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¿A qué se refiere la lucha contra la corrupción?
Los servidores públicos en Colombia, o quienes estén próximos a ingresar a una entidad, deben tener presente que nuestro país necesita seguir avanzando en ser una sociedad más justa, equitativa y productiva. El camino hacia la equidad implica el compromiso de todos los servidores para ser implacables contra la corrupción.
La corrupción se ha convertido en la principal preocupación en la agenda pública de Colombia, pues se ha evidenciado la manera en que esta incide negativamente en el desarrollo económico y social del país. Sin embargo, el concepto de corrupción es amplio y las personas muchas veces se refieren a soborno, prevaricato, coimas, fraude y más formas de desviación de recursos sin tener claridad a qué se refieren. Revisemos algunas definiciones:
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La definición más común de corrupción es la que ofrece la organización Transparencia Internacional, que la relaciona con el abuso del poder para beneficio propio (Transparency International, 2009) en detrimento de los intereses colectivos.
El Banco Mundial define la corrupción como el abuso de una función pública para obtener beneficios privados y excluyentes (Banco Mundial, 1997).
En el CONPES 167 de 2013 que define la Estrategia Nacional de la Política Publica Integral Anticorrupción la define como “el uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio privado”. (DNP, 2013).
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Como vimos, la corrupción puede tener diversas manifestaciones en la práctica. Al respecto Luis Jorge Garay identifica dos tipos de corrupción:
Haga clic en los números para descubrirlos.1La pequeña corrupción
Tiene como principal ámbito los trámites, licencias y permisos ordinarios, puede ser por una gestión pública incontrolada.2La gran corrupción
Se manifiesta en la contratación pública y en la expedición de normas, puede ser sistémica y conducir a la cooptación del Estado.
En todo caso, cualquier definición de corrupción encuentra como elemento común la participación de un funcionario público. Razón suficiente para entender que los servidores públicos somos los primeros llamados a emprender la tarea para erradicar la corrupción en el país.
Aunque la lucha contra la corrupción es una tarea en la que todos los servidores públicos coinciden y reafirman su importancia, muchas veces sentimos que es una batalla perdida o sencillamente se resignan a trabajar con estas prácticas. La resignación a convivir con la corrupción se ha venido convirtiendo en una característica cultural muy propia de los colombianos. De hecho, en uno de los más recientes casos de corrupción, el sindicado afirmo que “la corrupción es inherente al ser humano” (El Tiempo, 2011).
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Avances de Colombia en la lucha contra la corrupción: marco normativo e institucional
A pesar del contexto pesimista, el Estado colombiano ha venido fortaleciendo el marco normativo e institucional para la lucha contra la corrupción. Entre los principales avances que ha emprendido el país se encuentran:
Entidades en la Rama Ejecutiva: Colombia ha tenido una amplia lista de entidades en el Gobierno nacional para combatir la corrupción. Actualmente, sobresalen dos nuevas entidades que todo servidor público debe conocer:
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A su vez, se han fortalecido entidades como el Departamento Administrativo de la Función Pública, que creó la Dirección de Participación, Trasparencia y Servicio al Ciudadano. Esta nueva dirección de Función Pública tiene el reto de definir e institucionalizar una estrategia integral que mejore la relación del Estado con el ciudadano que les permita a todas las entidades de la administración pública activar y consolidar la participación ciudadana en la gestión y promoción de la transparencia e integridad.
Secretaría de Transparencia
Es una dependencia misional del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Su objeto es el de asesorar al presidente en la formulación y diseño de Políticas Públicas en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Para más información sobre la Secretaría de Transparencia podemos ir a los materiales de consulta de esta unidad.
Agencia Colombiana de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
Es una entidad descentralizada de la Rama Ejecutiva del orden nacional adscrito al Departamento Nacional de Planeación. Tiene como objetivo desarrollar e impulsar Políticas Públicas y herramientas orientadas a la organización y articulación de los partícipes en los procesos de compras y contratación pública, con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado. Para más información sobre la Agencia Colombiana de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, podemos ir a los materiales de consulta de esta unidad.
