Igualmente señaló que, con sujeción a la nomenclatura y a la clasificación de los empleos por niveles, a las funciones, competencias y requisitos generales de que trata el Decreto, las autoridades territoriales competentes deberían adecuar la planta de personal y el manual específico de funciones y requisitos dentro del año siguiente a la vigencia (artículo 27), y que, para ajustar las plantas de personal y los respectivos manuales de funciones y requisitos, se tendrán en cuenta las nuevas denominaciones de empleo, la naturaleza general de las funciones de los mismos y las competencias laborales exigibles, en relación con las funciones que tenía establecido el empleo anterior (artículo 29).

La planta de personal del Distrito Capital, sector centralizado, Secretaría de Gobierno, venía siendo regido por el Decreto 993 de 2005, derogado por el Decreto 103 de 2006 hoy en cuestionamiento y anteriormente por la Resolución No. 402 de 2001 que contenía el Manual Específico de Requisitos y Funciones mínimos de la entidad (anexo 3), observándose como el cargo de profesional universitario 340-10, corregidurías (fl. 235), estaba identificado como de libre nombramiento y remoción por lo tanto, no era un cargo de carrera. Aun en la Resolución hoy vigente cual es la 313 de 2006 (anexo 2), la denominación del empleo corregidor, identificado con el código 227, grado 12, acorde con lo señalado en la Ley 909 de 2004, artículo 5-2, literal a), al referirse a la clasificación de empleos en la Administración Territorial y órganos de control de nivel territorial consagró como excepción, el de corregidor, diferente es que a algunos empleos del nivel profesional se les asignara funciones de corregidor por las necesidades propias del servicio lo que no originaba cambio ni en la identificación del cargo ni en el ejercicio funcional del mismo. Esta consideración le permite a la Sala colegir que no existió equivalencia de cargos sino modificación en la codificación de los mismos lo que no origina desmejora en ningún caso la condición profesional, de nomenclatura, de funciones o salarial del cargo en cuestión. De conformidad con lo anterior, es evidente que el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., al expedir el Decreto No. 103 de 17 de marzo de 2006, no hizo más que desarrollar jurídicamente las facultades que le fueron otorgadas por el Decreto No. 785 de 2005, determinando una reclasificación en la nomenclatura de los cargos, y no en la naturaleza de los mismos, por tal motivo, puede concluirse que el cargo de corregidor, tanto en la anterior clasificación como en la actual, correspondían a cargos de libre nombramiento y remoción y no de carrera administrativa, como lo sostiene el actor. Además, es preciso señalar que ni el Estado ni sus instituciones están obligadas a mantener de forma permanente plantas de personal inflexibles, inamovibles que les impida adecuarlas a las necesidades funcionales de la administración, pero y esencialmente, a las exigencias de una actividad ágil, eficaz y diligente en la prestación de los servicios y en el ejercicio de sus competencias; por ello y desde luego, dentro del marco legal, las autoridades deben promover y realizar adecuaciones en su planta de personal que les permita obtener los objetivos de la función propia de los cargos como elemento sustancial del compromiso estatal de la administración pública.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia del 7 de Octubre de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, que negó las pretensiones de la demanda incoada por Jorge Eliécer Carrero Ojeda quien en Acción Pública de Simple Nulidad prevista en el artículo 84 del C.C.A. solicitó la nulidad del artículo 4 del Decreto 103 de 17 de marzo de 2006 expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá.

En ejercicio de la acción pública de simple nulidad el señor Jorge Eliécer Carrero Ojeda, solicitó la nulidad del artículo 4 del Decreto 103 de 17 de marzo de 2006, expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá, por medio del cual ajustó la planta de personal de la Secretaría de Gobierno a la nueva nomenclatura y clasificación de empleos (fls. 1-18).

Las pretensiones tienen apoyo en los hechos que enseguida se compendian:

Conforme con lo dispuesto en el Decreto 785 de 2005, la Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto 339 de 2005 por medio del cual ajustó parcialmente la nomenclatura de la planta global de la entidad, especialmente 30 cargos de profesional universitario 340-10 a la nueva nomenclatura de profesional universitario 219-12.

