*20246000066751* 

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Radicado No.: 20246000066751 

Fecha: 05/02/2024 05:44:16 p.m. 

Bogotá D.C. 

 

Referencia: Estabilidad laboral reforzada. Provisionalidad. RADICACIÓN:20232061150972 del 27  de diciembre de 2023 

En primer lugar, se debe indicar que , de acuerdo con lo establecido en el Decreto 430 de  2016¹,modificado por el Decreto 1603 del 2023² este Departamento Administrativo tiene como objeto  el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos y de las entidades y organismos del  Estado, su organización y funcionamiento, el desarrollo de la democratización de la gestión pública y  el servicio al ciudadano, mediante la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de  políticas públicas, la adopción de instrumentos técnicos y jurídicos, la asesoría y la capacitación. 

En ese sentido la resolución de los casos particulares corresponderá a la autoridad empleadora y  nominadora, en cuanto es la instancia que conoce de manera cierta y documentada la situación  particular de su personal.  

Por tanto, este Departamento Administrativo, en ejercicio de sus funciones, realiza la interpretación  general de las disposiciones legales y en consecuencia, no le corresponde la valoración de los casos  particulares. No obstante, a modo de información general respecto de la situación por usted  planteada, le informo lo siguiente: 

Como primera medida es importante señalar, que frente a la forma de acceder a un empleo público,  nuestra Constitución Política establece: 

“ARTICULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de  elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que  determine la ley. 

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán  nombrados por concurso público. 

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los  requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.” (Subrayado y resaltado fuera de texto). 

En este sentido, la Ley 909 de 2004³, “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público,  la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones” establece: 

“ARTÍCULO 23. CLASES DE NOMBRAMIENTOS. Los nombramientos serán ordinarios, en período de prueba  o en ascenso, sin perjuicio de lo que dispongan las normas sobre las carreras especiales. 

Los empleos de libre nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo el  cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento establecido en esta  ley. 

Los empleos de carrera administrativa se proveerán en período de prueba o en ascenso con las  personas que hayan sido seleccionadas mediante el sistema de mérito, según lo establecido en el Título V  de esta ley”. 

(...) 

ARTÍCULO 29. CONCURSOS. La provisión definitiva de los empleos públicos de carrera administrativa se hará mediante  procesos de selección abiertos y de ascenso los cuales adelantará la Comisión Nacional del Servicio  Civil o la entidad en la que esta delegue o desconcentre la función. 

En los procesos de selección o concursos abiertos para ingresar a la carrera podrán participar las  personas que acrediten los requisitos y condiciones requeridos para el desempeño de los empleos.  (...)”. (Subrayado y resaltado fuera de texto). 

De esta manera, conforme con lo anterior, se tiene que la provisión definitiva de los empleos  públicos de carrera administrativa, se realizará mediante procesos de selección abiertos y de  ascenso, los cuales adelantará la Comisión Nacional del Servicio Civil, o la entidad en la que esta  delegue o desconcentre la función; así mismo, se indica que los concursos para proveer los empleos  públicos, serán abiertos para todas las personas que acrediten los requisitos exigidos para su  desempeño y no se encuentren inhabilitadas. 

En este orden de ideas, quienes cumplan con los requisitos de ley y aquellos establecidos en el  manual específico de funciones que tenga adoptado la entidad, podrán ser designados en empleos  clasificados como de carrera administrativa, previa superación del concurso de méritos y del  respectivo período de prueba. 

Por otro lado, las entidades del Estado por necesidades del servicio, pueden proveer los empleos de  carrera en forma transitoria, ya sea mediante nombramiento en encargo o nombramiento en  provisionalidad. 

De esta manera, los nombramientos provisionales, se constituyen en un mecanismo de carácter  excepcional y transitorio, que permite proveer temporalmente un empleo de carrera administrativa,  con personal que no fue seleccionado mediante el sistema de mérito; el cual se fundamentará en las  causales específicamente señaladas en la norma, siempre que no existan empleados de carrera que  cumplan con los requisitos para ser encargados. 

Al respecto, la Honorable Corte Constitucional, mediante Sentencia SU-917 de 2010, además de  determinar que el empleado provisional, debe conocer las razones por las cuales se le desvincula,  para efectos de que pueda ejercer su derecho de contradicción, expresa: 

“En cuanto tiene que ver con el retiro de los servidores públicos, ante la vacancia en un empleo público las  autoridades tienen la obligación de implementar los trámites para suplirlas a la mayor brevedad en los  términos exigidos por la Carta Política. No obstante, como el procedimiento para la provisión definitiva  puede tomar un tiempo (prudencial), el Legislador ha autorizado, como medida transitoria y por supuesto  excepcional, la vinculación mediante provisionalidad 

La provisionalidad es una forma de proveer cargos públicos “cuando se presentan vacancias definitivas o  temporales y mientras éstos se proveen en propiedad conforme a las formalidades de ley o cesa la  situación administrativa que originó la vacancia temporal”. Ha sido concebida como mecanismo excepcional  y transitorio para atender las necesidades del servicio, cuyo objetivo es asegurar el cumplimiento de  los principios de eficiencia y celeridad evitando la paralización de las funciones públicas mientras se  surten los procedimientos ordinarios para suplir una vacancia (en particular el concurso de méritos para  empleos de carrera), lo que sin embargo “no exime a las autoridades nominadoras de la obligación de verificar  el cumplimiento de los requisitos del cargo”. 

En cuanto al retiro de servidores vinculados en provisionalidad, la Corte Constitucional ha abordado en  numerosas oportunidades el tema para señalar el inexcusable deber de motivación de dichos actos. Así  lo ha señalado desde hace más de una década de manera uniforme y reiterada en los numerosos fallos en los  que ha examinado esta problemática, a tal punto que a la fecha se registra casi un centenar de sentencias en  la misma dirección aunque con algunas variables respecto de las medidas de protección adoptadas

 

(...) 

En síntesis, la Corte concluye que respecto del acto de retiro de un servidor público que ejerce un  cargo en provisionalidad no puede predicarse estabilidad laboral propia de los derechos de carrera,  pero en todo caso el nominador continúa con la obligación de motivarlo, al tiempo que el administrado conserva  incólume el derecho a saber de manera puntual cuáles fueron las razones que motivaron esa decisión. 

En este orden de ideas, sólo es constitucionalmente admisible una motivación donde la insubsistencia  invoque argumentos puntuales como la provisión definitiva del cargo por haberse realizado el concurso  de méritos respectivo, la imposición de sanciones disciplinarias, la calificación insatisfactoria “u otra razón  específica atinente al servicio que está prestando y debería prestar el funcionario concreto” (Subrayado y  resaltado fuera de texto). 

En ese orden de ideas, los empleados públicos que desempeñan en provisionalidad cargos de  carrera, gozan de una estabilidad laboral relativa o intermedia, que implica, que el acto  administrativo por medio del cual se efectúa su desvinculación, debe encontrarse motivado, es decir,  contener las razones de la decisión; lo cual constituye una garantía mínima derivada, entre otros, del  derecho fundamental al debido proceso y del principio de publicidad, para efectos de que el  empleado pueda ejercer igualmente su derecho de contradicción. 

Así las cosas, conforme lo expresa la Corte Constitucional, los nombramientos provisionales, podrán  ser terminados de acuerdo con las siguientes causales: 

1. Como resultado de una sanción de tipo disciplinario. 
2. Cuando el cargo respectivo se vaya a proveer por utilización de lista de elegibles obtenida a través de concurso de méritos.
3. Cuando existan razones específicas atinente al servicio que está prestando y debería prestar el  funcionario concreto y que ameriten una calificación insatisfactoria. 

En este sentido, la terminación del nombramiento provisional o el de su prórroga, debe adelantarse  mediante acto motivado, donde la insubsistencia invoque argumentos puntuales como la provisión  definitiva del cargo por haberse realizado el concurso de méritos respectivo, la imposición de  sanciones disciplinarias, la calificación insatisfactoria u otra razón específica atinente al servicio que  está prestando, a fin de que el empleado conozca las razones por las cuales se le desvincula y  pueda ejercer su derecho de contradicción. 

Así mismo, el término de duración de los nombramientos provisionales, se establece para las  vacancias definitivas, hasta que se efectúe el nombramiento en periodo de prueba y para vacancias  temporales, hasta cuando finalice la situación administrativa que le dio origen a la misma, sin que la  norma establezca prórroga para los eventos señalados.

 

Aunado a lo anterior, la situación de quienes ocupan en provisionalidad cargos de carrera  administrativa, encuentran protección constitucional, en la medida en que en igualdad de  condiciones pueden participar en los concursos, gozando de esta manera, de una estabilidad laboral  condicionada, por encontrarse supeditados al lapso de duración del proceso de selección y hasta  tanto sean reemplazados por quien se haya hecho acreedor, a ocupar el cargo en virtud de sus  méritos evaluados previamente. 

Por consiguiente, y dada la realización del correspondiente concurso de méritos, para la provisión de  los empleos de carrera administrativa, resulta procedente la desvinculación de los empleados  provisionales, siempre que la misma se efectué mediante acto administrativo motivado, a fin que el  empleado conozca las razones por las cuales se le desvincula y ejerza si a bién lo tiene, su derecho  de contradicción. 

Ahora bien, en lo que respecta a la estabilidad laboral reforzada, la Corte Constitucional ha  reconocido, que dentro de las personas que ocupan en provisionalidad cargos de carrera, pueden  encontrarse sujetos de especial protección constitucional como las madres y padres cabeza de  familia, quienes están próximos a pensionarse y las personas en situación de discapacidad, a los  que, si bien por esa sola circunstancia no se les otorga un derecho indefinido a permanecer en ese  tipo de vinculación laboral, en virtud del derecho ostentado por las personas que acceden por  concurso de méritos, sí surge una obligación jurídico constitucional (art. 13) de propiciarse un trato  preferencial como medida de acción afirmativa. 

El anterior razonamiento, fue impuesto por la Sala Plena de la Corporación, mediante providencia  SU-446 de 2011, con Ponencia del Doctor Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, en la cual la Corte no  amparó los derechos de las personas que ocupaban cargos en provisionalidad, en situación de  debilidad manifiesta y que habían sido reemplazados por empleados de carrera en la Fiscalía de  General de la Nación. Aun así, en dicha ocasión, la Corporación planteó que aunque primaban los  derechos de acceder al cargo de los empleados de carrera, la entidad tenía el deber constitucional  de emplear medidas de acción afirmativa tendientes a proteger efectivamente el especial contexto  de las personas vinculadas en provisionalidad. 

Así las cosas, si bien los empleados provisionales que se encuentran en una situación especial, no  tienen derecho a permanecer de manera indefinida en el cargo, sí debe otorgárseles un trato  preferencial como acción afirmativa, antes de efectuar el nombramiento de quienes ocuparon los  primeros puestos en la lista de elegibles del respectivo concurso de méritos, con el fin de garantizar  el goce efectivo de sus derechos fundamentales. 

Lo anterior, en virtud de los mandatos contenidos en los incisos 2 y 3 del artículo 13 de la  Constitución Política, relativos a la adopción de medidas de protección a favor de grupos vulnerables y personas en condición de debilidad manifiesta, y en las cláusulas constitucionales que consagran  una protección reforzada para ciertos grupos sociales, tales como las madres cabeza de familia (art.  43 CP), los niños (art. 44 CP), las personas de la tercera edad (art. 46 CP) y las personas con  discapacidad (art. 47 CP). 

En este mismo sentido y en relación con la estabilidad laboral relativa de que gozan los empleados  que ocupan cargos de carrera en provisionalidad, la Corte Constitucional, ha señalado algunas  medidas que pueden adoptarse para garantizar los derechos fundamentales, de quienes ameritan  una especial protección constitucional por estar en condiciones de vulnerabilidad. Es así que  mediante sentencia de unificación SU-446 de 2011 enunciada anteriormente, la Corte Constitucional,  se expresó en torno a la relación existente entre la provisión de cargos de carrera mediante  concurso de méritos y la protección especial de personas que se encuentran en circunstancias  especiales como madres y padres cabeza de familia, prepensionados, o personas en situación de  discapacidad y que se encuentran ocupando dichos cargos en provisionalidad, argumentando: 

“Los servidores en provisionalidad, tal como reiteradamente lo ha expuesto esta Corporación, gozan de  una estabilidad relativa, en la medida en que sólo pueden ser desvinculados para proveer el cargo que  ocupan con una persona de carrera, tal como ocurrió en el caso en estudio o por razones objetivas que  deben ser claramente expuestas en el acto de desvinculación. En consecuencia, la terminación de una  vinculación en provisionalidad porque la plaza respectiva debe ser provista con una persona que ganó  el concurso, no desconoce los derechos de esta clase de funcionarios, pues precisamente la estabilidad  relativa que se le ha reconocido a quienes están vinculados bajo esta modalidad, cede frente al mejor derecho  que tienen las personas que ganaron un concurso público de méritos. 

