Artículo 1º.- Vigencia del sistema general de pensiones. El sistema general de pensiones para los servidores públicos del orden departamental, distrital y municipal, incorporados de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 1 del Decreto 691 del 29 de marzo de 1994, entrará a regir el 30 de junio de 1995, siempre que la entrada en vigencia del sistema no haya sido decretada con anterioridad por el gobernador o alcalde.

A partir de la fecha de la vigencia del sistema de que trata el presente artículo, las pensiones de vejez, de invalidez por riesgo común y de sobrevivientes por riesgo común, al igual que las demás prestaciones contempladas en el sistema, de los servidores públicos mencionados en el inciso anterior, se regirán íntegra y exclusivamente por las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y demás normas que las modifiquen, adicionen o reglamenten.

Artículo 2º.- Selección de régimen pensional. Una vez entre a regir el sistema general de pensiones en el orden departamental, municipal y distrital, los servidores públicos deberán seleccionar entre el régimen solidario de prima media con prestación definida, administrado por el Instituto de Seguros Sociales, ISS, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, administrado por las sociedades administradoras de fondos de pensiones, AFP, autorizadas por la Superintendencia Bancaria.

Los servidores públicos que elijan afiliarse o trasladarse al Instituto de Seguros Sociales o al régimen de ahorro individual con solidaridad, deberán proceder de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de este Decreto.

Parágrafo 1º.- Los servidores públicos que ingresen al servicio con posterioridad a la vigencia del sistema general de pensiones y elijan el régimen solidario de prima media con prestación definida, deben afiliarse al Instituto de Seguros Sociales.

Parágrafo 2º.- Los funcionarios públicos cuyas pensiones eran reconocidas y pagadas por las entidades empleadoras, deberán afiliarse a cualquiera de los dos regímenes previstos en la Ley 100 de 1993 a más tardar el 30 de junio de 1995.

Artículo 3º.- Situaciones especiales de afiliación. Los servidores públicos que al momento de entrar a regir el sistema general de pensiones se encuentren afiliados al Instituto de Seguros Sociales, ISS, pueden continuar en dicho instituto, sin que sea necesario el diligenciamiento de formulario o comunicación alguna.

Los servidores públicos que elijan el régimen solidario de prima media con prestación definida que se encuentren afiliados a una caja, fondo o entidad de previsión social del sector público del nivel territorial declarada solvente, podrán continuar vinculados a dicha institución mientras no se ordene su liquidación, sin que sea necesario el diligenciamiento de formulario o comunicación alguna.

Los servidores públicos que elijan el régimen solidario de prima media con prestación definida que se encuentren afiliados a una caja, fondo o entidad de previsión social del sector público del nivel territorial declarada insolvente, podrán continuar vinculados a dicha institución hasta la fecha de corte de cuentas de que trata el artículo 24 de este decreto, sin que sea necesario el diligenciamiento de formulario o comunicación alguna.

En los casos previstos en este artículo no es aplicable la prohibición de traslado de régimen antes de tres (3) años y, en consecuencia, los afiliados podrán ejercer en cualquier momento la opción de traslado.

Artículo 4º.- Vinculación al régimen seleccionado. La selección de régimen implica la aceptación de las condiciones propias de éste para acceder a las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, y demás prestaciones económicas a que haya lugar.

La selección de uno cualquiera de los dos regímenes previstos en el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del servidor público y se entenderá efectuada con el diligenciamiento del formulario de afiliación autorizado por la Superintendencia Bancaria.

El formulario debe diligenciarse en original y dos copias, cuya distribución será la siguiente: el original para la administradora, una copia para el empleador y otra para el afiliado.

Para que la afiliación se considere válida el formulario debe estar correctamente diligenciado y firmado por el afiliado, el empleador y la persona autorizada por la entidad administradora de pensiones.

Artículo 5º.- Efectos de la afiliación. Para los servidores públicos del nivel departamental, municipal y distrital, la afiliación surtirá efectos a partir del primer día del mes siguiente al del diligenciamiento del respectivo formulario.

Será responsable del pago de las pensiones o prestaciones económicas a que haya lugar, la entidad administradora de pensiones que haya recibido o le corresponda recibir el monto de las cotizaciones del período en el cual ocurre el siniestro o hecho que da lugar al pago de la prestación correspondiente.

La entidad administradora de pensiones donde se encuentre afiliado el servidor público de los entes territoriales, efectuará el reconocimiento y pago de la pensión de vejez o de jubilación, una vez le sea entregado el respectivo bono pensional.

