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Resultados
Sentencia 00208 de 2016 - Consejo de Estado La ley 226 de 1995 no es aplicable a la venta de participación accionaria estatal en empresas que se encuentran domiciliadas en el extranjero, los funcionarios nacionales que autoricen la venta de la participación accionaria del Estado en el exterior estarán sujetos a responsabilidad fiscal y disciplinaria y los recursos de la venta podrán ser objeto de control fiscal. Finalmente, las personas que representen los intereses del Estado Colombiano en esas empresas, deberán estar debidamente autorizadas por las autoridades nacionales o territoriales competentes. |
Sentencia 00738 de 2016 - Consejo de Estado Se reitera que el régimen de inhabilidades de los concejales constituye causal de pérdida de investidura para estos servidores públicos, que tiene dificultades cuando se pretende aplicarla a los ediles de las juntas administradoras locales. |
Sentencia 738 de 2016 - Consejo de Estado Para los concejales es causal de pérdida de la investidura la violación del régimen de inhabilidades, empleando para el efecto la remisión autorizada por el numeral 6 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 a «las demás causales expresamente previstas en la ley». Sin embargo, esa posición no resulta aplicable a los ediles de las juntas administradoras locales porque el citado artículo 55 de la Ley 136 de 1994 no contempla a estos servidores públicos. |
Sentencia 699 de 2016 - Corte Constitucional Se declara EXEQUIBLE el procedimiento especial para la implementación y desarrollo normativo del acuerdo final, al considerar la Corte que no hay sustitución del principio de separación de poderes o funciones y se señala que en la implementación del acuerdo final, la rama legislativa tiene competencia principal para legislar. Por tanto, se justifica ejercer las facultades previstas en el artículo 2 demandado solo en circunstancias extraordinarias, cuando resulte estrictamente necesario apelar a ellas en lugar de someter el asunto al procedimiento legislativo correspondiente. |
Sentencia 04676 de 2016 - Consejo de Estado Para efectos de determinar la base de liquidación pensional de los empleados de la Contraloría General de la República debe remitirse a los factores salariales enlistados en los artículos 45 del Decreto 1045 de 1978 y 40 del Decreto 720 de la misma anualidad, que habitual y periódicamente devenga el trabajador como remuneración por sus servicios en los últimos seis meses. |
Sentencia 685 de 2016 - Corte Constitucional La Corte Constitucional brinda los requisitos para la protección de los servidores públicos próximos a pensionarse, cuando se encuentran vinculados a una entidad descentralizada del nivel territorial y ocupan cargos de libre nombramiento y remoción |
Sentencia 08367 de 2016 - Consejo de Estado Señala el Consejo de Estado que el régimen de pensiones, reajuste y sustituciones, la cual consiste en tener en cuenta el último ingreso mensual promedio de la fecha que se decrete la jubilación para los congresistas, se aplicará a quienes a partir de la vigencia de la Ley 4 de 1992, tuvieren la calidad de Senador o Representante a la Cámara para la fecha. Los ex congresistas que hayan sido acobijados por el Reajuste Especial anterior no podrán ser beneficiarios por el nuevo régimen, debido a la imposibilidad de equiparar ambos. |
Sentencia 664 de 2016 - Corte Constitucional Concluye la Corte que, la inclusión de un representante de la Conferencia Episcopal en los consejos directivos nacional y regionales del SENA, prevista en el numeral 4 del artículo 7 y el numeral 2 del artículo 8 de la Ley 119 de 1994, contraría el carácter laico del Estado colombiano, no sólo en razón de la intención del legislador al adoptar dichas normas, cual fue la difusión, a través de la educación, de los valores católicos y la justicia cristiana, sino también por el efecto de confusión o entrelazamiento simbólico de las funciones públicas, con las actividades religiosas. Se trata, en estos términos, de una medida que genera un trato inconstitucional respecto de una iglesia, en detrimento de las otras legalmente reconocidas y desconoce, por consiguiente, el mandato de trato igual respecto de las diferentes confesiones religiosas, por parte del Estado |
Sentencia 658 de 2016 - Corte Constitucional La Corte confirma la necesidad de proferir una sentencia integradora, en la cual, en cada uno de los regímenes en los que se concede la pensión familiar, se entiendan integrados los beneficiarios previstos, tanto en el Régimen de Prima Media como en el Régimen de Ahorro Individual. Lo anterior implica que padres y hermanos en condición de discapacidad, y dependientes en los dos casos, ingresan al orden de beneficiarios en iguales condiciones a las previstas por la Ley 100 de 1993, esto es, que son grupos no concurrentes que acceden en subsidio de la inexistencia de los órdenes anteriores y principales. Así, entran los padres dependientes ante la inexistencia de cónyuge, compañera o compañero supérstite e hijos con derecho; y hermanos en condición de discapacidad y dependientes ante la inexistencia de cónyuge, compañera o compañero supérstite e hijos con derecho, y padres dependientes. |
Sentencia 01260 de 2016 - Consejo de Estado La declaratoria de nulidad del acto administrativo no puede entonces servir como fundamento para decretar la pérdida de investidura dado que el juicio de legalidad que se realizó del acuerdo municipal no contempla el análisis de la causal de pérdida de investidura prevista en el artículo 48 numeral 4 de la Ley 617 de 2000. Al amparo de lo dicho, mal podría deducirse que la invalidez de un acto proferido por una corporación pública comporta la incursión de sus miembros en indebida destinación de dineros públicos, ya que al margen del resultado en el proceso ordinario de nulidad están otros aspectos que deben ser dilucidados en el juicio de pérdida de investidura, tal como la efectiva aplicación de los recursos, el efectivo menoscabo del erario o el beneficio económico del acusado o de un tercero. |