*20226000025141*

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20226000025141

Fecha: 19/01/2022 09:02:23 p.m.

Bogotá D.C. 

Referencia: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Empleado público. Radicado: 20219000742762 del 15 de diciembre de 2021. 

En atención a la comunicación de la referencia, solicita usted, en ejercicio del derecho de petición se le emita un concepto que resuelva la siguiente pregunta: 

“Puede una persona natural tener un contrato de prestación de servicio como instructor virtual SENA 8 hr y un nombramiento por resolución menor a 12 meses (11 meses) con una entidad pública como docente tiempo completo? ¿está incurriendo en alguna ilegalidad? (copiado del original). 

I. FUNDAMENTOS DEL CONCEPTO 

La respuesta a los interrogantes planteados tendrá en cuenta los siguientes referentes normativos, conceptuales y jurisprudenciales: 

Inicialmente, es preciso indicar que de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en reiterados pronunciamientos¹, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, como las demás calidades, exigencias o requisitos que debe reunir quien aspire a ingresar o a permanecer al servicio del Estado, deben estar consagradas en forma expresa y clara en la Constitución y en Ley.

Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado²en sentencia dictada el 8 de febrero de 2011, respecto del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, consideró lo siguiente: 

Las inhabilidades e incompatibilidades, en tanto limitan la libertad y los derechos de las personas, son de origen constitucional y legal. La tipificación de sus causas, vigencia, naturaleza y efectos es rígida y taxativa; su aplicación es restrictiva, de manera que excluye la analogía legis o iuris, excepto en lo favorable; están definidas en el tiempo, salvo aquellas de carácter constitucional (verbi gratia arts. 179 No.1, 197 y 267 C.P.); y, además, hacen parte de un conjunto de disposiciones que integran un régimen jurídico imperativo y de orden público, razón por la cual no son disponibles ni pueden ser derogadas por acuerdo o convenio. (negrita y subrayado fuera de texto). 

Conforme lo anterior, las inhabilidades son restricciones fijadas por el constituyente o el legislador para limitar el derecho de acceso al ejercicio de cargos o funciones públicas, ello quiere decir, que tienen un carácter prohibitivo, y, por consiguiente, estas son taxativas, es decir, están expresamente consagradas en la Constitución o en la Ley y su interpretación es restrictiva, razón por la cual no procede la aplicación analógica ni extensiva de las mismas. 

En este entendido, a continuación, nos pronunciaremos sobre el fundamento normativo correspondiente: 

Al respecto, la Constitución Política, consagra:

ARTÍCULO 127. Los servidores públicos no podrán celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo las excepciones legales. (…) 

A su vez, la Ley 80 de 1993³, preceptúa: 

ARTÍCULO 8. DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR. 

1. < Aparte tachado derogado por el Artículo 32 de la Ley 1150 de 2007> Son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con las entidades estatales: 

(…) 

f) Los servidores públicos. 

De acuerdo a lo anterior, los servidores públicos no pueden celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos.

II. RESPUESTA A LAS PREGUNTAS OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONCEPTO 

Con fundamento en los criterios y disposiciones expuestos, la prohibición de contratar con entidades públicas se extiende a quienes tienen la calidad de servidores públicos. En consecuencia, en criterio de esta Dirección Jurídica como docente de tiempo completo, empleado público, no puede suscribir contrato por orden de prestación de servicios en la misma o en otra entidad pública del orden nacional o territorial, por cuanto incurriría en inhabilidad según los términos de la ley disciplinaria contenidos en la Ley 734 de 2002, a partir del 29 de marzo de 2022, la Ley 1952 de 2019. 

III. NATURALEZA DEL CONCEPTO 

Este concepto lo emitimos en los términos y con los alcances dados por el Artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo – Ley 1437 de 2011. 

Para mayor información relacionada con los temas de este Departamento Administrativo, le sugerimos ingresar a la página web www.funcionpublica.gov.co/eva, en el botón web Gestor Normativo puede consultar entre otros temas, los conceptos emitidos por esta Dirección Jurídica. 

Adicionalmente, en la web https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/index.html encuentra la normativa expedida por el Gobierno Nacional con relación a la emergencia sanitaria causada por el COVID–19. 

Cordialmente, 

ARMANDO LOPEZ CORTES 

Director Jurídico 

Proyectó: Angélica Guzmán Cañón 

Revisó: Maia Valeria Borja Guerrero 

Aprobó: Armando López Cortés 

11602.8.4

NOTAS D EPIE DE PÁGINA:

¹ Corte Constitucional en Sentencia C-546 de 1993, Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz

² Sentencia proferida dentro del Expediente núm. 11001-03-15-000-2010-00990-00(PI) Demandante: Cesar Julio Gordillo Núñez.

³ Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública