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Radicado No.: 20236000047861

Fecha: 03/02/2023 09:25:53 a.m.

Bogotá D.C.

REFERENCIA. EMPLEO. Posesión. Cumplimiento de requisitos. Tarjeta profesional de abogado. RADICACIÓN. 20232060050742 de fecha 24 de enero de 2023.

En atención a la comunicación de la referencia, mediante la cual solicita concepto relacionado a la necesidad de la presentación de la Tarjeta Profesional de abogado para el nombramiento y desempeño de un empleo público, me permito manifestar lo siguiente:

Sobre este particular, la Constitución Política establece:

“ARTICULO 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social.

Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el funcionamiento de éstos deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles.” (Subrayado nuestro)

Al respecto, es necesario manifestar que la obligatoriedad de exigir a determinadas profesiones la tarjeta profesional, es un punto debidamente aclarado por la Corte Constitucional, que en la sentencia C-697 del 2000, concluyó respecto de los títulos de idoneidad profesional:

“El Artículo 26 de la Carta autoriza al legislador para exigir determinados títulos de idoneidad a quienes quieran desempeñar actividades que impliquen riesgo social y también, para establecer mecanismos de inspección y vigilancia con el fin de evitar que resulten lesionados derechos de terceras personas. Impone al legislador la tarea de garantizarle a todas las personas la libertad plena de escoger, en condiciones de igualdad, la profesión u oficio que pueda servir para realizar su modelo de vida o para garantizarles un ingreso que les permita satisfacer sus necesidades”

(...)

“La exigencia de títulos de idoneidad y tarjetas profesionales, constituye una excepción al principio de libertad e igualdad en materia laboral y, por lo tanto, es necesario demostrar que la formación intelectual y técnica requerida es un medio idóneo y proporcional para proteger efectivamente el interés de los asociados”.

Entonces, en el Artículo 26 de la Constitución Política, se establece como deber del Estado el de regular las profesiones y oficios que impliquen repercusiones sociales con un riesgo colectivo para la sociedad, para lo cual, el legislador tendrá la potestad de exigir títulos de idoneidad y/o tarjetas profesionales con la finalidad de que se pueda demostrar la adecuada aptitud del aspirante, sin que ello conlleve necesariamente a vulnerar los derechos a la igualdad. Tal es el caso de profesiones como la ingeniería, el derecho, ciencias de la salud, etc.

Por lo anterior, es el legislador quien puede exigir la expedición de tarjetas profesionales para determinadas profesiones, lo que a su vez se constituye como un deber de exigencia por parte de las entidades públicas al momento de vincular a los empleados públicos.

En cuanto a la tarjeta o matrícula profesional, el Artículo 2.2.2.3.3 del Decreto 1083 de 2015¹, establece:

“ARTÍCULO 2.2.2.3.3 Certificación Educación Formal. Los estudios se acreditarán mediante la presentación de certificados, diplomas, grados o títulos otorgados por las instituciones correspondientes. Para su validez requerirán de los registros y autenticaciones que determinen las normas vigentes sobre la materia. La tarjeta profesional o matrícula correspondiente, según el caso, excluye la presentación de los documentos enunciados anteriormente.

En los casos en que para el ejercicio de la respectiva profesión se requiera acreditar la tarjeta o matrícula profesional, podrá sustituirse por la certificación expedida por el organismo competente de otorgarla en la cual conste que dicho documento se encuentra en trámite, siempre y cuando se acredite el respectivo título o grado. Dentro del año siguiente a la fecha de posesión, el empleado deberá presentar la correspondiente tarjeta o matrícula profesional.

De no acreditarse en ese tiempo, se aplicará lo previsto en el Artículo 5 de la Ley 190 de 1995, y las normas que la modifiquen o sustituyan”.

Ahora bien, para el caso del ejercicio de la carrera de Derecho, se advierte que el Decreto 196 de 1971² establece que el profesional debe estar inscrito como abogado, para lo cual es requisito haber obtenido el título correspondiente, reconocido legalmente por el Estado. Así, una vez culminados los estudios y los demás requerimientos exigidos por la ley, deberá solicitar su inclusión en el Registro Nacional de Abogados para que se le expida la Tarjeta Profesional que lo acredita para la práctica de la profesión.

De acuerdo con lo anterior, se concluye que para ejercer la profesión de abogado se requiere contar con la tarjeta profesional respectiva o con la certificación expedida por el organismo que la otorga en la que conste que el documento está en trámite.

En este orden de ideas, se advierte que para la vinculación de personas a la administración pública que practiquen profesiones en las que se exija la presentación de tarjetas profesionales para cuyo ejercicio el legislador haya considerado pertinente su expedición, deberá presentarse tal requisito, en los términos señalados en el Decreto 1083 de 2015.

Por tal motivo y para efectos de resolver su consulta se tiene que, para vincularse a una entidad pública como profesional del derecho deberá presentar la tarjeta profesional de abogada o en su defecto, acreditar el título profesional junto con la certificación expedida por el Consejo de la Judicatura donde conste que la tarjeta profesional se encuentra en trámite, de conformidad con lo establecido en las normas citadas en este concepto.

Me permito indicarle que, para mayor información relacionada con los temas de este Departamento Administrativo, le sugerimos ingresar a la página web www.funcionpublica.gov.co/eva en el link “Gestor Normativo” donde podrá consultar entre otros temas, los conceptos emitidos por esta Dirección Jurídica.

El anterior concepto se imparte en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

ARMANDO LÓPEZ CORTES

Director Jurídico

Proyectó: Sonia Estefanía Caballero Sua

Revisó: Maia Valeria Borja Guerrero

Aprobó: Armando López Cortés

11602.8.4

NOTAS DE PIE DE PÁGINA

1 Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector de la Función Pública.

2 Por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía.