Sentencia 214 de 2021 - Corte Constitucional

La interpretación judicial del artículo 24 (parcial) de la Ley 640 de 2001, no vulnera el principio de la autonomía privada de la voluntad, pues, después de adelantar un juicio de razonabilidad intermedio, la norma jurídica o mandato que se deriva del artículo acusado persigue una finalidad constitucional como lo es la descongestión judicial, es conducente para lograr ese propósito, y se trata de una restricción proporcionada al principio. En efecto, esa conciliación no se rige de manera absoluta o exclusiva por de la voluntad de las partes, ni está sometida a la sola expresión del acuerdo entre las mismas, dado que, la interpretación ajustada a la Constitución Política parte de la base de que se ha dispuesto la intervención esencial del juez, por cuanto el acuerdo tiene efectos sobre el patrimonio público y versa sobre responsabilidades de las entidades estatales, de manera que, en el asunto que se examina, el acuerdo conciliatorio en materia de lo contencioso administrativo no tiene efectos jurídicos, esto es, no nace a la vida jurídica sin la aprobación del juez competente.