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Expedición de Políticas Públicas y normas
Por otra parte, en las últimas dos décadas Colombia ha actualizado y fortalecido su marco normativo para la lucha contra la corrupción. Entre las normas más importantes que deben tener presente los servidores públicos se destacan:
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Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”: o mejor conocida como el Estatuto Anticorrupción; establece una combinación de medidas administrativas, penales, disciplinarias, fiscales y pedagógicas, así como el trabajo de organismos especiales de lucha contra la corrupción orientados a una mejor coordinación interestatal a nivel nacional y local. El estatuto también establece un mecanismo de interlocución entre el Estado y la sociedad civil. (Ley 1474, 2011)
El CONPES 167 (Estrategia nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción): el objetivo es fortalecer las herramientas y mecanismos para la prevención, investigación y sanción de la corrupción en Colombia. Las acciones que propone el CONPES están dirigidas, desde la perspectiva preventiva, a mejorar el acceso y la calidad de la información pública, mejorar las herramientas de gestión anticorrupción, aumentar la incidencia del control social sobre la gestión pública y promover la integridad y la cultura de la legalidad en el Estado y la sociedad. De otra parte, desde la perspectiva de la investigación y sanción, se incluyen acciones para luchar contra la impunidad en los actos de corrupción. (DNP, 2013).
Ley 1757 de 2015 “Disposiciones en Materia de Promoción y Protección del Derecho a la Participación Democrática”: La lucha contra la corrupción supone de una ciudadanía activa y propositiva; por ello, la Ley de Participación tiene cuatro grandes componentes. El primero, hace referencia a los mecanismos de participación ciudadana; el segundo, a la institucionalidad de la participación ciudadana; posteriormente, a todo lo relacionado con la participación ciudadana en la Gestión Pública; finalmente, a la rendición de cuentas y el control social. (Ley 1757, 2015)
Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional): la cual tiene como objetivo que la información en posesión, custodia o bajo control de cualquier entidad pública esté a disposición de todos los ciudadanos, de manera veraz, completa y en formatos accesibles. La Ley establece una serie de disposiciones encaminadas a proteger este Derecho Fundamental, a través de 1) el fortalecimiento de obligaciones para el acceso a la información, 2) el establecimiento de nuevos deberes y obligaciones en materia de publicación y respuesta a solicitudes y 3) afianzar el sistema de acceso a la información pública. (Ley 1712, 2014)
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Articulación interinstitucional
El trabajo coordinado entre los diversos agentes es fundamental para lograr efectividad en la lucha contra la corrupción. Actualmente, los principales espacios de articulación en Colombia son la Comisión Nacional de Moralización y las Comisiones Regionales de Moralización. Veamos de qué se trata cada uno.
Comisión nacional de moralización Comisiones regionales de moralización El Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) retomó y fortaleció la figura de la Comisión Nacional de Moralización como una instancia integrada por las cabezas de las ramas del poder público y los organismos de control. La Comisión Nacional fue creada con el fin de propiciar una adecuada coordinación y colaboración entre las entidades en materia de lucha contra la corrupción. Ha concentrado sus esfuerzos en coordinar la realización de acciones conjuntas, así como el intercambio de información para la lucha contra la corrupción frente a entidades del orden nacional o territorial. Son instancias departamentales encargadas de poner en marcha los lineamientos de la Comisión Nacional de Moralización y coordinar las acciones de los órganos de prevención, investigación y sanción de la corrupción. ·5· -
Instancias ciudadanas
La corrupción es un flagelo que requiere del esfuerzo de la sociedad civil y la ciudadanía en general. Además de las veedurías ciudadanas, el Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011, creó la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción. Esta instancia tiene las siguientes características.
Haga clic en los números.Contribuye a hacer seguimiento a las políticas, programas y acciones formuladas e implementadas por el Estado y el Gobierno Nacional para la prevención, control y sanción de la corrupción.
Está compuesta por un representante de cada uno de los siguientes sectores: gremios económicos, las ONG dedicadas a la lucha contra la corrupción, organizaciones sindicales, universidades, medios de comunicación, veedurías ciudadanas, el Consejo Nacional de Planeación y la Confederación Colombiana de Libertad Religiosa, Conciencia y Culto.
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Adhesión a escenarios internacionales en materia de transparencia, lucha contra la corrupción y soborno trasnacional
Además de la expedición de normas, creación de entidades, el fortalecimiento de la articulación interinstitucional y mecanismos de diálogo con la sociedad civil, Colombia ha tomado otras medidas que vale la pena tener en cuenta; por ejemplo, se adhirió a los siguientes escenarios internacionales en materia de transparencia, lucha contra la corrupción y soborno trasnacional:
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1Convención Anticohecho de la OCDE2Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción3Convención Interamericana de Lucha Contra la Corrupción4Alianza para el Gobierno Abierto5Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas, entre otras.·7· -
Creación del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción
El Observatorio es una herramienta para la medición y análisis del fenómeno de la corrupción, a partir de la interacción entre entidades, ciudadanos, y organizaciones públicas y privadas del orden nacional y territorial, para contribuir a elevar el nivel de transparencia en la gestión pública.
