Sentencia 4667 de 1997 - Consejo de Estado

La acción incoada (Acción de Tutela), a partir de la sentencia de la Corte Constitucional aludida por el a-quo, la C-543 de 1o. de octubre de 1992, no procede contra sentencias, por cuanto la misma declaró inexequible las disposiciones que la hacían procedente, los arts. 11, 2 y 40 del Decreto 2591 de 1991. En relación con los jueces, en tanto autoridad pública, esta acción solo procede contra omisiones suyas o "actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales. Los actos aquí cuestionados por haber puesto fin a un proceso disciplinario adelantado con sujeción al Decreto 1888 de 1989, son de carácter jurisdiccional, y en particular corresponden a la categoría de sentencia o fallo, y así usualmente se les denomina, como ocurre a lo largo del presente diligenciamiento. En conclusión, la Sala no halla en las sentencias atacadas actuación de hecho ni omisión por parte de las corporaciones demandadas, y menos que vulneren derechos fundamentales del actor, de allí que la sentencia impugnada deba confirmarse en todas sus partes.