Artículo 6º.- Régimen de transición. Los servidores públicos del orden departamental, municipal y distrital, que seleccionen el régimen de prima media con prestación definida, estarán sujetos al régimen de transición previsto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos.

Para efectos del cumplimiento de los requisitos de que trata el inciso 2º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el momento de entrada en vigencia del sistema general de pensiones, será:

1. La fecha en que entró a regir el sistema, determinada en el acto administrativo emitido por el respectivo gobernador o alcalde, o

2.  El 30 de junio de 1995.

Artículo 7º.- Salario base de cotización. El salario base de cotización al sistema general de pensiones de los servidores públicos de que trata este decreto, está constituido por los siguientes factores:

1. La asignación básica mensual;

b)  Los gastos de representación;

c)  La prima técnica, cuando ésta sea factor de salario;

4. Las primas de antigüedad, ascensional y de capacitación, cuando sean factor de salario;

e)  La remuneración por trabajo dominical o festivo;

f)  La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna, y

7. La bonificación por servicios prestados.

Artículo 8º.- Monto de las cotizaciones. A partir de la fecha en que empiece a regir el sistema general de pensiones, la tasa de cotización, tanto para el régimen solidario de prima media con prestación definida, como para el régimen de ahorro individual con solidaridad, será del 12.5% para 1995 y del 13.5% a partir del 1 de enero de 1996, calculada sobre el ingreso base de cotización.

Esta cotización deberá pagarse en la siguiente proporción: 75% a cargo del empleador y 25% a cargo del afiliado.

En consecuencia, la distribución de las cotizaciones es la siguiente:

Fecha

Aporte

empleador

Trabajador con menos de 4 salarios mínimos

Trabajador con 4 o más salarios mínimos

Jul.-Dic. 1995 9,375% 3,125% 4,125%

Ene.-Dic. 1996 10,125% 3,375% 4,375%

Parágrafo.- Los afiliados cuyo ingreso base de cotización sea igual o superior a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes, continuarán aportando un punto porcentual adicional, con destino al fondo de solidaridad pensional.

Este punto porcentual es a cargo exclusivo del afiliado.

Artículo 9º.- Fecha de pago. El pago de las cotizaciones al sistema general de pensiones, deberá efectuarlo el empleador en el mes siguiente a aquel que es objeto de la cotización, de acuerdo con el calendario que adopte el Gobierno Nacional, y que en la actualidad es el siguiente:

Último dígito Fecha de pago

NIT o C.C. (día del mes)

del empleador 3,4,5,6,7,

1,2,3,4,5,6, 6,7,8,9,10

7,8,9,0

Parágrafo.- No se considera como número del NIT el dígito de verificación.

Artículo 10º.- Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones departamentales, municipales o distritales. Las situaciones jurídicas de carácter individual, definidas con anterioridad a la Ley 100 de 1993, con base en disposiciones departamentales, distritales y municipales, en materia de pensiones de jubilación extralegales en favor de empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados, continuarán vigentes.

También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones, quienes con anterioridad al 23 de diciembre de 1993, hayan cumplido o cumplan dentro de los dos (2) años siguientes los requisitos exigidos en dichas normas.

Artículo 11º.- Constitución de los fondos de pensiones territoriales. Los fondos de pensiones territoriales cuya creación fue autorizada mediante Decreto 1296 del 22 de junio de 1994, deberán constituirse a más tardar el 30 de junio de 1995, mediante acto administrativo expedido por el gobernador o alcalde.

En el acto administrativo de creación del fondo departamental, distrital o municipal de pensiones, el respectivo gobernador o alcalde determinará el órgano de administración, sus funciones y reglamento.

Corresponde a la asamblea departamental, o al concejo municipal o distrital, según sea el caso, aprobar la inclusión, en el respectivo presupuesto anual, de los recursos del fondo de que trata el artículo 5 del Decreto 1296 de 1994.

Esta autorización deberá realizarse con anterioridad a la fecha en que se determine la sustitución por el fondo de pensiones territorial, del pago de las pensiones a cargo de las cajas o fondos de previsión social declaradas insolventes o de las entidades territoriales o descentralizadas del orden territorial.

La sustitución de que trata este artículo deberá efectuarse a más tardar el 2 de enero de 1996.

Artículo 12º.- Declaratoria de solvencia o insolvencia de las cajas, fondos o entidades de previsión. La declaratoria de solvencia o insolvencia de las cajas, fondos o entidades de previsión del sector público del nivel territorial, se efectuará mediante acto administrativo expedido por el respectivo gobernador o alcalde con sujeción a lo previsto en el ordinal primero del artículo 6 del Decreto 1296 de 1994, de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes, a más tardar el 30 de junio de 1995

Este acto administrado deberá ser informado a la Superintendencia Bancaria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 del presente Decreto.

En el mismo acto administrativo se señalará la fecha para efectuar la liquidación, así como la fecha para la sustitución del pago de pensiones por parte del fondo de pensiones territorial.

Para todos los efectos, se entenderán declaradas insolventes las cajas, fondos o entidades de previsión social del sector público del nivel territorial, sobre las cuales no exista pronunciamiento alguno sobre su solvencia a 1 de julio de 1995, debiendo, en consecuencia, proceder a la creación del fondo de pensiones territorial, si éste no hubiese sido ya creado. Dichas cajas, fondos o entidades de previsión social, deberán cumplir con el procedimiento dispuesto en el presente decreto para su liquidación. Subrayado declarado la nulo Sentencia 12574 de 1997. Sección Segunda del Consejo de Estado.

Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponda al gobernador o al alcalde por el incumplimiento de sus obligaciones.

Artículo 13º.- Sustitución en el pago de las pensiones. El pago de las pensiones a cargo de las cajas, fondos, entidades de previsión social del sector público, del nivel territorial declaradas insolventes y de los entes territoriales, será asumido por el respectivo fondo de pensiones territorial.

Cajas, fondos o entidades de previsión social del sector público del nivel territorial, como entidades administradoras del régimen solidario de prima media con prestación definida

Artículo 14º.- Entidades administradoras. Las cajas, fondos o entidades de previsión social del sector público del nivel territorial declaradas solventes, administrarán el régimen solidario de prima media con prestación definida, respecto de sus afiliados a la fecha en que comenzó a regir el sistema general de pensiones en el respectivo nivel territorial y mientras dichas entidades subsistan.

Lo anterior, sin perjuicio de la libre selección que los afiliados tienen, por lo que podrán acogerse a cualesquiera de los regímenes pensionales previstos en la Ley 100 de 1993.

A partir del 30 de junio de 1995, o en aquella fecha anterior en que entró a regir el sistema general de pensiones en la respectiva entidad territorial, estas instituciones no podrán recibir nuevos afiliados.

Artículo 15º.- Finalidad. Las cajas, fondos o entidades de previsión social del sector público del nivel territorial declaradas solventes, deberán administrar los recursos provenientes del recaudo de los aportes al sistema general de pensiones de sus actuales afiliados, reconocer y pagar las pensiones a su cargo en los términos establecidos en la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos.

Parágrafo.- El hecho que las entidades de que trata este artículo puedan administrar el régimen solidario de prima media con prestación definida, no implica autorización ni competencia para administrar los sistemas generales de seguridad social en salud o de riesgos profesionales.

Artículo 16º.- Control y vigilancia. Las cajas, fondos o entidades de previsión social del sector público del nivel territorial declaradas solventes, están sometidas a la vigilancia y control de la Superintendencia Bancaria.

El respectivo gobernador o alcalde deberá comunicar a dicha entidad la determinación de la solvencia o insolvencia en los términos señalados en el artículo 17 del presente Decreto.

Artículo 17º.- Criterios de solvencia. Para determinar la solvencia de las cajas, fondos o entidades de previsión social del sector público del nivel territorial, el gobernador o alcalde deberá tener en cuenta que ellas estén en capacidad de cumplir, cuando menos, con las siguientes condiciones:

1. Manejar las inversiones del fondo de pensiones con criterios de seguridad, rentabilidad y liquidez de conformidad con los artículos 54 y 101 de la Ley 100 de 1993.

2.  Llevar un sistema de contabilidad, cuentas, inversiones y reservas separadas del resto de sus negocios, con sujeción a las disposiciones que, con carácter general, imparta la Superintendencia Bancaria.

3. Actualizar la totalidad de la historia laboral de los afiliados sobre el derecho que les pueda asistir.

4.  Reconocer y pagar las prestaciones económicas a su cargo, dentro de los términos establecidos en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

5.  Acreditar la existencia de las reservas suficientes para atender el pago de las mesadas pensionales por los próximos cinco (5) años y el incremento futuro de las reservas para el pago de las que se encuentren en trámite de reconocimiento.

6. Cumplir con el régimen de información financiera de conformidad con lo establecido en los artículos 95, 96 y 97 del estatuto orgánico del sistema financiero.

7.  Contar con mecanismos adecuados para detectar en cualquier momento la mora o el incumplimiento en el pago de las cotizaciones, y para adelantar los cobros pertinentes.

