Sentencia 362 de 2018 - Corte Constitucional

Al Estado no le son imputables las violaciones causadas, ni ha sido condenado, principal o solidariamente, a su resarcimiento, sino que tiene -sobre todo en el marco del conflicto armado interno y ante violaciones masivas a los derechos humanos- el deber constitucional de reparar a las víctimas mediante programas estatales idóneos y sostenibles, esta responsabilidad subsidiaria, a diferencia de lo que ocurre con aquella que le cabe a los miembros del grupo armado ilegal, tiene sus propios límites en lo que resulta jurídica y presupuestalmente posible.