición, la misma desaparece del nuevo estatuto de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En efecto, los dos incisos finales del artículo 97 de la Ley 1437 de 2011 preceptúan que en los casos en que la administración considere la inconstitucionalidad o ilegalidad de un acto administrativo, o que su expedición tuvo lugar por medios ilegales o fraudulentos, deberá acudir ante ésta jurisdicción, para demandarlos, siempre que no cuente con el consentimiento, previo, expreso y escrito del titular de los derechos reconocidos en el respectivo acto administrativo.

Así las cosas, en vigencia de la Ley 1437 de 2011 la administración sólo podrá revocar un acto administrativo de carácter particular, en los eventos en que cuente con el consentimiento del administrado. En caso contrario, deberá cuestionar su constitucionalidad o legalidad a través del respectivo medio de control, en los términos del artículo 97 ibídem.

Advierte la sala que, en punto de los efectos que trae consigo la revocatoria directa de actos administrativos de carácter particular, por ilegalidad, la doctrina y la jurisprudencia, nacional y extranjera, han sido escenario de diversos debates en los que se ha manifestado, de un lado, el hecho de que la revocatoria directa como expresión del principio de autotutela no trae consigo los efectos propios de la declaratoria de nulidad por ilegalidad o inconstitucionalidad, dado que la exclusión del ordenamiento jurídico de los efectos del acto administrativo objeto de dicha medida rigen únicamente hacia el futuro, esto es, ex nunc.

De otra parte, se ha sostenido aunque minoritariamente la posibilidad de que los efectos de la revocatoria de un acto administrativo no sólo se proyecten hacía el futuro sino que los mismos se hagan retroactivos, esto es, desde el mismo momento en que éste fue expedido de tal forma que dichos efectos se asimilen a la declaratoria de ilegalidad, propia del control jurisdiccional.

A las anteriores expresiones de la doctrina nacional y extranjera se suman diversos pronunciamientos jurisprudenciales en torno a la institución de la revocatoria directa de los actos administrativos.

Es así como, la Corte Constitucional en sentencia T-338 de 11 de mayo de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez, precisó que:

Lo expuesto difiere sustancialmente del control jurisdiccional propiamente dicho, a través del cual el juez contencioso administrativo declara la nulidad del acto administrativo al constatar la presencia de alguna de las causales de ilegalidad previstas en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, Decreto 01 de 1984, a saber, falta de competencia, expedición irregular, falsa motivación, desviación de poder, entre otros, con efectos definitivos, incluso, vale la pena precisar, hacia el pasado, esto es, ex tunc.

Lo anterior, esto es en relación con los efectos de la revocatoria de un acto administrativo, no puede ser entendido de otra manera, toda vez que el acto administrativo revocado ha producido sus efectos durante el tiempo en que se encontró vigente, en virtud al principio de legalidad y a la ejecutividad y ejecutoriedad, estas últimas características intrínsecas al acto administrativo. Así las cosas, resulta innegable entonces la obligación a la que se enfrenta la administración y el administrado de cumplir lo dispuesto en un acto administrativo, en tanto conserve la presunción de legalidad, la cual únicamente desaparece con ocasión de su revocatoria directa o en virtud de una decisión judicial.

Tal como lo sostiene, en forma mayoritaria, la doctrina y la jurisprudencia, la revocatoria directa de un acto administrativo no puede proyectar sus efectos de manera retroactiva, esto es, hacia el pasado, ex tunc, en primer lugar, porque el acto revocatorio, o a través del cual se revoca, tiene el carácter constitutivo de nuevas situaciones jurídicas, lo que implica que sus efectos se producen a partir de su existencia, esto es, hacía el futuro y, en segundo lugar, porque en virtud del principio de legalidad no hay duda de que el acto administrativo ha cumplido sus efectos, a lo que se suma su ejecutividad y ejecutoriedad, entendidas éstas como la eficacia que el acto comporta de cara a su cumplimiento, así como la capacidad que tiene la administración para hacerlo cumplir sin necesidad de la intervención de autoridad distinta.

