Sentencia 00073 de 2013 - Consejo de Estado

La labor de la sociedad civil y de la administración pública -primero ellos en el tiempo que los jueces-, consiste en balancear adecuadamente las tensiones jurídicas que aparecen entre la garantía del perfeccionamiento individual de los discapacitados frente a la necesidad de desarrollar los proyectos y realizar los actos que demanda el progreso de una sociedad moderna. Cuando aquellos, de consuno, no equilibran los intereses mencionados suele adquirir el juez la carga de intervenir normalmente a través de las acciones constitucionales-, para instruir la forma como debe resolverse la disputa por la inclusión social de los discapacitados.