Posteriormente por mandato del mismo decreto y para dar aplicación a éste, expidió el Decreto 103 de 2006 que ajustaba la planta de personal de la Secretaría de Gobierno en el cargo de profesional universitario 340-10 a los cargos de profesional universitario 219-12 (aprobado por el Decreto) y al de corregidor 227-12. Es decir, este Decreto aplicó un ajuste que no estableció el Decreto ley 785 de 2005 al incluir algunos cargos de profesional universitario 340-10 a otra nomenclatura y clasificación consistente en el cargo de corregidor 227, grado 12 violando así el principio de legalidad pues infringió la norma en que debía fundarse.

El artículo 21 del Decreto ley 785 de 2005 estableció las equivalencias de los empleos sin disponer nada con respecto al de corregidor, código 227, pues éste no sufrió alteración alguna para las nuevas plantas de personal en cuanto a su nomenclatura y codificación ya que únicamente se le cambió del nivel ejecutivo al nivel profesional. Además, el cargo de profesional universitario es un cargo de carrera con funciones de apoyo administrativo en tanto que el cargo de corregidor es de libre nombramiento y remoción cuyas funciones son de autoridad civil de policía (Ley 909 de 2004).

De la Constitución Política, el preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 29, 53, 113, 114, 122, 124, 125, 150, 209, 210, 318, 322 y 323;

Del Decreto ley 785 de 2005, los artículos 21, 27, 29 y 33;

De la Ley 136 de 1994, el artículo 118;

El Decreto-ley 1421 de 1993.

El cargo de corregidor es un cargo de autoridad inexistente en el Distrito Capital pues la división territorial no contempla los corregimientos sino los Municipios, en sus áreas rurales.

La Ley 136 de 1994 definió que son los corregidores quienes ejercen funciones de autoridad civil de policía y no los profesionales universitarios. Por lo tanto, si en la planta de personal anterior al Decreto 103 de 2006 no se encontraba el cargo de corregidor 227, pese a que ya existía en el Decreto Nacional 1569 de 1998, en el nivel ejecutivo, no le era dable a la entidad hacer la equivalencia porque significaba crear un nuevo cargo.

A folio 10, solicitó la suspensión provisional del Decreto demandado, la cual fue negada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en auto de 19 de febrero de 2009.

El Distrito Capital, a través de apoderado, se opuso a la declaración solicitada en la demanda con base en los siguientes argumentos (fls. 98-112):

Propuso la excepción de ausencia del concepto en que se funda la violación, respecto de algunas de las disposiciones presuntamente violadas.

El ajuste realizado por el Decreto demandado respecto de cinco (5) cargos de profesional universitario 340, grado 10 asignados a las corregidoras de Nazareth, Betania y San Juan de Sumapáz y la zona rural de la localidad de Ciudad Bolívar: Mochuelo y Pasquilla en el cargo de corregidor 227, grado 12, se fundamentó en las razones que explicó de la siguiente forma:

La Alcaldía Menor Rural de Sumapáz se creó mediante el Acuerdo No. 9 de 1986 del Concejo Distrital. Sin embargo, a partir de la Constitución de 1991 pasó a ser Alcaldía Local, territorialmente dividida en tres (3) corregidurías: Nazareth, Betania y San Juan de Sumapáz, consideradas en su totalidad como zona rural. Por su parte la localidad de Ciudad Bolívar, se creó mediante el Acuerdo No. 14 de 1983, considerada como la más extensa y la segunda localidad con mayor porcentaje de área rural. Allí se encuentran ubicadas las veredas de Pasquilla y Mochuelo.

De acuerdo con la nomenclatura, clasificación y código de empleos señalado en el Decreto 785 de 2005, el cargo de inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría, código 223, se encuentra clasificado dentro del nivel técnico, razón por la cual la Secretaría de Gobierno en consideración a las funciones, a la responsabilidad administrativa y la carga laboral que debían atender, clasificó el cargo dentro del nivel profesional, antes de la expedición del Decreto 103 demandado como profesional universitario 340, grado 10 y, después de la expedición, como corregidor 227, grado 12.

De la denominación del cargo de corregidor al que hace alusión el decreto demandado y que forma parte de la planta de personal de la Secretaría Distrital de Gobierno, no corresponde al cargo de corregidor descrito en la Ley 136 de 1994, pues estos responden al proyecto político del respectivo Alcalde Municipal, asumiendo funciones de manejo y confianza para el desarrollo del mismo, mientras que los de la Secretaría de Gobierno son netamente administrativas y están descritas en el manual de funciones.

Si en estricto orden legal se hiciera la equivalencia, sería a Inspector de Policía Rural, nivel técnico, pero, como esto generaba un desmejoramiento laboral, se optó por cambiar la nomenclatura a la de corregidor.

Concluyó que ni las funciones desarrolladas por los profesionales vinculados a la corregidurías ni la naturaleza del cargo como de libre nombramiento y remoción fueron creadas con el Decreto demandado sino que lo que se hizo fue clasificar estos empleos dentro de las posibilidades que mas se ajustaban (de acuerdo con las funciones desarrolladas) en el Decreto Ley 785 de 2005, esto es, no variaron en lo esencial como era la naturaleza del cargo, las funciones o los requisitos, por lo tanto, se trata del mismo empleo.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró probada la excepción y negó las pretensiones de la demanda con base en los siguientes argumentos (fls. 169-186).

La excepción de ausencia del concepto de violación respecto de los artículos 1, 2, 4, 6, 29, 53, 113, 114, 122, 124, 125, 150, 209, 210, 318 y 323 de la Constitución Política y de los artículos 27, 29 y 33 del Decreto ley 785 de 2005, prospera, pues consideró que una vez estudiada la demanda, el actor sólo explicó las razones por las cuales se vulneraron los artículos 13, 123 y 322 de la C.P., 21 del Decreto 785 de 2005 y 118 de la Ley 136 de 1994, por lo tanto, sólo estudiaría la legalidad del acto respecto de estos artículos.

Sin embargo, en el Decreto 103 de 2006, si bien se hicieron las modificaciones de conformidad con el Decreto 785 de 2005, a unos profesionales universitarios 340 se les asignó la denominación de corregidor 227.

En la contestación de la demanda, el Distrito Capital indicó que cinco (5) de dichos cargos se ajustaron a los de corregidor, pues estos servidores públicos debían desempeñar funciones con destino a mantener la convivencia ciudadana en la corregidurías de Nazareth, Betania y San Juan de Sumapaz y la zona rural de la localidad de Ciudad Bolívar: Mochuelo y Pasquilla, zonas en las que las funciones eran diferentes a las ejercidas por un profesional universitario.

De lo anterior consideró el Tribunal que no había violación a los artículos 21, 27 y 29 del Decreto 785 de 2005, pues correspondía a las autoridades territoriales adecuar las plantas de personal y el manual específico de funciones y requisitos a las nuevas denominaciones del empleo, a la naturaleza general de las competencias laborales exigibles y que esto fue lo que sucedió con el Decreto demandado pues, los profesionales universitarios 340 venían ejerciendo en esas zonas rurales las funciones de corregidor establecidas en la Resolución No. 402 de 2001, por lo tanto, se les dio esta denominación para que la nomenclatura del cargo quedara de acuerdo con las funciones propias de este.

Además de lo anterior, el artículo 18 del Decreto 785 citado, dispone que el cargo de corregidor 227, es de nivel profesional por lo que tampoco consideró, se estuviera creando uno nuevo sino adecuando la planta de personal en cuanto a la naturaleza del mismo, ambos de libre nombramiento y remoción.

Concluyó que la Ley 136 de 1994 no era aplicable al caso pues la denominación del corregidor dada en el decreto demandado, era diferente a la establecida en esta ley.

No es cierto, como lo indicó el a quo, que el denominado corregidor de la Ley 136 de 1994 sea diferente al creado por el Decreto 103 demandado pues, de ser así, se estaría creando una nueva denominación y un nuevo cargo por fuera de la clasificación general fijada en el Decreto 785 de 2005 del DAFP.

