La Sala advierte que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca amparó el derecho colectivo al medio ambiente sano y no otorgó incentivo al actor debido a que éste, antes de interponer la demanda, no requirió a la administración para que lo protegiera; ni sustentó adecuadamente su violación en el libelo de la demanda. Le asiste razón al demandante al considerar que debió habérsele reconocido un incentivo, debido a que la Ley 472 de 1998 no prevé como requisito de procedibilidad del incentivo en la acción popular la necesidad de hacer un reclamo previo de la violación del derecho colectivo a la administración; ni establece excepciones al reconocimiento de dicho estímulo, cuando se han amparado en la sentencia los derecho colectivos invocados. La única posibilidad para que una sentencia que ampara derechos colectivos no conceda al actor el incentivo a que hace referencia el artículo 39 de la Ley 472 de 1998, es que éste expresamente renuncie al mismo. En consecuencia, se revocará el numeral 4° de la sentencia apelada y, en su lugar, se fijará como incentivo, a favor del demandante, la suma de diez (10) salarios mínimos legales mensuales, habida cuenta de que la presente acción sirvió para proteger el derecho colectivo al medio ambiente sano y éste no renunció a su derecho de percibir el estímulo.

NOTA DE RELATORIA: Sobre el incentivo: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 16 de noviembre de 2001 Rad.: 2001-00004(AP), M.P. Manuel Santiago Urueta Ayola.

El 18 de noviembre de 2005, el ciudadano Fredy Sierra Villalobos, en nombre propio, entabló acción popular contra el municipio de Santiago de Cali y el señor José María Mosquera Méndez, para reclamar protección al derecho colectivo al medio ambiente sano, que estimó vulnerado por los malos olores y los innumerables insectos provenientes del criadero de ganado, que en precarias condiciones mantiene el señor José María Mosquera Méndez en la Calle 21 No. 102 - 33 de Santiago de Cali.

Afirma el demandante que el señor José María Mosquera Méndez mantiene rudimentariamente innumerables semovientes, en la Calle 23 No. 102 - 33 de Santiago de Cali.

Manifiesta que los residentes del Caserío "Valle del Lili", que colindan con los predios del señor Mosquera Méndez, se han visto afectados por los malos olores y la cantidad de insectos que provienen de los corrales en los que habita el ganado.

Aduce que el POT prohíbe en dicho sector la actividad ganadera y comercial.

El actor solicita que se hagan las siguientes declaraciones y condenas:

3.1. El apoderado del municipio de Santiago de Cali manifestó que libraría los oficios pertinentes al DAGMA y a la Subsecretaría de Policía y Justicia para que fueran iniciados lo procesos administrativos que permitieran establecer el grado de contaminación que se producía en el predio del señor José María Mosquera Méndez.

3.2. El señor José María Mosquera Méndez contestó la demanda de manera extermporánea.

Tuvo lugar el 24 de febrero de 2006 con la asistencia del demandante, del Procurador 21 Judicial II y del apoderado del municipio de Santiago de Cali. Se declaró fallida por cuanto el señor José María Mosquera Méndez no compareció a la audiencia.

5.1. El apoderado del municipio de Santiago de Cali manifestó que la entidad libró los oficios 000482 y 000483, ambos de 16 de enero de 2006, respectivamente al DAGMA y a la Subsecretaría de Policía y Justicia, para que adelantaran los trámites de rigor que permitieran establecer el grado de contaminación que la actividad ganadera estaba produciendo en el predio del señor José María Mosquera Méndez, ubicado en la Calle 21 No. 102 - 33 de Santiago de Cali.

5.2. El actor manifestó que el municipio de Santiago de Cali es responsable de la infracción al derecho colectivo invocado, debido a que ha incumplido con la obligación contenida en el artículo 65 numeral 6° de la Ley 99 de 1993².

Adujo que el municipio ha permitido que el señor José María Mosquera Méndez conserve ganado en una zona en que está prohibido hacerlo.

5.3. El señor José María Méndez Mosquera guardó silencio.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda por considerar que se violó el derecho colectivo al medio ambiente sano.

Manifestó que el POT señala al caserío "Valle del Lili" como una locación en el perímetro urbano, de actividad "residencial predominante" y en la que se prohíbe la actividad ganadera.

No concedió el incentivo al actor, pues consideró que éste no colaboró en la demostración de la violación al medio ambiente sano, ni solicitó a la administración, antes de interponer la demanda, el amparo del derecho colectivo invocado.

Estipuló en la parte resolutiva:

El demandante impugnó parcialmente la demanda, pues consideró que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca debía haber reconocido un incentivo a su favor.