Atribuirle a la revocatoria directa de un acto administrativo particular efectos, ex tunc, esto es, en forma retroactiva no sólo haría desaparecer del mundo jurídico, bajo una ficción, los efectos que éste ha producido desde el momento mismo en que nació a la vida jurídica sino que, como consecuencia de ello, daría lugar, en sede administrativa, a un eventual reconocimiento de los perjuicios irrogados a la parte que vio afectados sus derechos durante la vigencia del acto.

Lo anterior, en abierto desconocimiento del principio clásico de la separación de poderes, supondría que en el evento en que un particular reclame los referidos perjuicios, la administración asumiría el rol de juez y parte, en tanto entraría a tasar perjuicios sin dejar de lado su condición de autoridad administrativa, con fundamento en la cual dio lugar a la expedición del acto administrativo revocado.

Empero, lo expuesto en manera alguna deja desprovisto al interesado de los mecanismos para obtener el resarcimiento de los perjuicios causados durante la vigencia de un acto revocado. En efecto, la jurisprudencia de esta Corporación¹⁹ ha manifestado que la vía procesal más idónea para reclamar los perjuicios ocasionados durante la vigencia de un acto administrativo revocado es la acción de reparación directa, en los siguientes términos:

Sostiene la parte demandante, en el recurso de apelación, que los actos demandados resultan ilegales, toda vez que la administración no tenía competencia para ordenar el reintegro de una suma de dinero, que en su momento devengó con ocasión de la prestación efectiva de sus servicios como docente oficial, bajo la vigencia de un acto administrativo que se presumía legal.

Sobre el particular advierte la sala que, mediante Oficio de 13 de enero de 2003 el Gerente de la Unidad de Escalafón Docente (E) le informó a la demandante que verificados los documentos que soportaron sus solicitudes tendientes a obtener el ascenso en el escalafón docente no se "ajustan a la realidad". Así se observa en el citado oficio (fl. 67, cuaderno No. 3):

El 12 de febrero de 2003 la Gerente de la Unidad de Escalafón Docente (E) le informó al apoderado de la parte actora que las copias solicitadas se encontraban a su disposición, previa cancelación de su valor ante la Tesorería Distrital (fl. 71, cuaderno No. 3).

Con posterioridad, advierte la Sala que la Secretaría de Educación de Bogotá mediante Resolución No. 1162 de 20 de octubre de 2004 dispuso la revocatoria directa, por ilegalidad, de las resoluciones mediante las cuales se ascendió a la señora Amelia Guio Vergara, en su condición de docente oficial, del grado 8 al grado 11 del Escalafón Nacional Docente.

Para mayor ilustración se transcriben los apartes de la citada Resolución:

Contra la anterior Resolución la señora Amelia Guio Vergara formuló recurso de reposición el cual la confirmó en todas sus partes, tal como se advierte en la Resolución No. 0036 de 17 de enero de 2005, suscrita por el Subsecretario Administrativo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C. (Fls. 99 a 95, cuaderno No.1).

Con fundamento en la anterior decisión, el Secretario de Educación de Bogotá D.C. a través de la Resolución No. 998 de 11 de marzo de 2005, ordenó a la demandante a que reintegrar el mayor valor pagado en salarios y prestaciones sociales, por concepto de los ascensos en el Escalafón Nacional Docente a los cuales no tenía derecho.

Así se observa en la citada Resolución:

Descendiendo al caso concreto, advierte la Sala que el Secretario de Educación Distrital de Bogotá en ejercicio de la facultad prevista en el inciso segundo del artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, revocó las resoluciones mediante las cuales se había ascendió a la señora Amelia Guio Vergara del grado 4 al grado 12 del Escalafón Nacional Docente, tratándose de actos administrativos provocados por medios ilegales, esto al acreditar para ello un título académico que no había obtenido, al haberse demostrado que la señora Amelia Guio Vergara no había cursado la Licenciatura en Ciencias de la Educación con Especialidad en Educación Básica Primaria, en la Universidad de Cundinamarca, como quedó debidamente probado de acuerdo al material probatorio allegado al expediente y analizado en precedencia.

Así mismo, se observa que la Secretaría de Educación de Bogotá D.C., conforme al artículo 74 del Código Contencioso Administrativo adelantó una actuación administrativa tendiente a probar en debida forma, y con garantía del debido proceso, el hecho de que la demandante hubiera acreditado un título académico apócrifo ante la Junta Seccional de Escalafón de Bogotá D.C., con el fin de obtener sus ascenso en el escalafón Nacional Docente. Lo anterior, a juicio de la Sala, se evidencia mediante los oficios de 13 de enero de 2003 suscrito por el Gerente de la Unidad de Escalafón Docente (E) a través del cual se le informa sobre la apertura de un procedimiento administrativo en su contra y de 12 de febrero de 2003, por el cual se ponen a su disposición las actuaciones que se había adelantado dentro de la citado trámite administrativo.

Sin embargo, estima la Sala que si bien como quedó visto la administración distrital estaba facultada para revocar los actos administrativos mediante los cuales se le confirieron distintos ascensos en el escalafón docente a la demandante, dada su evidente y ostensible ilegalidad, por haber sido obtenido por medios ilícitos, no podía con fundamento en ello pretender el reintegro de las sumas de dinero pagadas a la señora Amelia Guio Vergara por concepto de salarios y prestaciones sociales a título de resarcimiento del daño, que para el caso concreto, y a su juicio, se erigen en el pago indebido que se efectuó a favor de la demandante, sin que le asistiera el derecho.

En este punto reitera la Sala que, tal y como quedó ampliamente expuesto en los acápites anteriores, la revocatoria de un acto administrativo no trae implícito restablecimiento alguno de los daños o perjuicios que el acto objeto de dicha decisión pudo generar durante el tiempo que se encontró vigente en el ordenamiento jurídico puesto que la decisión de la administración, en este sentido, no implica en estricto sentido un juicio de legalidad, conforme a las causales previstas en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, con efectos ex tunc, esto es, retrotrayendo las cosas a su estado inicial.

En efecto, a juicio de la Sala resulta indispensable aclarar que el instituto de la revocatoria directa de un acto administrativo, obtenido por medios ilegales, constituye un valioso instrumento para la administración en cuanto le permite excluir del mundo jurídico lo efectos de una decisión que nació a la vida jurídica a través de medios contrarios al ordenamiento jurídico. Lo anterior, vale decir únicamente hacía el futuro, esto es, ex nuc, siendo evidente, entonces, que la revocatoria de actos administrativos per se no trae consigo, como lo sugiere la demandada, un resarcimiento de perjuicios a favor de quien se ha visto afectado en un derecho durante el tiempo que el acto permanencia vigente.

Bajo este entendido, resulta incuestionable en vigencia del Decreto 01 de 1984, la posibilidad con que contaba la administración para revocar actos administrativos que, como en el caso concreto, fueron obtenidos por medios ilegales. Sin embargo, en punto de los efectos de la revocatoria está claro que ellos no pueden asimilarse a los del control jurisdiccional, toda vez que como quedó visto, en primer lugar, el acto que revoca tiene el carácter de constitutivo de nuevas situaciones jurídicas cuyos efectos se proyectan sin duda alguna hacia el futuro y, en segundo lugar, porque bajo la presunción de legalidad el acto revocado, cumplió sus efectos durante su vigencia, a lo que se suman su ejecutividad y ejecutoriedad, como características intrínsecas a todo acto administrativo.

