Concepto 231271 de 2021 Departamento Administrativo de la Función Pública
Fecha de Expedición: 01 de julio de 2021
Fecha de Entrada en Vigencia:
Medio de Publicación:
PRESTACIONES SOCIALES
- Subtema: Descuentos Autorizados
El salario de un trabajador puede ser embargado hasta el equivalente del 50% del mismo cuando se trate de obligaciones alimentarias, caso en el cual y previo mandamiento judicial, se deberá descontar y consignar a órdenes del Juzgado, hasta el 50% de lo que legalmente compone el salario mensual del demandado, luego de las deducciones de ley.
*20216000231271*
Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20216000231271
Fecha: 01/07/2021 05:50:36 p.m.
Bogotá D.C.
Referencia: PRESTACIONES SOCIALES – Descuentos Autorizados. Embargos judiciales. Radicación No. 20219000489212 del 25 de junio de 2021.
En atención a su comunicación de la referencia, mediante la cual presenta diferentes interrogantes relacionados con las ordenes de embargos judiciales, me permito manifestarle lo siguiente:
El Decreto 1083 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública, establece:
ARTÍCULO 2.2.31.5. Descuentos prohibidos. Queda prohibido a los habilitados, cajeros y pagadores, deducir suma alguna de los salarios que corresponden a los empleados oficiales.
Dichas deducciones sólo podrán efectuarse en los siguientes casos:
a) Cuando exista un mandamiento judicial que así lo ordene en cada caso particular, con indicación precisa de la cantidad que debe retenerse y su destinación; y
b) Cuando la autorice por escrito el empleado oficial para cada caso, a menos que la deducción afecte el salario mínimo legal o la parte inembargable del salario ordinario, casos estos en los cuales no podrá hacerse la deducción solicitada.
ARTÍCULO 2.2.31.6. Deducciones permitidas. Quedan autorizados los habilitados, cajeros y pagadores, para deducir de los salarios las sumas destinadas a lo siguiente:
a) A cuotas sindicales, conforme a los trámites legales respectivos.
b) A los aportes para la entidad de previsión social a la cual esté afiliado el empleado oficial.
c) A cubrir deudas y aportes a cooperativas de las cuales sea socio el empleado oficial, dentro de los límites legales.
d) A satisfacer el valor de sanciones pecuniarias impuestas al empleado oficial, con sujeción a los procedimientos que regulen esta especie de sanción disciplinaria, y
e) A cubrir deudas de consumo contraídas con almacenes y servicios de las cajas de subsidio familiar, en la proporción establecida para las cooperativas.
Teniendo en cuenta las normas trascritas anteriormente, es criterio de esta Dirección Jurídica que cuando nos referimos a embargos, los mismos sólo pueden ser decretados y levantados por la autoridad judicial, de acuerdo con el Código Civil, Código General del Proceso y Decreto 1083 de 2015.
En consecuencia, por mandato legal sólo se pueden deducir y retener aquellas sumas de los sueldos o salarios de los trabajadores que vengan determinadas previamente por mandamiento judicial u orden escrita del trabajador, a menos que se trate de los descuentos permitidos y que son de forzosa aceptación.
Respecto a los descuentos relacionados con la cuota de alimentos para sus menores hijos, el Decreto 1083 de 2015, indica:
ARTÍCULO 2.2.31.7. Inembargabilidad del salario mínimo legal. No es embargable el salario mínimo legal, excepto en los casos a que se refiere el Artículo siguiente.
ARTÍCULO 2.2.31.8. Inembargabilidad parcial del salario.
1. Es embargable hasta la mitad del salario para el pago de las pensiones alimenticias que se deban conforme a lo dispuesto en el Código Civil, lo mismo que para satisfacer las obligaciones impuestas por la Ley para la protección de la mujer y de los hijos.
1. En los demás casos, solamente es embargable la quinta parte de lo que exceda del valor del respectivo salario mínimo legal. (Subraya y negrilla fuera del texto).
En virtud de lo expuesto, La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional1, resolvió lo siguiente:
Esta clase de descuentos están regulados por el Artículo 154, 155 y 156 del Código Sustantivo del Trabajo, y presuponen la mediación de un juez. Solo son aplicables cuando a través de un embargo, el juez ordena el descuento. En todo caso, no es posible descontar la totalidad del ingreso del trabajador. Como regla general, el salario mínimo es inembargable y aun así, la única parte embargable es la quinta parte de lo que exceda el salario mínimo. Cuando se trate de cobros por obligaciones alimentarias o en favor de una cooperativa, el límite será el cincuenta (50%) de cualquier salario. De cualquier forma, debe mediar la orden de un juez para que sea procedente realizar el descuento. (Subraya y negrilla fuera del texto).
Como se observa, el salario de un trabajador puede ser embargado hasta el equivalente del 50% del mismo cuando se trate de obligaciones alimentarias, caso en el cual y previo mandamiento judicial, se deberá descontar y consignar a órdenes del Juzgado, hasta el 50% de lo que legalmente compone el salario mensual del demandado, luego de las deducciones de ley.
De igual manera se considera que las entidades deben realizar todas las acciones necesarias para dar cumplimiento a los pronunciamientos proferidos por los distintos Despachos Judiciales en relación con las medidas de embargo, y solamente hasta que exista un oficio levantando las medidas cautelares es que las entidades deberán suspender los descuentos ordenados.
Por tanto atendiendo sus interrogantes número 1 y 2, y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.2.31.5 del Decreto 1083 de 2015, la entidad deberá dar cumplimiento a la orden judicial, para lo cual deberá realizar el estudio correspondiente frente a la prelación de créditos, es decir, identificar las clases de embargo, por ejemplo, los de alimentos son créditos de primera clase, para esto se determinará la clase de crédito como lo expone los Artículos 465 y 593 del Código General del Proceso. Así mismo, la entidad deberá dar cumplimiento a la medida cautelar según el orden de radicación del embargo, sin olvidar la prelación de créditos.
En relación a su tercer y cuarto interrogante, es importante indicarle de acuerdo con lo establecido en el Decreto 430 de 2016, este Departamento Administrativo tiene como objeto el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos y de las entidades y organismos del Estado, su organización y funcionamiento, el desarrollo de la democratización de la gestión pública y el servicio al ciudadano, mediante la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, la adopción de instrumentos técnicos y jurídicos, y la capacitación, por lo tanto no somos competentes para pronunciarnos la legalidad de las actuaciones de las entidades o de los pronunciamiento de los Jueces de la República, como resulta apenas obvio, por tanto, al no ser de nuestra competencia le sugerimos, si a bien, sugerimos dirigirse a la Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo quienes tienen como misión representar a la sociedad y vigilar la garantía de los derechos, o si a bien lolo tiene contactar a un profesional en derecho quien podrá resolver y analizar su caso con el fin de brindarle una asesoría especializada.
Para más información respecto de las normas de administración de los empleados del sector público; así como las inhabilidades e incompatibilidades aplicables a los mismos, me permito indicar que en el link http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/gestor-normativo podrá encontrar conceptos relacionados con el tema, que han sido emitidos por esta Dirección Jurídica.
El anterior concepto se emite en los términos establecidos en el Artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Cordialmente,
ARMANDO LÓPEZ CORTES
Director Jurídico
Proyecto: Sandra Barriga Moreno
Revisó Aprobó: Dr. Armando López Cortes
11.602.8.4
NOTAS DE PIE D EPÁGINA
1. Sentencia T-891 del 3 de diciembre de 2013, Magistrados ponentes: Luis Ernesto Vargas Silva, Mauricio González Cuervo y la Magistrada Marta Victoria Calle Correa.