Sentencia 379 de 2019 - Corte Constitucional

La pérdida de investidura es una sanción jurisdiccional que busca proteger el interés general frente a los intereses privados, personales o familiares que puedan tener o defender las personas que ostenten un cargo de elección popular; así que, para la aplicación del régimen de conflicto de intereses, debe probarse que dicho interés debe ser directo, inmediato, y que se produzca de forma especial, particular y concreto, ya sea en su beneficio o en su perjuicio.