No obstante lo anterior, la Sala no pasa por alto que la intención de la administración, al expedir en el caso concreto los actos demandados, bien pudo haber sido la de proteger el patrimonio público. Sin embargo, como quedó ampliamente expuesto, ésta no era la vía adecuada para obtener el reembolso de lo pagado a la señora Amelia Guio Vergara con ocasión de su ascenso ilegal en el escalafón docente, toda vez que el Distrito Capital, Secretaría de Educación Distrital, no podía convertirse en juez y parte al ordenar, al mismo tiempo, la revocatoria directa de un acto y, en consecuencia, tasar a su favor las sumas de dinero que debían reintegrarse por concepto del pago de lo no debido.

Al respecto, debe decirse que en casos como el presente la parte afectada no queda desprovista de medios o instrumentos judiciales que le permitan obtener el referido resarcimiento. En efecto, como se anunció en precedencia, se requiere de un pronunciamiento judicial para que proceda el reconocimiento de los daños y perjuicios que pudo ocasionar un acto administrativo revocado, durante su vigencia, que en el caso concreto, para la administración distrital de Bogotá, estuvo dado en la acción de reparación directa, teniendo en cuenta para ello el término de caducidad previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

En este punto estima la Sala que, contrario a lo afirmado por la demandante, el hecho de que en su contra se hubiera adelantando una actuación disciplinaria la cual culminó con su archivo definitivo no resulta óbice para que la administración, en sede judicial, solicite el reconocimiento de los perjuicios ocasionados durante la vigencia de los actos administrativos obtenidos por medios ilegales dado que, esta Corporación ha sostenido de manera consistente y reiterada el carácter autónomo de que goza la acción disciplinaria en el ordenamiento jurídico colombiano.

No obstante lo anterior, se observa que en el caso concreto la administración no hizo uso de la acción de reparación directa y, por el contrario, decidió equívocamente y de manera directa solicitar el rembolso de las sumas de dinero pagadas a la demandante sin que estuviera facultada para ellos, dejando de este modo fenecer el término de caducidad previsto en el artículo 136 ibídem, para hacer uso de la referida acción contencioso administrativa.

Empero, lo expuesto no conduce a que la Sala hoy prohíje un enriquecimiento sin causa a favor de la demandante y un detrimento patrimonial del Estado, razón por la cual dirá que la administración cuenta con las acciones judiciales que, en materia ordinaria, el ordenamiento jurídico pone a su disposición, para efectos de obtener el reconocimiento y pago de los perjuicios ocasionados durante la vigencia de los actos revocados, teniendo en cuenta para ello los presupuestos procesales previstos para cada caso en concreto.

Bajo las consideraciones que anteceden, la Sala revocara la sentencia apelada y en su lugar accederá a las pretensiones de la demanda declarando la nulidad de las Resoluciones Nos. 998 de 11 de marzo de 2005 y 3140 de 29 de julio de 2005, en el entendido de que, como quedó visto, la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá no estaba legalmente facultada para ordenar el rembolso de los dineros pagados a la señora Amelia Guio Vergara con ocasión de los diferentes ascensos en el Escalafón Nacional Docente obtenidos por medios ilegales.

En cuanto a la solicitud de condena en costas, debe precisar la Sala que no hay lugar a la misma, toda vez que en el caso concreto no se observó por parte de la entidad demandada una conducta dilatoria o temeraria que la haga acreedora a tal sanción.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección "B", administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

REVÓCASE la sentencia de 2 de agosto de 2007 mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, negó las pretensiones de la demanda promovida por AMELIA GUIO VERGARA contra Bogotá Distrito Capital – Secretaría de Educación Distrital. En su lugar.

DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones Nos. 998 de 11 de marzo de 2005 y 3140 de 29 de julio de 2005, mediante las cuales el Secretario de Educación de Bogotá D.C., ordenó a la señora Amelia Guio Vergara el reintegro del mayor valor pagado respecto de sus ascensos en el Escalafón Nacional Docente entre el 10 de marzo de 1995 y el 28 de febrero de 2005.

NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen y cúmplase.

Esta (Sic) providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.