Debió el a quo indicar que, si en el Código de Policía de Bogotá se dice que las autoridades de policía en el Distrito son los Inspectores de Policía Zona Rural, entonces debió ordenar el ajuste respectivo en este sentido, pues la Secretaria de Gobierno no podía, ni antes ni después de la expedición del Decreto, crear cargos para el Distrito que no existían pues, reiteró, no están contemplados en el Código de Policía de Bogotá como autoridad policiva porque el Concejo de Bogotá no los creó. Por el contrario, debió ordenar el ajuste de los cargos de profesional universitario código 340 a código 219 como lo indicaba el Decreto 785 de 2005.

- El Distrito Capital, a folio 198, indicó que antes de la expedición del Decreto Ley 785 de 2005 y del Decreto Distrital demandado, se encontraba vigente la Resolución No. 402 de 2001 que contenía el Manual Específico de Funciones y Requisitos Mínimos de la entidad el cual contemplaba 27 cargos de profesional universitario 340-10 como de nivel profesional y de libre nombramiento y remoción; por lo tanto, no es cierto que fuera de un cargo de carrera como lo señaló el actor, y sus funciones, de acuerdo con la Resolución 313 de 2006, actualmente vigente, se mantuvieron en lo fundamental.

Reiteró que los servidores a los que alude la Ley 136 de 1994 son bien diferentes a los titulares del cargo de corregidor 227 pues, estos cumplen actividades administrativas descritas en el Manual de Funciones mientras que los primeros asumen funciones de manejo y confianza dadas por el respectivo Alcalde Municipal.

Si bien es cierto la ciudad está dividida en localidades dirigidas por las Juntas Administradoras Locales y los Alcaldes Locales, también lo es que existen localidades conformadas por áreas rurales que, para la atención de las necesidades de las comunidades que allí residen, es necesario contar con funcionarios idóneos que se ajusten a los requerimientos de esos ciudadanos y que garanticen la convivencia pacífica en esas zonas. Por lo tanto, como había algunos profesionales universitarios 340 que venían ejerciendo funciones propias del corregidor, se les dio esa denominación para que la nomenclatura del cargo quedara de acuerdo con las funciones propias del mismo.

En cuanto a la referencia que hace el actor del artículo 186 del Acuerdo 079 de 2003, indicó que es un hecho nuevo que no fue alegado en la demanda.

Concluyó que en estricto orden legal las funciones que venían desarrollando estos profesionales universitarios 340, equivalían a las de Inspector de Policía Rural, cargo que pertenece al nivel técnico; por lo tanto, si la adecuación se hubiera hecho así, se habría causado un desmejoramiento laboral, entonces, lo que hizo fue clasificar estos empleos dentro de las posibilidades que más se ajustaban en el Decreto ley 785 de 2005, que era el de corregidor 227.

- A folio 204, el actor reiteró los argumentos presentados en la demanda y en el recurso de apelación, adicionando que el a quo había omitido resolver dos asuntos: i) dejar en claro la situación de los profesionales universitarios 340 que con la expedición del Decreto demandado se les ajustó el cargo a corregidor 227; y ii) porque el corregidor 227, no es el mismo de la Ley 136 de 1994 pues de no ser así, se estaría creando un nuevo cargo y denominación por fuera de la clasificación general fijada en el Decreto ley 785 de 2005, norma de superior jerarquía.

Si la administración tenía unos cargos cuya naturaleza, funciones, competencias y requisitos generales obedecían a otra nomenclatura que no era equivalente, debió, previo estudio de la planta de personal y análisis técnico, hacer los ajustes del caso, pues se probó que no son equivalentes las funciones del corregidor 227, grado 12 con las de profesional universitario, grado 340.

La Procuradora Tercera Delegada ante el Consejo de Estado, solicitó confirmar la sentencia impugnada por cuanto no hubo irregularidad o ilegalidad atribuible al hecho de haber ajustado los cargos de profesional universitario 340 a corregidor 227, pues dicha atribución fue dada por el Decreto 785 de 2005 que obligó a las autoridades territoriales a ajustar las plantas de personal conforme a los contenidos de ese ordenamiento (fls. 209-216).

Ajustar la planta de personal significa adecuar la actual a los requerimientos del nuevo ordenamiento; por ello, al tener un número determinado de cargos con ciertas y específicas nomenclaturas, grados y códigos, era necesario arreglar esas nomenclaturas a las nuevas exigencias, teniendo en cuenta las competencias y funciones del empleo mismo, tal como aconteció en el caso específico pues, personas que estaban ocupando cargos de profesional universitario 340 estaban cumpliendo funciones de corregidores por lo que se hacía necesario ajustar esa situación a la realidad de las competencias y funciones ejercidas.

