FUENTE FORMAL: DECRETO 2351 DE 1965 - ARTICULO 40 / LEY 50 DE 1990 - ARTICULO 67

Contrario a lo manifestado por el actor no hubo incongruencia de los actos demandados con la solicitud inicial, debido a que desde el comienzo de la actuación administrativa la solicitud de la empresa tuvo como objeto obtener la autorización para efectuar un despido colectivo parcial de trabajadores por aspectos técnicos y económicos, y no la autorización de cierre de procesos de producción que en realidad constituyera el cierre de las dos plantas de producción. Al respecto, observa la Sala que las figuras de autorización de despido colectivo y la autorización de cierre de empresas, constituyen instituciones independientes, que si bien se pueden dar en una misma situación fáctica no es la autorización de cierre presupuesto para que el Ministerio de la Protección Social otorgue la autorización de despido colectivo, por tanto no se puede predicar la identidad de prueba para ambas figuras. No es de recibo el argumento del actor en el sentido de señalar que no fueron atendidas sus solicitudes, por cuanto, a pesar de que en ningún momento probó sus afirmaciones, el Ministerio solicitó la documentación de la relación de planta de personal de la Empresa de los años 2003 a 2007, siendo atendidos todos los requerimientos realizados, pues el Ministerio se fundamentó jurídicamente en el artículo 67 de la Ley 50 de 1990 y para su trámite en el artículo 37 del Decreto Reglamentario 1469 de 1978. Esta Sección ha reiterado que para salvaguardar el derecho al debido proceso la competencia de la Corporación está restringida a los motivos de inconformidad expuestos por el actor a lo largo de la actuación administrativa y que se relacionen, desde luego, con las causales de nulidad planteadas en la demanda, o con las consideraciones que sirvieron de sustento al Ministerio de la Protección Social para expedir los actos demandados, no siendo esta la oportunidad para plantear esta discusión. Empero, en gracia de discusión no le asiste razón a la parte actora por cuanto con la modificación realizada por el gerente de la empresa solicitante en la diligencia de 16 de noviembre de 2007, no se deslegitima la figura de despido colectivo, ya que como lo señaló el Ministerio Público el despido de los 9 trabajadores tuvo lugar con ocasión de una solicitud inicial de 60 trabajadores, dando cumplimiento a los requisitos y procedimientos señalados en la Ley, sin que sea necesaria la realización de una nueva solicitud.

Llegado el momento de decidir y no observando causal de nulidad que invalide la actuación, procede la Sala a dictar sentencia, previos los siguientes:

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de las Concesiones Madereras para la Transformación de la pulpa, para la fabricación del cartón, el papel y derivados de estos procesos y de las artes gráficas de Colombia -SINTRAPULCAR- en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo demandó de esta Corporación se declare la nulidad de las Resoluciones 1230 de 27 de junio de 2008, 1878 del 14 de octubre de 2008 y 00561 del 2 de marzo de 2009, proferidas, las dos primeras, por el Director Territorial de Antioquia del Ministerio de la Protección Social y, la última, por la Jefe de la Unidad Especial de Inspección, Vigilancia y Control de Trabajo del Ministerio de la Protección Social, mediante las cuales autorizó a la empresa PAPELES Y CARTONES S.A. la terminación de nueve contratos de trabajo.

Como hechos en que sustenta sus pretensiones señala:

Mediante escrito presentado el 6 de marzo de 2007 el gerente de la Empresa Papeles y Cartones S.A. -PAPELSA- solicitó a la Dirección Territorial de Antioquia del Ministerio de la Protección Social permiso para el cierre y el despido colectivo de 60 trabajadores de la planta de pulpa y recuperadora social de Barbosa (Antioquia), sin especificar en ella si el cierre era total o parcial, temporal o definitivo, argumentando razones de tipo económico y técnico.

