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Sentencia 365 de 2015 - Corte Constitucional La Constitución garantiza el principio de autonomía universitaria, el cual tiene como límite el respeto por los derechos fundamentales, en particular, los de educación y debido proceso administrativo; (ii) para solventar los conflictos originados entre la autonomía universitaria y los derechos a la educación y debido proceso, relacionados con errores administrativos de la universidad, el juez constitucional debe (ii.1) examinar la razonabilidad y proporcionalidad de las previsiones contenidas en el reglamento, así como el cumplimiento de los deberes por parte del estudiante; (ii.2) determinar el alcance que debe dársele al error de la universidad, tomando en consideración los principios de buena y primacía de lo sustancial sobre lo formal y; (ii.3) proteger las expectativas legítimas del estudiante, en especial si estas se originaron a partir de un comportamiento administrativo errático de la universidad y; (iii) en todo caso, el error o negligencia de la institución educativa no subsana la ausencia de los requisitos académicos que debe cumplir el estudiante. |
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Sentencia 365 de 2001 - Corte Constitucional El artículo 108 del Decreto 111 de 1996, y las expresiones acusadas del artículo 110 ejusdem, NO pueden desconocer los dictados superiores que le atribuyen autonomía a los órganos de control del nivel local, contralorías y personerías municipales, puesto que su contenido normativo no hace otra cosa que reproducir los mandatos constitucionales que les conceden autonomía presupuestal y, por ende, competencia para ordenar sus propios gastos dentro de los límites y condiciones que impone la Constitución. |
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Ley 365 de 1997 - Nivel Nacional Modifica algunas disposiciones del Código Penal, de Procedimiento Penal y del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, tendientes a combatir la delincuencia organizada. |
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Sentencia 365 de 1996 - Corte Constitucional La importancia y obligatoriedad del Reglamento del Congreso han sido destacadas por la Corte Constitucional cuando ha exigido que, además de atender con exactitud a los preceptos constitucionales relativos al trámite de aprobación de las leyes, éstas observen de manera estricta las prescripciones reglamentarias. |