Sentencia 770 de 2012 - Corte Constitucional

Los principios de integración laboral y de estabilidad laboral reforzada no sólo obedecen a la necesidad económica de las personas en condición de discapacidad, sino que han sido consagrados teniendo como finalidad la consecución de una igualdad real entre este grupo poblacional y el resto de las personas. En este orden de ideas, cuando se habla del deber estatal de dar un trato diferenciado a las personas discapacitadas para proteger su derecho al trabajo, se tiene como finalidad que, así como las otras personas en la sociedad, este grupo pueda desarrollarse en el ejercicio de una labor que le permita ser útil en el conglomerado social.