El Ministerio de la Protección Social por intermedio del Inspector del Trabajo de la Dirección Territorial de Trabajo y Seguridad Social de Antioquia realizó el 2 de mayo de 2007 inspección a las instalaciones de la Empresa, con el fin de verificar la veracidad de las razones que ésta argumentó para el despido colectivo, lo mismo que el estado de los contratos y la comunicación a los trabajadores.

El 16 de noviembre de 2007 con intervención de comisionados nacionales del Ministerio de la Protección Social se efectuó una nueva visita a las instalaciones de la empresa para la realización de los análisis y estudios correspondientes a la solicitud de permiso o autorización para efectuar un despido colectivo parcial, en la cual el Gerente General ante la terminación de 51 contratos de trabajo de los trabajadores, modificó su solicitud inicial a la terminación de contratos de 9 trabajadores, sin notificar a la organización sindical.

- Constitución Política: Artículos 2, 25, 29 y 209.

- Ley 50 de 1990: Artículo 67.

- Código Contencioso Administrativo: Artículos 3 y 35.

Como concepto de violación de las normas citadas señala:

Al explicar el concepto de violación de la normatividad invocada expresa que los actos acusados vulneraron sus derechos fundamentales al trabajo y al debido proceso, por cuanto no se perfeccionó la investigación del estudio jurídico económico.

Las Resoluciones demandadas fueron dictadas sin cumplimiento de los requisitos formales, toda vez que a la actuación administrativa no fue aportada por parte de la Empresa la nómina total de los trabajadores para realizar el estudio económico, en un período de 6 meses como lo exige la Ley, ni se pronunció acerca del cierre de los procesos de producción, siendo los actos demandados incongruentes.

No se consideró la denuncia de los trabajadores contenida en el escrito de 18 de octubre de 2007, en el cual, la Junta Directiva Seccional de SINTRAPULCAR puso en conocimiento del Ministerio de la Protección Social irregularidades que se presentaban mientras se tramitaba la solicitud elevada por la Empresa, como el ofrecimiento de prebendas, arreglos y otras prácticas en contra de los derechos de asociación y libertades sindicales, manifestando con ello la clara intención de la empresa en contra de la organización sindical y aportando pruebas que sustentaban la oposición a que se despachara desfavorablemente la solicitud de la empresa.

Indica que el Ministerio de la Protección Social carecía de competencia para pronunciarse acerca del despido colectivo solicitado, pues a partir de la diligencia del 16 de noviembre de 2007, la cual no fue notificada a la organización sindical, el Gerente de la Empresa modificó la solicitud inicial, el número de trabajadores no alcanzaba al porcentaje señalado por la Ley para ser considerado como tal.

El Ministerio de la Protección Social no contestó la demanda.

El Procurador Tercero Delegado ante esta Corporación estima que se deben negar las pretensiones de la demanda, al considerar que la petición se fundamentó jurídicamente en las normas que regulan la materia.

Al Sindicato se le comunicó el día anterior a la fecha de presentación de la solicitud, la cual fue debidamente motivada y, además participó activamente en el procedimiento administrativo, pues si bien es cierto se solicitó permiso para despedir 60 trabajadores y terminó concediéndose sólo para 9 trabajadores, ello no significa infracción al principio de congruencia pues en el transcurso del diligenciamiento se estableció que los 51 restantes, por diversos motivos, ya no estaban laborando en PAPELSA y no era necesario un nuevo expediente administrativo, como tampoco una nueva comunicación al sindicato, pues el autorizado despido de los 9 tuvo lugar con ocasión de una sola solicitud, y si se redujo el número al inicialmente solicitado, no se requería de una nueva solicitud.

Para resolver, se

Se demandan en este caso las resoluciones 1230 de 27 de junio de 2008, 1878 del 14 de octubre de 2008 y 00561 del 2 de marzo de 2009, proferidas las dos primeras, por el Director Territorial de Antioquia del Ministerio de la Protección Social y, la última, por la Jefe de la Unidad Especial de Inspección, Vigilancia y Control de Trabajo del Ministerio de la Protección Social, mediante las cuales autorizó a la empresa PAPELES Y CARTONES S.A. la terminación de nueve contratos de trabajo.