Concluyó que aunque no se probó si los cargos eran de carrera o no, el hecho de estar provistos en provisionalidad, los hacía sujeto de renovación pues el nominador no está obligado a prorrogar indefinidamente las provisionalidades.

Sea lo primero indicar que esta Sección Segunda es competente para conocer del asunto de la referencia, por cuanto, el reglamento del Consejo de Estado, contenido en el Acuerdo No. 55 de 2003, establece:

En el presente asunto se discute la legalidad del artículo 4 del Decreto 103 de 2006 por el cual "se ajusta la planta de personal de la Secretaria de Gobierno a lo dispuesto en el Decreto ley 785 de 2005", acto administrativo que es de naturaleza laboral, en la medida en que contiene regulaciones generales frente a la planta de personal de la Secretaría de Gobierno.

Consiste en determinar si el acto administrativo por medio del cual se reestructuró la planta de personal de la Secretaría de Gobierno de Bogotá D.C., se encuentra conforme a la Ley.

ARTÍCULO 2°. Créanse en la planta de personal de la Secretaria de Gobierno, los siguientes cargos:

Haciendo uso de sus facultades constitucionales, el Congreso de la República, a través del artículo 53 de la Ley 909 de 2004, dio precisas facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir normas con fuerza de ley que contengan, entre otras, el sistema general de nomenclatura y clasificación de empleos aplicable a las entidades del orden territorial, al igual que el sistema de funciones y requisitos aplicable a los organismos y entidades de los órdenes nacional y territorial que deban regirse por esa ley, con excepción del Congreso de la República.

Contempló este Decreto en su artículo 18 entre los "empleos del nivel Profesional", el de Profesional Universitario 219 y el de Corregidor 227.

Más adelante, en el artículo 21 ibídem, se establecieron las equivalencias de empleos de que trataba el Decreto 1569 de 1998 (derogado por el mismo Decreto), para el nivel profesional, así:

Igualmente señaló que, con sujeción a la nomenclatura y a la clasificación de los empleos por niveles, a las funciones, competencias y requisitos generales de que trata el Decreto, las autoridades territoriales competentes deberían adecuar la planta de personal y el manual específico de funciones y requisitos dentro del año siguiente a la vigencia (artículo 27), y que, para ajustar las plantas de personal y los respectivos manuales de funciones y requisitos, se tendrán en cuenta las nuevas denominaciones de empleo, la naturaleza general de las funciones de los mismos y las competencias laborales exigibles, en relación con las funciones que tenía establecido el empleo anterior (artículo 29).

PARÁGRAFO: Los empleados que al momento del ajuste de la planta de personal se encuentren prestando sus servicios en la SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL, deberán ser incorporados a los cargos de la planta de personal fijada de conformidad con los términos del artículo 30 del Decreto Ley No. 785 de 2005." (Resaltado no es del texto).

Posteriormente, mediante el Decreto 103 de 2006 ajusta nuevamente la planta de personal de la Secretaría de Gobierno, clasificando algunos de los cargos de Profesional Universitario 340-10 al cargo de Corregidor 227-12.

El artículo 209 de la Constitución estableció el fin y los principios con arreglo a los cuales se debe cumplir la función administrativa.

De acuerdo con esta norma, la función administrativa se debe ejercer consultando el bien común; esto es, persiguiendo objetivos que van más allá del interés particular del titular de la función, que se encuentran consignados en la Constitución Política y en la Ley, en especial en el artículo 2 de la Carta Política:

La importancia de estos fines respecto del ejercicio de la función administrativa consiste en que son criterios que deben guiar la actuación de las autoridades, de manera que el ejercicio de sus competencias se avenga con los propósitos del Estado Social de Derecho.

Pretende el accionante la declaratoria de nulidad del artículo 4 del Decreto 103 de 17 de marzo de 2006, expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá, por medio del cual ajustó la planta de personal de la Secretaría de Gobierno a la nueva nomenclatura y clasificación de empleos fijada en el Decreto ley 785 de 2005.

Señala el demandante que, con fundamento en el Decreto ley 785 de 2005 citado, el Alcalde Mayor de Bogotá expidió el Decreto 339 de la misma anualidad, por medio del cual ajustó parcialmente la nomenclatura de la planta global de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor, especialmente 30 cargos de profesional universitario 340-10 a la nueva nomenclatura de profesional universitario 219-12.

Indicó que posteriormente y por mandato del mismo Decreto 785, el Alcalde Mayor expidió el Decreto 103 de 2006 por medio del cual ajustó la planta de personal de la Secretaría de Gobierno en el cargo de profesional universitario 340-10 a los cargos de profesional universitario 219-12 (que fue el aprobado por el Decreto 785 de 2005) y al cargo de corregidor 227-12.

Consideró el actor que con el ajuste del cargo de profesional universitario 340-10 al cargo de corregidor 227-12, se aplicó un ajuste que no estableció el Decreto ley 785 de 2005, y por lo tanto, se violó el principio de legalidad, pues infringió la norma en que debía fundarse.

Para la Sala, no le asiste razón al actor cuando afirma que existe irregularidad en la actuación de la administración, pues lo realizado es reflejo de lo ordenado por el Decreto 785 de 2005 que indicaba a las autoridades territoriales ajustar sus planta de personal de acuerdo con las funciones y competencias propias de cada cargo, ajuste que se llevó a cabo por la entidad en el artículo 4 del Decreto demandado el cual literalmente expresa: "Ajustar la Planta de Personal de la Secretaria de Gobierno a la nueva Nomenclatura y Clasificación de empleos".

Para la Sala es claro que, independientemente de la nomenclatura que identifica los empleos que puede crear el Alcalde en ejercicio de la facultad constitucional y del grado que es el que permite identificar la remuneración, el empleo es esencialmente una esfera de competencias y de requisitos mínimos para llevarlos a cabo. Por esta razón no puede afirmarse que por el hecho de que en la nueva planta se hayan incluido cinco (5) cargos de corregidores 227-12, que desempeñaban labores requeridas para cumplir con los fines señalados para ese momento, hubo creación de cargos equivalentes, pues en últimas lo que se produjo fue una reclasificación de empleos, de acuerdo con las funciones desempeñadas por los funcionarios y que por lo tanto, se ajustaba a derecho, acorde con las facultades a él conferidas en el texto del Decreto Ley 785 de 2005.

Por su parte, a folio 126, obra Concepto Técnico favorable emitido por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en donde se aprueba el cambio de nomenclatura en los cargos de profesional universitario 340-10 al de corregidor 227-12, pues el cambio operó respecto de la denominación del cargo, porque continuaron en el mismo nivel profesional.

Señala el actor, que los corregidores de que trata la nueva nomenclatura, se refiere a los señalados en la Ley 136 de 1994, afirmación que no comparte la Sala, pues es evidente que dichos cargos fueron incluidos dentro del Decreto ley 785 de 2005, sin que sea dable traer a colación normas del Régimen Municipal que no se aplican ya que la ley de carrera los citó como del nivel profesional.

El acto administrativo acusado, como se deduce de su contenido, fue expedido con fundamento en el Decreto ley 785 de 2005 el cual, en su artículo 4 estableció:

En desarrollo de dicha función, se expidió el Decreto 103 de 2006, por medio del cual "se reajustó la planta de personal de la "Secretaria de Gobierno" que en su parte considerativa hace relación taxativa a las normas que lo facultan y que permitieron el cumplimiento de lo allí señalado.

Para hacer el análisis de los cargos formulados por el actor, bien vale enunciar y discutir sobre algunos principios relacionados con la potestad reglamentaria del Alcalde, como máxima autoridad del Municipio y en el caso que nos ocupa, del Distrito Capital.