(...) 

Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación, pese a la discrecionalidad de la que gozaba, sí tenía la  obligación de dar un trato preferencial, como una medida de acción afirmativa a: i) las madres y padres  cabeza de familia; ii) las personas que estaban próximas a pensionarse, entiéndase a quienes para el 24 de  noviembre de 2008 -fecha en que se expidió el Acuerdo 007 de 2008- les faltaren tres años o menos para  cumplir los requisitos para obtener la respectiva pensión; y iii) las personas en situación de discapacidad. 

En estos tres eventos la Fiscalía General de la Nación ha debido prever mecanismos para garantizar que las  personas en las condiciones antedichas, fueran las últimas en ser desvinculadas, porque si bien una cualquiera  de las situaciones descritas no otorga un derecho indefinido a permanecer en un empleo de carrera, toda  vez que prevalecen los derechos de quienes ganan el concurso público de méritos. Como el ente fiscal  no previó dispositivo alguno para no lesionar los derechos de ese grupo de personas, estando obligado a  hacerlo, en los términos del artículo 13 de la Constitución, esta Corte le ordenará a la entidad que dichas  personas, de ser posible, sean nuevamente vinculadas en forma provisional en cargos vacantes de la misma  jerarquía de los que venían ocupando” (Subrayado y resaltado fuera de texto). 

De acuerdo con la jurisprudencia transcrita, pese a la potestad que tiene la administración de  desvincular a los empleados públicos nombrados en provisionalidad, que ocupan un cargo de  carrera administrativa, deben observarse previamente unos requisitos propios de la estabilidad relativa o intermedia de la cual son titulares, para no vulnerar los derechos fundamentales de  aquellas personas que se encuentran en condiciones especiales: Entre ellos podemos enunciar: 

(i) La adopción de medidas de acción afirmativa tendientes a proteger efectivamente el especial  contexto de las personas vinculadas en provisionalidad, y 

(ii) La motivación del acto administrativo de desvinculación. 

De esta manera, segun la Corte Constitucional, antes de procederse al nombramiento de quienes  superaron el concurso de méritos, deben tenerse en cuenta las personas con una situación especial,  debiendo ser los últimos en removerse y en todo caso, en la medida de las posibilidades, vincularlos  nuevamente en forma provisional, en cargos vacantes de la misma jerarquía o equivalencia de los  que venían ocupando, siempre y cuando demuestren una de esas condiciones especiales al  momento de su desvinculación y al momento del posible nombramiento. La sentencia SU-446 de  2011 ya mencionada expresó: “La vinculación de estos servidores se prolongará hasta tanto los  cargos que lleguen a ocupar sean provistos en propiedad mediante el sistema de carrera o su  desvinculación cumpla los requisitos exigidos en la jurisprudencia constitucional, contenidos, entre  otras, en la sentencia SU-917 de 2010”. 

Continuando con esta misma línea, referente al retiro de los empleados provisionales que se  encuentran en una situación especial, por el nombramiento en período de prueba de quien ha  ocupado el primer lugar en la lista de elegibles, la Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante  sentencia C-901 de 2008, con ponencia del Doctor Mauricio González Cuervo señaló: 

“No desconoce la Corte que el artículo 4º del proyecto plantea una diferenciación respecto de personas que se  consideran sujetos de especial protección constitucional, como son las personas con discapacidad, ni la  situación que afrontan las personas discapacitadas, en un mercado laboral que usualmente les es hostil y  donde no es fácil procurar un trabajo, situación que suele agravarse cuando las personas con discapacidad se  acercan al momento en que adquieren el derecho a la pensión, por su misma condición y por la edad, amén de  factores de índole económica. 

Esta situación pone sobre el tapete la necesidad de ponderar las circunstancias de tales sujetos y del  respeto que se debe a su dignidad como seres humanos, frente al mérito privilegiado por la  Constitución Política, y defendido por esta Corporación como factor de acceso al servicio público al  declarar la inconstitucionalidad o tutelar los derechos de quienes ven limitados sus derechos por  razones ajenas a la superación de las diferentes pruebas del concurso y relacionados con  circunstancias particulares de los participantes, extrañas al mérito y vinculadas con fórmulas como, el  lugar de origen o de prestación del servicio, la experiencia antigüedad, conocimiento y eficiencia en el ejercicio  del cargo para el que se concursa, el ingreso automático a la carrera o los concursos cerrados para ingreso o  ascenso, reconocer a las pruebas de conocimientos generales o específicas -en este caso a la Prueba  Básica general de preselección- un carácter exclusivamente eliminatorio y no clasificatorio, la estructuración  de la lista de elegibles y el nombramiento respectivo en estricto orden de méritos de conformidad con los  resultados del concurso.

 

En el caso de las personas con discapacidad es evidente que nada se opone a que se sometan a un  concurso público y abierto donde pueden en igualdad de condiciones demostrar su capacidad y mérito  al igual que cualquier otro participante aspecto respecto del cual no pueden considerarse diferentes  por su sola condición de discapacidad (...)” (Subrayado y resaltado fuera de texto) 

De acuerdo con lo anterior, el hecho de que un empleado provisional se encuentre dentro una  condición especial y no supere las pruebas para proveer el empleo que desempeña, no lo exime de  ceder la plaza a quien ocupe el primer lugar en el concurso de mérito que se adelantó, para proveer  el empleo que ocupa en provisionalidad, por cuanto la Corte Constitucional, refiere que tal  discapacidad, no exime al empleado para demostrar sus capacidades en igualdad de condiciones. 

Así mismo, la Corte Constitucional, mediante sentencia SU- 446 de 2011, ampliamente citada en el  presente documento, sobre el retiro de las personas en situación de discapacidad, las madres y  padres cabeza de familia y los prepensionados por concurso, expresó: 

“En razón de la naturaleza global de la planta de personal de la Fiscalía, tal como la definió el legislador, y el  carácter provisional de la vinculación que ostentaban quienes hacen parte de este grupo de accionantes, la  Sala considera que el Fiscal General gozaba de discrecionalidad para determinar los cargos que serían  provistos por quienes superaron el concurso; por tanto, no se podía afirmar la vulneración de los derechos a la  igualdad y al debido proceso de estos servidores, al no haberse previsto por parte de la entidad, unos criterios  para determinar qué cargos serían los que expresamente se ocuparían con la lista de elegibles. 

La única limitación que tenía la Fiscalía General de la Nación era reemplazar a estos provisionales con una persona que hubiere ganado el concurso y ocupado un lugar que le permitiera acceder a una de las plazas  ofertadas. En este caso, los provisionales no podían alegar vulneración de derecho alguno al ser  desvinculados de la entidad toda vez que lo fueron para ser reemplazados por una persona que ganó el  concurso. 

Los servidores en provisionalidad, tal como reiteradamente lo ha expuesto esta Corporación, gozan de  una estabilidad relativa, en la medida en que sólo pueden ser desvinculados para proveer el cargo que  ocupan con una persona de carrera, tal como ocurrió en el caso en estudio o por razones objetivas que  deben ser claramente expuestas en el acto de desvinculación. En consecuencia, la terminación de una  vinculación en provisionalidad porque la plaza respectiva debe ser provista con una persona que ganó  el concurso, no desconoce los derechos de esta clase de funcionarios, pues precisamente la estabilidad  relativa que se le ha reconocido a quienes están vinculados bajo esta modalidad, cede frente al mejor derecho que tienen las personas que ganaron un concurso público de méritos. 

En la sentencia C-588 de 2009, se manifestó sobre este punto, así: “... la situación de quienes ocupan en  provisionalidad cargos de carrera administrativa es objeto de protección constitucional, en el sentido de que, en  igualdad de condiciones, pueden participar en los concursos y gozan de estabilidad mientras dura el  proceso de selección y hasta el momento en que sean reemplazados por la persona que se haya hecho  acreedora a ocupar el cargo en razón de sus méritos previamente evaluados”

 

Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación, pese a la discrecionalidad de la que gozaba, sí tenía la  obligación de dar un trato preferencial, como una medida de acción afirmativa a: i) las madres y padres cabeza  de familia; ii) las personas que estaban próximas a pensionarse, entiéndase a quienes para el 24 de noviembre  de 2008 -fecha en que se expidió el Acuerdo 007 de 2008- les faltaren tres años o menos para cumplir los  requisitos para obtener la respectiva pensión; y iii) las personas en situación de discapacidad. 