Sostiene que dentro de la actuación administrativa y que dio origen a los actos acusados no se perfeccionó la investigación del estudio técnico económico, por cuanto las Resoluciones demandadas fueron dictadas sin el cumplimiento de los requisitos formales y sin notificar a la organización sindical de la modificación realizada por el Gerente de la empresa PAPELSA en diligencia de 16 de noviembre de 2007.

El Ministerio de la Protección Social carecía de competencia para la expedición de los actos acusados, no tuvo en cuenta los argumentos de la organización Sindical acerca de las irregularidades que se presentaban mientras se desarrollaba la actuación administrativa, ni el material probatorio aportado por la organización sindical y no se pronunció acerca del cierre de la planta.

La figura del despido colectivo está reglada por el artículo 67 de la Ley 50 de 1990, por medio del cual se modificó el artículo 40 del Decreto 2351 de 1965, cuando establece:

En efecto, la Sala encuentra en primer término que el 7 de marzo de 2007 el Gerente de la empresa PAPELSA S.A. presentó solicitud ante el Ministerio de la Protección Social para efectuar un despido colectivo de 60 trabajadores asignados a la operación de producción de pulpa y recuperación de soda de la planta de Barbosa (Antioquia), fundamentándose en causas económicas y técnicas, dicha solicitud contrario a lo manifestado por la organización sindical fue comunicada mediante entrega de la solicitud al Presidente de SINTRAPULCAR y en las carteleras de la empresa.

Ante esta solicitud, mediante auto de 20 de abril de 2007 la Dirección Territorial de Antioquia decretó algunas pruebas entre las que se encuentran:

(…)

Además dispuso la inspección ocular en las instalaciones de la empresa el 2 de mayo de 2007, con el fin de verificar la veracidad de las razones que se argumentaron para el despido colectivo, lo mismo que el estado de los contratos y la comunicación a los trabajadores, siendo notificada al representante legal de SINTRAPULCAR el 24 de abril de 2007.

Esta diligencia contó con la participación de la organización sindical, donde se les manifestaron los motivos y, en el cual el sindicato a través de sus representantes no realiza ninguna apreciación, solicita la expedición de copias de los documentos aportados por la Empresa en la solicitud y presentó una propuesta de reubicación de los empleados de la empresa a despedir.

Se hace entrega de los documentos solicitados por el Ministerio de la Protección Social, (cuaderno 3) se verifican los tipos de contratos indefinidos y a término fijo y se realiza el recorrido por las diferentes áreas de la empresa, constatando el número de trabajadores, no siendo objetada.

Adicionalmente, la organización sindical solicitó la práctica de declaraciones juramentada de los señores ROMÁN ANTONIO BEDOYA HENAO, LUIS MARÍA LÓPEZ ARIAS, GILDARDO ANTONIO RAMÍREZ TORRES Y BERNARDO ANTONIO HURTADO MARÍN y remite copia de un estudio financiero, para desvirtuar las razones económicas y técnicas esgrimidas por la empresa.

De igual manera, el Inspector dejó el expediente junto con la documentación allegada a disposición de las partes para la solicitud de copias que consideraran pertinentes.

Posteriormente en acta de visita administrativa laboral celebrada el 16 de noviembre de 2007 por la Unidad Especial de Inspección, Vigilancia y Control de Trabajo, la cual contó entre otros con la participación de los señores Carlos Enrique Correa Usma, en calidad de Presidente de la Seccional Barbosa de SINTRAPULCAR y del señor Jesús Antonio Gómez Vallejo, como Secretario General de la misma Organización sindical, el gerente general de la Empresa solicitante modificó la solicitud y la redujo únicamente a 9 trabajadores, pues los 51 trabajadores restantes ya se habían retirado de la empresa.