El trabajo del Observatorio gira en torno a tres ejes:
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Recopilar, analizar y visibilizar indicadores sobre transparencia y anticorrupción.
Brindar herramientas para la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción
Facilitar espacios para el diálogo entre ciudadanía, academia y servidores públicos.
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¿Hecha la ley, hecha la trampa?
Haga clic en Ver video para abrir el videoVer videoLos servidores públicos, por nuestros patrones de creencias, percepciones y comportamientos, tendemos a incumplir o convivir con incumplidores de normas. Sin embargo, somos los servidores los actores llamados a transformar esta realidad y convertirnos en actores de cambio en nuestras labores.
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Como vimos, el incumplimiento de la ley es una característica social que ha sido estudiada para el caso colombiano y latinoamericano. Al respecto Mauricio García Villegas hace una clasificación de los que desobedecen las normas desde un ámbito cultural (García, 2017) y los citaremos a continuación.
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El vivo
Representa la capacidad para salirse con la suya. Cree que las reglas son para romperlas y de esta manera sobresalir ante los demás. Una de las principales características del vivo es su competencia con el Estado. Lo público es un botín y los castigos a recibir como la cárcel o una multa son parte del juego, pero no representa sanción moral o social. Lamentablemente, en nuestra cultura el vivo es admirado.
El rebelde
La desobediencia de los rebeldes se sustenta en la creencia que la justicia es más importante que la ley. En un país donde la desigualdad e inequidad es la tendencia se gestan dos procesos sociales. Por un lado, está la obsesión por el estatus y el reconocimiento social y, por otro, la creencia de que la ley es para los de ruana.
El arrogante
Este tipo de desobediencia se representa con claridad en la expresión: “¿Usted no sabe quién soy yo?”. Esta frase, escuchada con frecuencia en estos días, la usa quien incumple la norma porque considera que posee valores superiores que justifican su falta. En nuestra cultura, el estatus y el reconocimiento social son factores en la legitimidad de la ilegalidad, como, por ejemplo, en el narcotráfico.
El desamparado
La justificación para este tipo de incumplimiento se basa en la necesidad, o porque no queda otro remedio. El desamparo como razón para el incumplimiento de normas puede tener dos expresiones, en primer lugar, porque la norma no tiene sentido en el contexto socioeconómico, o, en segundo lugar, porque están en grave riesgo mis intereses personales. Un ejemplo son las personas que no pagan el pasaje de Transmilenio argumentando que no tienen el dinero para pagar.
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¿Cómo podemos contribuir al cambio cultural y a la lucha contra la corrupción?
En las últimas dos décadas ha habido una creciente tendencia al fortalecimiento del enfoque preventivo en las políticas de lucha contra la corrupción en los países desarrollados, en la última etapa, también en países en vía de desarrollo. Este enfoque preventivo surge a raíz de la necesidad de complementar los aspectos normativos de estas políticas. Como lo afirman Manuel Villoria y Agustín Izquierdo (2016), regenerando la democracia y luchando contra la corrupción desde el servicio público:
Haga clic en los botones para acceder a la información.Las leyes son necesarias para atajar toda clase de conductas desviadas, pero a veces no son suficientes. En ocasiones, esas regulaciones normativas no agotan ni mucho menos las posibles zonas de interferencia o de colisión que puedan producirse entre lo público y lo privado (Villoria & Izquierdo, 2016).
A lo anterior, se le suma la propuesta de Báez y Passas (2017), quienes indican que “tener demasiadas normativas y burocracias en el diseño e implementación de políticas de buen gobierno puede resultar en un exceso de mecanismos legales simbólicos que tienen poco impacto en la incidencia y percepción de la corrupción” (Baez & Passas N, 2017). Es un llamado a pensar en formas innovadoras, no normativas, de generar incentivos positivos en torno a la integridad.
Esto, no es sencillo, pues requiere un trabajo constante y cercano con los servidores, que logre realmente interiorizar la importancia de un ajuste o fortalecimiento de los comportamientos. Esta estrategia bidimensional es de largo aliento, lo cual no es del todo bien visto, pues, al no generar resultados visibles a corto plazo, existe mucho escepticismo a la hora de promover la integridad como herramienta contra la corrupción. A pesar de esto, trabajar a largo plazo con un enfoque de prevención es, sin duda, primordial para mejorar la capacidad del Estado, su legitimidad y la confianza de los ciudadanos en el mismo.
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Reto de aprendizaje 1- Identifique la norma·12·