En estos tres eventos la Fiscalía General de la Nación ha debido prever mecanismos para garantizar  que las personas en las condiciones antedichas, fueran las últimas en ser desvinculadas, porque si  bien una cualquiera de las situaciones descritas no otorga un derecho indefinido a permanecer en un  empleo de carrera, toda vez que prevalecen los derechos de quienes ganan el concurso público de méritos.  Como el ente fiscal no previó dispositivo alguno para no lesionar los derechos de ese grupo de personas,  estando obligado a hacerlo, en los términos del artículo 13 de la Constitución, esta Corte le ordenará a la  entidad que dichas personas, de ser posible, sean nuevamente vinculadas en forma provisional en cargos  vacantes de la misma jerarquía de los que venían ocupando. 

Es claro que los órganos del Estado en sus actuaciones deben cumplir los fines del Estado, uno de ellos,  garantizar la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución, entre los cuales la igualdad juega un  papel trascendental, en la medida que obliga a las autoridades en un Estado Social de Derecho, a prodigar  una protección especial a las personas que, por su condición física o mental, se encuentren en  circunstancias de debilidad manifiesta, artículo 13, inciso 3 de la Constitución. Este mandato fue  ignorado por la Fiscalía General cuando hizo la provisión de los empleos de carrera y dejó de atender las  especiales circunstancias descritas para los tres grupos antes reseñados. 

(...) 

En consecuencia, la entidad deberá prever las especiales situaciones descritas en este apartado, al  momento en que deba ocupar los cargos con el o los concursos que tiene que efectuar en  cumplimiento de esta providencia”, (Subrayado y resaltado fuera de texto). 

De esta manera, le corresponde a la administración permitir en la medida de sus posibilidades, que  las personas que sean madres y padres cabeza de familia; que estén próximas a pensionarse, o que  se encuentren en situación de discapacidad, sean reubicadas donde puedan conservar y progresar  en el empleo. 

Lo anterior, en consonancia con la sentencia T-595 de 2016 de la Corte Constitucional, en la que  analizó la estabilidad laboral reforzada en caso de que la desvinculación sea consecuencia de la  aplicación de una lista de elegibles, resultante de un concurso de méritos, en la cual se señaló: “(...)  En aquellos eventos en los que la Administración no posea margen de maniobra, debe generar  medios que permitan proteger a las personas en condiciones especiales (...) con el propósito de que  sean las últimas en ser desvinculadas de sus cargos, esto, por cuanto no gozan de un derecho  indefinido a permanecer en el cargo de carrera. (...) Ello, naturalmente, sin perjuicio de la asignación  de los cargos cuando se adelantan los correspondientes concursos de méritos”. (Subrayado fuera de  texto).

 

De esta manera, conforme a las normas y jurisprudencia citadas sobre la materia y respondiendo a  su consulta, tenemos que los servidores en provisionalidad, se encuentran gozando de una  “estabilidad laboral relativa”, ya que deberán ceder la plaza que ocupan bajo dicha modalidad, entre  otras circunstancias, a quien ocupe el primer lugar en el concurso de méritos. 

Sin embargo y tratándose de empleados en provisionalidad, que se encuentran bajo una condición  especial, como en el caso motivo de consulta, antes de proceder al nombramiento de quienes  superaron el concurso de méritos, deberá la administración tenerlos en cuenta, disponiendo que  sean las últimas en ser removidas de su cargo; y en todo caso, en la medida de las posibilidades,  vincularlos nuevamente en forma provisional, en cargos vacantes de la misma jerarquía o  equivalentes de los que venían ocupando, siempre y cuando demuestren una de esas condiciones  especiales al momento de su desvinculación y al momento del posible nombramiento. 

Por último, es importante aclarar, que el Departamento Administrativo De La Función Pública, no  tiene competencia para decidir sobre casos particulares, por lo tanto, la resolución de este tipo de  situaciones, se encuentra en cabeza de la jurisdicción contencioso administrativa. 

Si requiere profundizar en otro tema en particular relacionado con las políticas de empleo público y  directrices para integración de los planes institucionales y estratégicos al servicio de la  Administración Pública, le invitamos a visitar nuestro Gestor Normativo en el siguiente vínculo de la  internet http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/gestor-normativo, donde podrá consultar entre otros  temas, los conceptos emitidos por esta Dirección Técnica. 

El anterior concepto se emite en los términos establecidos en el Artículo 28 del Código de  Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Cordialmente,  

ARMANDO LÓPEZ CORTES 

Director Jurídico 

Proyecto: Vivian Parra 

Revisó: Maia Borja  

11602.8.4

NOTAS DE PIE DE PÁGINA

1 Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de la Función Pública 

2 Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de la Función Pública

3 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras  disposiciones.