Respecto del proyecto denominado "Conversión 100% reciclado", se le solicitó al Gerente de la Empresa ampliar la información disponible, desde el punto de vista de caracterización técnica, capacidad, requerimientos y cronograma de implementación, para lo cual solicita la siguiente información:

* Listado Personal Cooperativos.

De la misma manera, el Presidente de la seccional SINTRAPULCAR manifestó:

Está demostrado que el presidente de SINTAPULCAR hizo uso de los recursos en vía gubernativa y que desde el inicio del proceso administrativo se le brindaron todas las garantías procesales, pues tuvo a su disposición el expediente, participó activamente en las diligencias adelantadas por el Ministerio de la Protección Social, dentro de las cuales como consta en las Actas de visitas, no presentó objeción alguna en ninguna de ellas y aportó pruebas para desvirtuar la solicitud de la Empresa.

Contrario a lo manifestado por el actor no hubo incongruencia de los actos demandados con la solicitud inicial, debido a que desde el comienzo de la actuación administrativa la solicitud de la empresa tuvo como objeto obtener la autorización para efectuar un despido colectivo parcial de trabajadores por aspectos técnicos y económicos, y no la autorización de cierre de procesos de producción que en realidad constituyera el cierre de las dos plantas de producción.

De lo anterior se colige que el Ministerio se fundamentó para el estudio económico- técnico en las solicitudes y pruebas aportadas por las partes, así quedó consignado en el estudio económico de la siguiente manera:

No es de recibo el argumento del actor en el sentido de señalar que no fueron atendidas sus solicitudes, por cuanto, a pesar de que en ningún momento probó sus afirmaciones, el Ministerio solicitó la documentación de la relación de planta de personal de la Empresa de los años 2003 a 2007, siendo atendidos todos los requerimientos realizados, pues el Ministerio se fundamentó jurídicamente en el artículo 67 de la Ley 50 de 1990 y para su trámite en el artículo 37 del Decreto Reglamentario 1469 de 1978.

Finalmente, en cuanto a la falta de competencia del Ministerio de la Protección Social acerca del despido colectivo solicitado a partir de la modificación realizada por el Gerente de PAPELSA S.A., el actor no lo alegó durante la actuación administrativa y por tal motivo no fue objeto de análisis por parte del Ministerio de la Protección Social.

Esta Sección ha reiterado que para salvaguardar el derecho al debido proceso la competencia de la Corporación está restringida a los motivos de inconformidad expuestos por el actor a lo largo de la actuación administrativa y que se relacionen, desde luego, con las causales de nulidad planteadas en la demanda, o con las consideraciones que sirvieron de sustento al Ministerio de la Protección Social para expedir los actos demandados, no siendo esta la oportunidad para plantear esta discusión.

Empero, en gracia de discusión no le asiste razón a la parte actora por cuanto con la modificación realizada por el gerente de la empresa solicitante en la diligencia de 16 de noviembre de 2007, no se deslegitima la figura de despido colectivo, ya que como lo señaló el Ministerio Público el despido de los 9 trabajadores tuvo lugar con ocasión de una solicitud inicial de 60 trabajadores, dando cumplimiento a los requisitos y procedimientos señalados en la Ley, sin que sea necesaria la realización de una nueva solicitud.

En conclusión, según la prueba documental que obra en el proceso, los actos por medio de los cuales el Ministerio de la Protección Social autorizó el despido colectivo se ciñeron a las exigencias legales, pues tuvieron como fundamento la necesidad de la suspensión del proceso de producción, de corregir pérdidas sistemáticas, enfrentar retos competitivos, etc., como lo expuso y justificó la empresa y lo verificó el Ministro de la Protección Social, ciñéndose así a las previsiones legales.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección "A" administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

NIÉGANSE las súplicas de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y ejecutoriada, ARCHÍVESE el expediente.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.