Directiva 13 de 2005 - Procuraduria General de la Nacion

Imparte instrucciones acerca de la aplicación de la hora legal colombiana en los procesos de contratación que adelanten las entidades estatales en todos sus órdenes. Para ello los funcionarios encargados de coordinar, dirigir, elaborar y en general desempeñar funciones específicas en los procesos de contratación que adelanten las entidades estatales, deberán tomar las medidas necesarias para que la hora que se indique en dichos procesos sea la hora legal de la República de Colombia señalada por la División de Metrología de la Superintendencia de Industria y Comercio, incorporando el asunto en los pliegos de condiciones y términos de referencia, de conformidad con la normatividad vigente. Dispone que las entidades estatales deberán disponer lo pertinente, en aras de garantizar que en todas las audiencias previstas en la Ley 80 de 1993 y sus normas reglamentarias, especialmente al momento de los cierres de los procesos contractuales, se utilicen los medios informáticos que permitan consultar la hora legal de la República de Colombia, de manera pública para todos los participantes.

Directiva 12 de 2005 - Procuraduria General de la Nacion

Reitera a los mandatarios municipales y distritales su obligación constitucional de asegurar la eficiente prestación de los servicios públicos domiciliarios a todos los habitantes de su territorio, así como dar estricto cumplimiento, sin excepción alguna a los artículos 15 y 17 de la Ley 142 de 1994, relacionados con el régimen jurídico y de transformación de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios; advierte a los alcaldes municipales y distritales del deber de mantener vigentes las estratificaciones que debieron realizar y adoptar con las metodologías que les suministró el Departamento Nacional de Planeación, hasta tanto el Gobierno expida las nuevas metodologías; llama la atención a los alcaldes municipales y distritales para que den efectivo cumplimiento a los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, toda vez que a partir del 3 de octubre de 2005 se deberán clausurar por parte de las entidades competentes todos los botaderos que a cielo abierto se encuentren operando en el país; insta a las autoridades ambientales para que protejan de manera eficaz, los recursos naturales afectados por la inadecuada disposición de residuos sólidos en el país y no permitan que se vulnere el derecho a gozar de un ambiente sano.

Directiva 7 de 2005 - Procuraduria General de la Nacion

Insta a los contralores departamentales, distritales y municipales a prestar toda su colaboración al Contralor General de la República, en el ejercicio de esa facultad excepcional, para ejercer control posterior sobre las cuentas de cualquier entidad territorial, suspendiendo toda actuación en el caso específico en donde se les comunique el ejercicio del poder preferente y remitan en un tiempo prudencial toda la documentación, información y soporte que se tenga en relación con el caso sujeto a vigilancia especial. El actuar de forma distinta, se considerará como una obstaculización grave a las investigaciones que tiene que efectuar la Contraloría General de la República, conducta sancionable con destitución del cargo e inhabilidad mínima de 10 años en el ejercicio de funciones públicas, en los términos del artículo 48, numeral 2 de la Ley 734 de 2002.

Directiva 1 de 2005 - Procuraduria General de la Nacion

Señala los criterios necesarios para la realización del control preventivo y represivo disciplinario, sobre conductas relativas a la indebida participación en política, indebida destinación de recursos públicos con criterios partidistas y contratación indebida con los mismos propósitos, por parte de los servidores públicos, así como de establecer directrices de control y vigilancia electoral en las elecciones que se llevarán a cabo durante el año 2005, de conformidad con el calendario de la Registraduría Nacional del Estado Civil. De igual forma solicita a las autoridades municipales encargadas de la recolección, actualización de la base de datos y carnetización de beneficiarios del programas sociales, en especial del Régimen Subsidiado en Salud-SISBEN, se abstengan de realizar tales actividades con fines partidistas para favorecer o perjudicar a candidato o causa política alguna, porque de trata de un derecho fundamental, regulado por la Ley 100 de 1993.