8.  Contar con los mecanismos adecuados para atender oportunamente las consultas y quejas que les sean presentadas.

9. Emitir los bonos pensionales a que hubiere lugar, de conformidad con los reglamentos vigentes.

Artículo 18º.- Inversiones y rentabilidad de las reservas pensionales. Las inversiones y rentabilidad de las reservas administradas por las cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público del nivel territorial declaradas solventes, se manejarán de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 54 de la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos.

Artículo 19º.- Acreditación ante la Superintendencia Bancaria. Todas aquellas cajas, fondos o entidades de previsión social del sector público del nivel territorial declaradas solventes con anterioridad a la vigencia del presente decreto, deberán acreditar ante la Superintendencia Bancaria a más tardar el 30 de junio de 1995, que están en capacidad de cumplir con la totalidad de los requisitos mencionados en los artículos anteriores.

Artículo 20º.- Remisión de información para la liquidación. En el acto administrativo en que se declare la insolvencia, se deberá señalar la fecha para efectuar la liquidación y la fecha en la cual el fondo de pensiones territorial sustituirá en el pago de pensiones a la respectiva caja, fondo o entidad de previsión social del sector público del nivel territorial.

Con anterioridad al 31 de octubre de 1995, las entidades anteriormente mencionadas, deberán remitir a la Superintendencia Bancaria el cronograma de labores orientado a su liquidación.

Las cajas, fondos o entidades de previsión social del sector público del nivel territorial declaradas insolventes, tendrán como máximo hasta el 31 de marzo de 1996 para concluir su proceso de liquidación, en el área o áreas relativas al reconocimiento y pago de pensiones.

Artículo 21º.- Designación del liquidador. La junta o concejo directivo de la respectiva caja, fondo o entidad de previsión social del sector público del nivel territorial declarada insolvente, designará el liquidador, quien para desarrollar su labor se sujetará a lo previsto en el Código de Comercio, en lo pertinente.

Artículo 22º.- Verificación de la información por parte de la Superintendencia Bancaria. De conformidad con lo establecido en el literal b), del numeral 3º, del artículo 327 del estatuto orgánico del sistema financiero, la Superintendencia Bancaria, en el proceso de liquidación de estas entidades, verificará exclusivamente la sujeción a las disposiciones aplicables del inventario, la cuenta final de liquidación y la metodología prevista para la entrega de recursos, si a ello hubiere lugar.

Sin perjuicio de lo anterior y de manera concomitante, la Superintendencia Bancaria podrá solicitar informes especiales y estados financieros a las citadas entidades, así como impartir instrucciones para el cabal cumplimiento del proceso de liquidación.

Artículo 23º.- Sustitución por el fondo de pensiones territorial. Las cajas, fondos o entidades de previsión social del sector público del nivel territorial declaradas insolventes, podrán continuar pagando las mesadas pensionales a su cargo hasta el momento de la sustitución por parte del fondo de pensiones territorial.

Artículo 24º.- Corte de cuentas. Para efectos de determinar la cuantía para la liquidación de las entidades de que trata este capítulo la fecha de corte de cuentas será, a más tardar, el 31 de diciembre de 1995.

Artículo 25º.- Entrega de archivos. Las cajas, fondos o entidades de previsión social del sector público del nivel territorial declaradas insolventes, deberán, sin costo alguno, entregar los archivos magnéticos, documentos y demás información que se requiera, para que el respectivo fondo de pensiones territorial pueda crear la base de datos necesaria para la elaboración y control de la nómina de pensionados.

Dicha entrega se hará a más tardar en la fecha de corte de cuentas y relacionará, cuando menos, la siguiente información:

1. Del pensionado:

1.  Nombres y apellidos.

2.  Documento de identidad.

3.  Valor de la mesada pensional.

4.  Clase de pensión.

5.  Dirección de residencia.

6.  Descuentos autorizados.

7. Número de la cuenta en la cual se consigna la mesada, si a ello hubiere lugar.

1. De los beneficiarios:

1.  Nombres y apellidos.

2.  Documento de identidad.

3.  Parentesco.

4. Constancia o documentación que acredite la calidad de compañero o compañera permanente supérstite, hijos inválidos o incapacitados por razón de estudios.

Artículo 26º.- Historias laborales. Las cajas, fondos o entidades de previsión social del sector público del nivel territorial declaradas insolventes, y las entidades territoriales que tengan a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones, deberán disponer de la información correspondiente a la historia laboral actualizada de sus afiliados o vinculados a más tardar en la fecha de sustitución, para efectos de la emisión de los bonos pensionales.

Artículo 27º.- Vigencia. El presente Decreto rige a partir de su publicación.