El artículo 315 de la Carta Política dentro del grupo de funciones del Alcalde, señaló:

En concordancia con la anterior disposición constitucional, el Decreto 1421 de 1993 "Estatuto Orgánico de Bogotá D.C." en su artículo 38 numerales 1 a), 4 a), 5 a), 6 a), consagró:

Por su parte, el artículo 91 literal d) de la Ley 136 de 1994, indicó:

Bajo estos planteamientos, procede la Sala a precisar si el Alcalde Mayor de Bogotá, al expedir el Decreto 103 de 2006, "Por el cual se ajusta la planta de personal de la Secretaria de Gobierno a lo dispuesto en el Decreto ley 785 de 2005" excedió los límites y las facultades fijadas por el Decreto ley 785 de 2005.

La planta de personal del Distrito Capital, sector centralizado, Secretaría de Gobierno, venía siendo regido por el Decreto 993 de 2005, derogado por el Decreto 103 de 2006 hoy en cuestionamiento y anteriormente por la Resolución No. 402 de 2001 que contenía el Manual Específico de Requisitos y Funciones mínimos de la entidad (anexo 3), observándose como el cargo de profesional universitario 340-10, corregidurías (fl. 235), estaba identificado como de libre nombramiento y remoción por lo tanto, no era un cargo de carrera. Aun en la Resolución hoy vigente cual es la 313 de 2006 (anexo 2), la denominación del empleo corregidor, identificado con el código 227, grado 12, acorde con lo señalado en la Ley 909 de 2004, artículo 5-2, literal a), al referirse a la clasificación de empleos en la Administración Territorial y órganos de control de nivel territorial consagró como excepción, el de corregidor, diferente es que a algunos empleos del nivel profesional se les asignara funciones de corregidor por las necesidades propias del servicio lo que no originaba cambio ni en la identificación del cargo ni en el ejercicio funcional del mismo. Esta consideración le permite a la Sala colegir que no existió equivalencia de cargos sino modificación en la codificación de los mismos lo que no origina desmejora en ningún caso la condición profesional, de nomenclatura, de funciones o salarial del cargo en cuestión.

De conformidad con lo anterior, es evidente que el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., al expedir el Decreto No. 103 de 17 de marzo de 2006, no hizo más que desarrollar jurídicamente las facultades que le fueron otorgadas por el Decreto No. 785 de 2005, determinando una reclasificación en la nomenclatura de los cargos, y no en la naturaleza de los mismos, por tal motivo, puede concluirse que el cargo de corregidor, tanto en la anterior clasificación como en la actual, correspondían a cargos de libre nombramiento y remoción y no de carrera administrativa, como lo sostiene el actor.

Además, es preciso señalar que ni el Estado ni sus instituciones están obligadas a mantener de forma permanente plantas de personal inflexibles, inamovibles que les impida adecuarlas a las necesidades funcionales de la administración, pero y esencialmente, a las exigencias de una actividad ágil, eficaz y diligente en la prestación de los servicios y en el ejercicio de sus competencias; por ello y desde luego, dentro del marco legal, las autoridades deben promover y realizar adecuaciones en su planta de personal que les permita obtener los objetivos de la función propia de los cargos como elemento sustancial del compromiso estatal de la administración pública.

Conforme a los planteamientos expuestos, resulta claro que el Alcalde Mayor de Bogotá, el expedir el Decreto 103 de 2006, obró conforme a derecho lo que permite concluir que no se vulneraron los principios citados por el actor como violados, pues su actuación se ajustó en cuanto al contenido y forma, a los fines que busca la Ley 909 de 2004 y el Decreto ley 785 de 2005, es decir, sin menoscabar derechos ni garantías laborales.

En otras palabras, el cargo de corregidor siempre se clasificó tanto en la Ley 443 de 1998 como en la vigente Ley 909 de 2004, como de libre nombramiento y remoción, inicialmente de nivel ejecutivo y luego de nivel profesional.

Finalmente, si los funcionarios nombrados en provisionalidad que ocupan los cargos cuya nomenclatura y codificación fue modificada por el Decreto 103 de 2006, se encontraban nombrados en provisionalidad, consideraban tener algún derecho, lo debieron reclamar en acción de nulidad y restablecimiento del derecho y no en acción de simple nulidad.

Por lo anterior, se confirmará la sentencia de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección "B", administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

CONFÍRMESE la sentencia del 7 de Octubre de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, que negó la nulidad del artículo 4 del Decreto 103 de 17 de marzo de 2006 expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá, de conformidad con las razones expuestas en la presente providencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.