Manifestó que la Ley 472 de 1998 no exige como requisito de procedibilidad para interponer la acción popular la reclamación previa a la administración.

4.1. El Ministerio Público manifestó que la demanda motivó a la administración a amparar el derecho colectivo al medio ambiente sano.

Solicitó que le fuera concedido un incentivo al actor popular, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley 472 de 1998.

4.2. Las partes guardaron silencio.

El artículo 88 de la Constitución Política dispone:

En desarrollo de este precepto constitucional se expidió la Ley 472 de 1998 (25 de agosto) cuyo artículo 2° define las acciones populares así:

Ahora, en el caso que nos ocupa, el derecho cuyo amparo se pretende es, ciertamente, un derecho colectivo, contemplado en el literal a) del artículo 4º de la Ley 472 de 1998 y, en consecuencia, susceptible de protección mediante la interposición de la acción popular.

En el presente caso, el actor pretende que se ampare el derecho colectivo al medio ambiente sano, el cual estima vulnerado por el municipio de Santiago de Cali y el señor José María Mosquera Méndez, debido a los malos olores y los innumerables insectos provenientes del criadero de ganado, que en precarias condiciones mantiene el señor José María Mosquera Méndez en la Calle 21 No. 102 - 33 de Santiago de Cali.

Del material probatorio se destaca:

*Oficio 013024, de 12 de octubre de 2005, suscrito por la Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico del Departamento Administrativo de Planeación de Santiago de Cali y dirigido a Angel María Tamura, en el que manifiesta:

*Diez (10) fotografías del criadero de ganado ubicado en la Calle 21 No. 102 - 33, de Santiago de Cali, en las que se observa la precaria condición en que se mantiene al ganado en dicho lugar.⁵

*Copia del oficio 000482, de 16 de enero de 2006, suscrito por el apoderado del municipio de Santiago de Cali y dirigido al Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, en el que solicita:

La Sala advierte que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca amparó el derecho colectivo al medio ambiente sano y no otorgó incentivo al actor debido a que éste, antes de interponer la demanda, no requirió a la administración para que lo protegiera; ni sustentó adecuadamente su violación en el libelo de la demanda.

Le asiste razón al demandante al considerar que debió habérsele reconocido un incentivo, debido a que la Ley 472 de 1998 no prevé como requisito de procedibilidad del incentivo en la acción popular la necesidad de hacer un reclamo previo de la violación del derecho colectivo a la administración; ni establece excepciones al reconocimiento de dicho estímulo, cuando se han amparado en la sentencia los derecho colectivos invocados.

Al respecto, mediante sentencia de 16 de noviembre de 2001 (M.P. Manuel Santiago Urueta Ayola), ésta Sección estableció:

"El precepto (art. 39 de la Ley 472 de 1998) no establece de manera expresa condición alguna para dicho reconocimiento, de modo que, como lo anotan los apelantes, en sana lógica cabe entender que el derecho al incentivo lo tienen todos los demandantes en una acción popular cuyas pretensiones hubieren prosperado, esto es, cuando se ha obtenido la protección de un derecho colectivo. Sobre el mismo ha de tenerse en cuenta su finalidad, la cual está recogida en su propia denominación, esto es, motivar a las personas, naturales o jurídicas, para que se interesen por la efectividad de este mecanismo de defensa judicial de los derechos colectivos, habida cuenta de que por tratarse de derechos difusos usualmente no hay quienes estén dispuestos a remunerar el ejercicio de dicha acción. Cuestión muy distinta es la tasación del incentivo, la cual dependerá de la actividad y dedicación que el actor hubiere desplegado en función del desarrollo del proceso."⁶ (Se resalta)

La única posibilidad para que una sentencia que ampara derechos colectivos no conceda al actor el incentivo a que hace referencia el artículo 39 de la Ley 472 de 1998, es que éste expresamente renuncie al mismo.

En consecuencia, se revocará el numeral 4° de la sentencia apelada y, en su lugar, se fijará como incentivo, a favor del demandante, la suma de diez (10) salarios mínimos legales mensuales, habida cuenta de que la presente acción sirvió para proteger el derecho colectivo al medio ambiente sano y éste no renunció a su derecho de percibir el estímulo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

1°. REVOCASE el numeral 4° de la sentencia apelada.

2°. FIJASE como incentivo a favor del actor popular la suma de diez (10) salarios mínimos legales mensuales, los cuales deberán ser pagados en una proporción del 60% por el municipio de Santiago de Cali y en un 40% por el señor José María Mosquera Méndez.

3°. CONFIRMASE en todo lo demás la sentencia apelada.

4° En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.